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Entrevista

Marieclaire Acosta Urquidi, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Rendición de cuentas: Responsabilidad del SNA

Marieclaire Acosta Urquidi, Presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Rendición de cuentas: Responsabilidad del SNA
octubre 01
07:00 2018

La titular del SNA comenta que para combatir la corrupción se debe trabajar en conjunto con las instituciones del gobierno del estado, así como contar con la participación de la sociedad.

La titular del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Marieclaire Acosta Urquidi, es reconocida por sus aportaciones a la rendición de cuentas, a la fiscalización y a la transparencia. Una de sus principales funciones ha sido actuar como nexo con las organizaciones interesadas en proponer el trayecto de las instituciones y de la lucha ciudadana contra la corrupción.

El CPC a su cargo se dedica a sugerir políticas anticorrupción y metodologías de evaluación, así como de vigilar el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). En una amena charla, la socióloga habló sobre la corrupción, el plan de trabajo implementado en dependencias y las recomendaciones emitidas desde su actual cargo.

CORRUPCIÓN: TEMA CENTRAL DEL GOBIERNO

Uno de los grandes retos que tiene la activista durante su gestión (2018-2020) es combatir la corrupción. Apunta que el tamaño de ese acto representa uno de los grandes problemas en el país, por lo que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, propone abatirla. La socióloga ve de manera positiva que el próximo presidente se preocupe por el tema y genere propuestas, dentro de las cuales están las 50 medidas de austeridad y contra la corrupción, donde se señala que el SNA podrá investigar a los miembros más cercanos al presidente, situación que generó polémica. Al respecto indica: “Me parece que los 50 puntos que él plantea tienen como finalidad racionalizar la manera del cómo funciona la administración pública, misma que producirá resultados, pero creo que hay más a fondo en el combate a la corrupción”.

Al cuestionarle cómo el sistema puede garantizar autonomía en el trabajo encomendado, responde que el planteamiento del presidente entrante es una señal muy poderosa porque desde los altos mandos los cambios se producen con más fuerza; sin embargo, se debe procurar “una real autonomía e independencia de parte de las instituciones encargada de investigar y sancionar”. Por ejemplo, Acosta Urquidi menciona que los titulares de los órganos internos de control no siempre son autónomos e independientes, y los asignados no son sometidos a procedimientos de contratación, de reclutamiento abierto y transparente; así como los puestos no están basados en méritos profesionales y de idoneidad. Desgraciadamente, puntualiza, mientras los titulares de los órganos internos de control no cuenten con autonomía y la capacidad de llevar a cabo investigaciones, no se podrá avanzar en los casos de corrupción.

PROPUESTAS DEL COMITÉ

Una de las funciones de este Comité es articular propuestas de la sociedad con las dependencias gubernamentales. Marieclaire Acosta platica que se avanza en el tema del cómo deben ser los nombramientos de todos los funcionarios públicos y de los órganos internos del control en la administración pública federal: “Buscamos tener contacto con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y, mediante los 200 órganos internos de control, fortalecer la capacidad de investigación de la SFP; adicional a eso, generar propuestas para asegurar los nombramientos con base en una vasta publicidad y el cumplimiento de los más altos estándares”.

Resalta que en la designación de los funcionarios, estos deben cumplir ciertos estándares para atender, vigilar y combatir la corrupción, incluso, “el Comité de selección del SNA utiliza estándares entre sus miembros. Fuimos elegidos en un proceso abierto, donde se revisó el currículum, los méritos, la exposición de motivos; además se abrió a la vigilancia ciudadana. Esto es para nosotros algo fundamental”. Acerca de los proyectos con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de la sociedad civil, la titular del CPC comenta: “Se han firmado convenios de colaboración con el Instituto Nacional Electoral (INE) y cartas de intención con una red de 70 instituciones de educación superior, cuyos investigadores académicos cuentan con un programa interdisciplinario basado en la rendición de cuentas”.

TRABAJO EN CONJUNTO

Sobre los trabajos con algunas dependencias como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Banco de México, menciona que “el Comité busca una interlocución abierta con las instituciones de gobierno, las del estado y, si es posible, con los tres órganos de gobierno. Por ahora hemos dialogado con los tribunales superiores en los estados, con contralores y con gobernadores”.

En relación con el tema de las empresas y empresarios, la titular enumera que se tiene en puerta un evento con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) para divulgar el impacto de la corrupción y la importancia del derecho a la salud. Al evento se invitó al representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, Acosta Urquidi y su equipo de trabajo se reunieron a finales de agosto en el Evento de arranque de la Consulta Pública de la Política Nacional Anticorrupción (PNA), con representantes de la Red por la Rendición de Cuentas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Transparencia Mexicana, integrantes de las cámaras empresariales de Coparmex y la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), así como con académicos reconocidos por su trayectoria en los temas de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas como Jacqueline Peschard, Mauricio Merino, Sergio López Ayllón y Max Kaiser, para recabar insumos, opiniones y sugerencias que permitan integrar una propuesta de PNA incluyente y acorde con los retos que enfrenta el país.

