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Los famosos “Panama Papers”: La transparencia fiscal y el papel que juega México

Los famosos “Panama Papers”: La transparencia fiscal y el papel que juega México
abril 12
2016

Desde hace ya varios años, La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) se ha preocupado y ocupado de atender un importante tema para la materia fiscal internacional relativo a la transparencia fiscal.

Desde 1998, la OCDE emitió un reporte denominado “Harmful Tax Competition”i en el cual identificó las principales características de los llamados “paraísos fiscales”, así como de los Regímenes Fiscales Preferentes. Aunque se ha estimado que es muy difícil dar una definición precisa de lo que es un paraíso fiscal, la OCDE ha identificado 4 elementos comunes que los caracterizan, a saber: (a) la inexistencia de impuestos sobre la renta o el mero establecimiento de impuestos de carácter nominal; (b) la falta de intercambio efectivo de información con otros Estados debido a las reglas de secrecía y otras protecciones en contra del escrutinio de autoridades fiscales; (c) la falta de transparencia en relación con la normatividad legislativa, los criterios y las prácticas administrativas del país y (d) la falta de exigencia de condiciones mínimas de actividad económica sustantiva para permitir que los sujetos se beneficien del régimen fiscal articulado. Por su parte, para que un país sea considerado como Régimen Fiscal Preferente, la OCDE ha identificado los siguientes 4 elementos: (a) la existencia de bajas tasas o tasas efectivas del 0%; (b) la limitación o “ring fencing” de los beneficios del régimen fiscal para no residentes o la prohibición para la empresas que gozan de éstos regímenes preferentes de operar dentro de su mercado doméstico; (c) la falta de transparencia respecto a la aplicación de la normatividad nacional, negociaciones y prácticas administrativas con las autoridades fiscales y (d) la falta de intercambio efectivo de información.

En adición a los reportes y recomendaciones emitidas por la OCDE en materia de competencia fiscal nociva, en el año 2000, este organismo emitió un listado de 41 países que calificaban con las características de paraísos fiscales. A fin de disminuir el listado, la OCDE buscó obtener compromisos internacionales por parte de dichas jurisdicciones a fin de fomentar la transparencia fiscal y alcanzar un efectivo intercambio de información. Poco a poco, el listado fue disminuyendo hasta que en el año de 2009, la OCDE determinó que ya no quedaban paraísos fiscales que se opusieran a cooperar con el fomento de la transparencia fiscal. Posteriormente, en el año de 2013, el G20 hizo una petición formal a la OCDE para elaborar un estándar global para el intercambio automático de información (CRS por sus siglas en inglés). Dicho estándar global, fue publicado el pasado 2014 y se espera que alrededor de 94 jurisdicciones lo implementen para 2017 y 2018.

Ahora bien, a principios de abril de este año, derivado de largos meses de investigación, se dio a conocer una de las fugas de información más grandes de la historia, misma que ha causado gran revuelo e indignación en las redes sociales conocido como los “Panama Papers”. Estos documentos que han sido motivo de gran escrutinio por periodistas alrededor de todo el mundo, contienen información financiera y legal sobre más de 214,000 compañías con presencia en más de 200 países. La información provino de una firma panameña llamada Mossack Fonseca encargada, entre otras cosas, de incorporar sociedades offshore y administrarlas a cambio de una cuota anual. Las jurisdicciones típicamente utilizadas incluyen Suiza, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y otras dependientes de la Corona Británica como lo son Guernsey, Jersey y la Isla de Man.

En este sentido, cabe preguntarse, ¿cuál es el rol de Panamá respecto de México? ¿Es acaso considerado un paraíso fiscal o un régimen fiscal preferente? Desde el 30 de diciembre de 2010, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Panamá para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta (en adelante Tratado para Evitar la Doble Tributación). Por lo anterior, a los ojos de México, Panamá no es ni un paraíso fiscal ni un régimen fiscal preferente sino un país transparente para efectos fiscales. A mayor abundamiento, el artículo 25 del mencionado Tratado para Evitar la Doble Tributación prevé el intercambio de información entre ambos países. El mencionado artículo de intercambio de información no obliga a ninguno de los Estados Contratantes a intercambiar o proporcionar información de forma automática o espontánea, sino que el intercambio se deberá dar previo requerimiento. Así las cosas, en atención al Principio de Pacta Sunt Servanda y al Principio de Buena Fe, ambos países se encuentran obligados a cumplir con el alcance y contenido de dicho tratado.

No obstante lo anterior, resulta válido preguntarse, ¿porqué no se sabía nada de ésto? ¿es acaso el artículo 25 de intercambio de información ya firmado, letra muerta? ¿Acaso no se ha pedido la información correspondiente por parte de las autoridades fiscales o simplemente no existe buena cooperación entre ambos países?

Como es del amplio conocimiento de nuestros lectores especialistas, entre los principales propósitos de los Tratados para Evitar la Doble Tributación está el fomentar la inversión y el hacer negocios. Por ello, los países normalmente ofrecen atractivas tasas de retención respecto de diversas actividades gravables. La OCDE ha dicho que si bien tener una amplia red de Tratados es beneficioso para un país, también puede darse un efecto adverso al firmar Tratados con paraísos fiscales o regímenes fiscales preferentes sin las salvaguardas adecuadas como cláusulas anti-abuso y un adecuado intercambio de información. El tomar una postura más estricta con Panamá probablemente no vaya a dar mayor fruto, ya que se trata de un solo país dentro de muchos. Una acción simplificada probablemente llevaría a mover el capital de un lugar a otro. En cambio, las acciones deben de darse a nivel multilateral para que se de un efectivo avance hacia la transparencia fiscal y el intercambio automático de información.

Como comentario final, es importante recordar que al estar ante estructuras y operaciones internacionales, las mismas no deben de ser satanizadas ni tachadas de facto de ilegales. Al contrario, las mismas deben ser vistas como el producto del acelerado proceso de la globalización en el comercio y la inversión. Si bien es cierto, hay algunas personas que se han aprovechado de estructuras offshore para evadir impuestos, diferir su pago o incluso lavar dinero, esto no siempre es la regla general. Éstas estructuras también pueden servir para satisfacer necesidades de negocios y algunos otros objetivos que cumplen con el margen de la ley. Como contribuyentes, los Panama Papers nos dejan una lección importante respecto a la forma en que estamos haciendo negocios. Hoy más que nunca vale la pena preguntarse: ¿en dónde estoy invirtiendo? ¿cómo lo estoy haciendo? y ¿en manos de quien estoy? En este caso, la información se conoció de forma excepcional con motivo de una fuga de información. Sin embargo, poco a poco la transparencia fiscal esta siendo una realidad.

Para las autoridades fiscales, los Panama Papers nos dejan entrever que todavía existe mucho trabajo por delante para lograr un efectivo intercambio de información. No obstante ello, las actuaciones que se deriven como producto de las investigaciones fiscales, deben de apegarse plenamente al margen de la ley y con estricto respeto a los derechos de los contribuyentes.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias y LL.M. Adriana Higuera Ornelas

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