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Ley de Seguridad Interior, el debate y las críticas

Ley de Seguridad Interior, el debate y las críticas
febrero 01
07:01 2018

La idea de proporcionar certeza jurídica a las fuerzas armadas es una estrategia que implica perpetuar una línea de acción que no ha dado resultados y que al final, con esta Ley, solo parece ser un paliativo.

Concluyó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. A marchas forzadas fue aprobada la Ley de Seguridad Interior, hecho que acaparó la atención de la opinión pública. Y no es para menos. Después de que durante años fue imposible sacar adelante una ley que otorgara a las fuerzas armadas un sustento jurídico que definiera en qué casos y bajo qué reglas pueden desempeñar tareas de seguridad pública y seguridad interior, el Congreso ya no pudo seguir eludiendo el tema y respondió a la presión del Presidente Peña que no parecía dispuesto a correr el riesgo de posponer el proceso legislativo a un nuevo periodo, situación que muy probablemente hubiese significado dar por muerto todo intento de legislar en la materia.

La idea de otorgar a las fuerzas armadas la certidumbre jurídica que reclaman para la realización de tareas que, de acuerdo con la Constitución, no les corresponden, descansa en razones en principio evidentes. Ante la falta de capacidad y de voluntad política de las autoridades civiles, estatales y municipales para cumplir con el cometido más elemental del Estado (garantizar la seguridad física y patrimonial a los ciudadanos), las fuerzas armadas se han convertido en el único recurso a la mano para enfrentar los desafíos del crimen organizado y de la ola de violencia que azota al país. Asimismo, en las regiones más golpeadas por la inseguridad, la presencia de las fuerzas armadas se ha convertido en un importante paliativo del que no se puede prescindir de la noche a la mañana. En otras palabras, Ejército y Marina están supliendo a autoridades civiles rebasadas e incapaces de brindar la seguridad que la ciudadanía demanda. Y todo indica que la necesidad de esta acción supletoria habrá de prolongarse por varios años más; de ahí la insistencia en proporcionar certeza jurídica a las fuerzas armadas.

Con todo, debe también reconocerse que, después de una década realizando estas tareas, las fuerzas armadas han sido solo un paliativo y no una solución de fondo al problema de la inseguridad y la violencia. La estrategia basada en el uso de las fuerzas armadas no ha funcionado y, desde este punto de vista, normalizar su actuación implica perpetuar una línea de acción que no ha dado resultados.

Esta conclusión era ya clara al finalizar el sexenio del Presidente Felipe Calderón. En tal virtud, al asumir su mandato, el Presidente Peña anunció la adopción de una nueva estrategia que, en los hechos, se limitó a hablar lo menos posible de inseguridad, a centralizar facultades en la Secretaría de Gobernación y a revertir en parte lo avanzado en materias como la Plataforma México. Lo que no cambió fue que, en esencia, la provisión de seguridad se siguió encomendando al Ejército y a la Marina. Tampoco cambió el resultado: 2017 terminó como el año más violento de la historia reciente del país.

En este contexto, resulta claro que si bien la Ley de Seguridad Interior intenta responder a una preocupación legítima de las fuerzas armadas, no parece que pueda contribuir de manera sustantiva a las tareas de la pacificación, que es lo que verdaderamente importa a la ciudadanía. Brindar certeza jurídica a Ejército y Marina no es, de suyo, negativo. Pero sí es a todas luces insuficiente, al tiempo que conlleva significativos riesgos potenciales.

Si bien esta Ley intenta responder a una preocupación legítima de las fuerzas armadas, no parece contribuir de manera sustantiva a la pacificación”.

A este respecto, vale la pena mencionar la ausencia de distinciones precisas entre lo que es seguridad pública, seguridad interior y seguridad nacional. Los críticos, que no son solamente activistas radicales, sino expertos en el tema, tanto de la academia como de instituciones nacionales y multilaterales (por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) que conocen a fondo el tema, han subrayado cómo la Ley mezcla los tres conceptos, dando pie a la posibilidad de interpretaciones que, por un lado, conduzcan a la multiplicación de casos de violaciones a los derechos humanos y, por otro, legitimen la utilización de las fuerzas armadas en función de objetivos políticos.

Cabe, sin embargo, señalar, que este traslape entre conceptos no puede explicarse solo en función de la mala fe o la ignorancia de los legisladores; es, ante todo, un problema derivado de las dificultades prácticas que implica establecer fronteras claras entre estos conceptos, tal como lo ilustra el caso de los desafíos que el crimen organizado le plantea al Estado mexicano al momento de disputarle el control sobre porciones del territorio nacional o sobre el aparato institucional. En otras palabras, el tráfico de drogas o la extorsión son claramente un asunto de seguridad pública, pero el control territorial y sobre una parte del aparato institucional que ejercen las bandas criminales es algo que rebasa la esfera de la seguridad pública.

Al margen de complejidades conceptuales, un riesgo no menor de la Ley estriba en su conversión en coartada para que la autoridad civil, principalmente gobernadores y alcaldes, eluda sus responsabilidades en materia de seguridad.

La Ley puede ser el pretexto ideal para seguir trasladando a las fuerzas armadas una responsabilidad que, en primera instancia, corresponde a la autoridad civil. Las respuestas no se pueden buscar donde ya sabemos que no están. Lo realmente urgente es trabajar en el desarrollo de inteligencia, en la profesionalización de las policías y los ministerios públicos y en la reforma del sistema penitenciario, así como en combatir a la corrupción en toda la cadena de procuración, impartición y administración de justicia.

Frente a las críticas y a la demanda de abrir el tema al debate, el Senado intentó dar respuesta a algunas preocupaciones. Así, por ejemplo, se modificó la redacción del artículo 8 con el fin de evitar que los actos de protesta social se puedan entender como amenazas a la seguridad interior; de igual manera, también se hicieron ajustes al artículo 9 que prohíben reservar información relativa a los derechos humanos y las operaciones de preservación de la seguridad interior.

Sin embargo, el problema sigue siendo la apuesta tácita de pretender resolver la problemática de la inseguridad y la violencia mediante la acción loable, pero a fin de cuentas paliativa, de Ejército y Marina.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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