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Contabilidad Gubernamental

Ley de Contabilidad Gubernamental: Transparencia y rendición de cuentas

Ley de Contabilidad Gubernamental: Transparencia y rendición de cuentas
enero 31
14:12 2014

Por C.P.C. Walter García Trejo

Vicepresidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría

Gubernamental del Colegio y Socio del Despacho Bejar,

Galindo, Lozano y Cía S.C.

wgarciatrejo@yahoo.com.mx

 

Las modificaciones y reformas a la LGCG fueron hechas para combatir más eficazmente la corrupción y opacidad en los tres órdenes de gobierno; con ello, los ciudadanos podrán evaluar y exigir cuentas a sus gobernantes.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental (en lo sucesivo LGCG), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 31 de diciembre de 2008, tiene como principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos con el fin de lograr su adecuada armonización. El plan fundamental de la armonización contable y la emisión de información financiera es contar con información homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo criterios comunes, facilitando los procedimientos de control público y las tareas de fiscalización.

En este sentido, en noviembre de 2012, se publicaron en el DOF las modificaciones y reformas a la LGCG. La iniciativa señala como su objetivo transparentar el gasto público en todos los órdenes de gobierno, mencionando que se trata de una iniciativa que busca que la información financiera se presente de forma clara, sencilla y accesible no solo para los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general. Lo anterior con un doble propósito, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que le permita involucrarse a mayor profundidad con sus gobiernos, evalúe la gestión de sus gobernantes y exija una debida rendición de cuentas, en el manejo y aplicación de los recursos públicos.

Por otra parte, cerrarle espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objetivo de sancionar las prácticas indebidas e inhibir las mismas.

De acuerdo con la iniciativa, las modificaciones y reformas a la LGCG tienen dos características esenciales. La primera radica en establecer reglas de transparencia para toda la información financiera generada durante el proceso presupuestario; es decir, desde la elaboración del presupuesto hasta la rendición de cuentas. La segunda consiste en la aplicación general de estas disposiciones armonizando la presentación de la información financiera de todos los entes públicos; es decir, se obliga a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a ser transparentes, a dar cuentas claras e informar a los ciudadanos, a través de documentos homogéneos, que permitan analizar y comparar el desempeño de los entes públicos. Con ello los ciudadanos podrán evaluar la gestión de sus gobernantes y exigirles una debida rendición de cuentas.

Las reformas a la LGCG se hicieron para establecer reglas de transparencia desde la elaboración del presupuesto hasta la rendición de cuentas

Estas modificaciones y reformas a la LGCG se hicieron para fortalecer el marco normativo, toda vez que persiste la opacidad en el manejo de los recursos públicos y de la rendición de cuentas contables, por lo que una forma de asegurar que los recursos públicos no sean utilizados para otros fines es estableciendo mecanismos adecuados de rendición de cuentas, de control y de auditoría para que:

[a] Se difunda toda la información en internet en un lenguaje sencillo y en un formato accesible para uso de la población, por lo que se amplió el plazo al 31 de diciembre de 2013 y para los municipios con menos de 25 mil habitantes –auxiliados por los gobiernos estatales– hasta el 31 de diciembre de 2015, si así lo solicitan. En esta reforma a la LGCG, se establecen las reglas para armonizar la información financiera del ciclo hacendario, relativa a la programación, presupuesto, ejercicio, seguimiento, evaluación y rendición de cuentas de los recursos públicos, así como para los procesos de implantación y operación del Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño, para que el gasto público cumpla de la mejor manera con los principios de eficiencia, eficacia, economía, honradez y transparencia.

[b] Los entes de gobierno cumplan con estándares de difusión y de transparencia, generando documentos dirigidos a la población de manera sencilla, en formatos accesibles, manteniendo la información financiera del gobierno en internet por lo menos seis años, así como incluir sistemas informáticos de Contabilidad y los documentos que justifiquen los gastos.

[c] Se señalen rubros específicos de información que deben incluir los entes públicos en sus leyes de ingresos y presupuestos de egresos, como sus fuentes de ingresos, sus obligaciones de deuda pública, sus principales programas y proyectos, los pagos efectuados a sus servidores públicos por concepto de remuneraciones; los pagos por pensiones, gastos de inversión, así como sus proyectos de asociaciones público-privadas y proyectos de prestación de servicios, el listado de programas que serán sometidos a evaluación del desempeño, así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados.

[d] Se disponga que los gobiernos difundan en internet la información relativa a la evaluación del desempeño de los programas y políticas públicas, antes de presentar al Poder Legislativo o Ayuntamiento que corresponda, los proyectos de Presupuesto de Egresos, con la finalidad de que sea tomada en cuenta a la hora de asignar los recursos y diseñar o modificar las acciones gubernamentales.

[e] Otorgar infracciones administrativas graves, sancionables con destitución y/o inhabilitación por la alteración dolosa de registros e información financiera y la falta de denunciarla cuando se tenga conocimiento de tal conducta y se ocasionen daños patrimoniales. Cuando se ocasionen daños al patrimonio, se sancionará penalmente a los funcionarios públicos responsables.

Con todo lo anterior, la sociedad tendrá un medio adicional para exigir cuentas de sus gobiernos. La reforma a la ley prevé un esquema en el que se establecen diversos plazos para una plena aplicación de la ley a finales de 2015.

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