En el evento, la activista enunció los pilares básicos de la Consulta Pública a proponer: el Consejo Consultivo, la Consulta Ciudadana y los Foros Regionales. “Estos pilares se desplegarán desde hoy, hasta diciembre de este año; su objetivo será integrar una propuesta de política que defina pautas y estrategias de largo plazo. Después, será remitido a inicios de 2019 al Comité Coordinador del SNA para su estudio y eventual aprobación”.

RECOMENDACIONES

La titular del CPC apunta que el Comité firmó tratados internacionales en materia del combate a la corrupción, y forma parte del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción (MESICIC), visto como un instrumento intergubernamental para apoyar a los Estados mediante evaluaciones, donde se formulan recomendaciones en relación con las áreas en que existan vacíos o requieran mayores avances. Rememora que el MESICIC ha emitido 111 recomendaciones a México, principalmente para combatir el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. También platica que en abril del año en curso se llevó a cabo la 8.ª Cumbre de las Américas, donde nuestro país y Lima se comprometieron a llevar una gobernabilidad democrática contra la corrupción, documento que fue firmado por el Presidente saliente Enrique Peña Nieto.

Asimismo, indica que en la convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se habló del cómo combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales y durante el encuentro se emitieron ocho recomendaciones a México. Por otro lado, la convención de Naciones Unidas (contra la corrupción) evaluó a la nación y emitió 20 recomendaciones, aunado a ello, derivado del grupo de trabajo del G20 (anticorrupción), donde participaron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE. Las instituciones designaron a México una serie de compromisos, “por lo que me he dado a la tarea de establecer relación con cada una de esas instituciones; allegarnos de información y sobre todo, darle seguimiento”.

En cuanto a la relación con las instituciones, la activista indica que se trabaja con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Universidad Panamericana (UP). No obstante, comenta que los comités de los distintos estados también han desplegado diversas relaciones con otros actores y gobiernos como con Alemania, Reino Unido y Estados Unidos de América.

PLATAFORMAS PARA LA TRANSPARENCIA

En la digitalización y sistematización de los procesos de compra pública —caracterizados por la transparencia proactiva mediante Internet (datos abiertos) y con el uso de metodologías realizadas en conjunto con la sociedad civil—, refirió crear una ruta para el avance en la implementación de las plataformas de información digital.

Al interrogarle acerca de los avances en la plataforma, comenta que resultó ser un trabajo altamente técnico porque se tiene en mente expandirlo a nivel nacional; ello implica la generación de plataformas digitales en cada uno de los estados, las cuales permitan alimentar a las plataformas nacionales, “entonces el trabajo es de enorme complejidad”, afirma. Marieclaire Acosta indica que en la plataforma se concebirá el formato “3 de 3”, el cual servirá para presentar las declaraciones patrimoniales. En la elaboración del formato se involucra a la SFP, el Banco Mundial y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), este último realiza criterios de seguridad con la intención de conocer el límite que debe de tener la publicidad y analizar los casos de transparencia, combate a la corrupción y los dependientes económicos de los funcionarios públicos.

“Hemos tenido una plática interesante al respecto. Todavía no la podemos hacer pública porque estamos en el proceso; sin embargo, hemos avanzado y recabado opiniones, por lo que se ha dedicado una buena parte de mi gestión a reunirme y concertar juntas con diferentes actores para sondear hasta dónde es conveniente abrir esta información a la máxima publicidad, ya que se debe de tomar en cuenta la protección de datos personales”.

SANCIONES

En nuestra sociedad se ha visto constantemente que los servidores públicos desvían recursos públicos, y realizado acciones de corrupción, peculado y cohecho; al respecto, Marieclaire Acosta responde cuáles serán las sanciones: “El gran problema se deriva por la ausencia de un fiscal anticorrupción, y desgraciadamente en la Ley Orgánica de la Fiscalía General se establece que mientras no se nombre al fiscal, no entrarán en vigor los delitos, los cuales deberían plasmarse en el Código Penal Federal”. Asimismo, comenta que eso no quiere decir que no existan y deban perseguirse, lo cierto es que se ha hecho muy poco por parte de la PGR en cuanto a los hechos de corrupción.

CONTADORES CONTRA LA CORRUPCIÓN

En el ámbito institucional, la disciplina contable es de suma importancia para combatir la corrupción. En opinión de Acosta Urquidi, el papel de los contadores es clave dentro de las empresas y sociedades civiles, principalmente cuando ellos intervienen en los temas de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia. El trabajo de los contadores es visto como una pieza central para abatir la corrupción, por lo que sería gratificante generar propuestas en colaboración con el Colegio de Contadores. “Mi antecesora, Jaqueline Peschard, emitió una carta de intención con el Colegio y diría: démosle vida a esa carta de intención y firmemos más, pero tráiganos sus propuestas”.

Mtro. Alberto De la Barreda Hernández
Integrante del Consejo Editorial de la revista Veritas
alberto@delabarreda.org
adelabar@up.edu.mx

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