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Marco regulatorio: beneficiarios efectivos, recolección de información

Marco regulatorio: beneficiarios efectivos, recolección de información
octubre 01
2019

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) emitió el reporte A Beneficial Ownership Implementation Toolkit (kit de herramientas para la implementación de propiedad beneficiosa), cuya finalidad es brindar un marco que permita identificar y recolectar información sobre los beneficiarios efectivos.

Utilizado en materia fiscal, el término beneficiario efectivo carece de una definición clara y concreta sobre lo que debe entenderse en la legislación local e internacional; asimismo, faltan herramientas o mecanismos que permitan su identificación.

ESFUERZOS PARA SU DEFINICIÓN 

Para desarrollar mayor transparencia que inhiba la evasión fiscal y el lavado de dinero, así como otras prácticas indebidas, con la emisión del reporte, la OCDE busca proponer medidas que permitan la implementación del término en los marcos regulatorios de los países miembros y cerrar la brecha de información.

En virtud de lo anterior, el organismo ha tomado como marco de referencia los comentarios y recomendaciones emitidos por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) y el Foro Global sobre Transparencia e intercambio de Información Tributaria.

El reporte aborda la definición del beneficiario efectivo desde la perspectiva de dichos organismos, los cuales consideran como tal a toda persona física que ejerza el control último sobre las entidades.

Aunado a lo anterior, dicha organización propone una serie de pruebas con la finalidad de reconocer a los beneficiarios efectivos, que consisten en:

  1. Ubicar a las personas físicas que mantienen participación en las entidades de manera directa e indirecta.
  2.  Encontrarlas por medio de la influencia que ejerzan en la entidad, en caso de no poder hacerlo por la participación.
  3. Considerar a los administradores de las entidades como beneficiarios efectivos cuando no se sitúen con las dos primeras pruebas.

Es importante señalar que, para un mayor intercambio de información entre las diferentes jurisdicciones y facilitar la identificación, se ha propuesto que lleven un registro público de los beneficiarios efectivos.

RIESGOS Y RETOS 

Algunos miembros de la OCDE, entre ellos México, se comprometieron a llevar un registro público de beneficiarios efectivos en 2016 durante la Cumbre de Anticorrupción celebrada en el Reino Unido. No obstante, es importante señalar los riesgos y los retos que la implementación de un registro de esta naturaleza conllevaría, como los relacionados a la privacidad y seguridad de la información y de datos personales.

La OCDE, por otro lado, plantea establecer una definición legal que dé paso a un marco regulatorio interno a través del que se logren sanciones en caso de incumplimientos y reforzar las medidas de transparencia.

Por último, la definición brindada por el GAFI y adoptada por la OCDE, respecto del beneficiario efectivo pudiera generar una discrepancia en la interpretación de los Convenios para Evitar la Doble Imposición celebrados por México, toda vez que los comentarios al Modelo Convenio de la OCDE ya incluyen provisiones al respecto.

Se espera llegar a una definición estándar, para que cada país adopte una definición e implementación del término, según su legislación interna, pero apegada a la definición internacional.

C.P.C. y P.C.FI. Antonio González Rodríguez
Socio de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte
Presidente de la comisión Editorial del IMCP
agonzalezrodriguez@deloittemx.com

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