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Ley contra el Lavado de Dinero; Efectos iniciales

Ley contra el Lavado de Dinero; Efectos iniciales
abril 01
00:10 2015

Con más ojos vigilando las transacciones ilegales se articula una red que ayuda a recabar elementos útiles para el rastreo de recursos ilegales, que ocasionan un desequilibrio en la economía.

Encubrir el origen de fondos obtenidos mediante actividades ilegales ha tomado mayor popularidad en las últimas décadas. La raíz de los fondos ilícitos varía: contrabando, corrupción, fraude financiero, fiscal o de cualquier otro tipo, narcotráfico, secuestros, venta de armas, etcétera, que han generado en México más de 10 mil millones de dólares al año (por encima de 3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, de acuerdo con Gamboa, Montejano C. & Valdéz Robledo, S. en el Estudio Teórico Conceptual, Derecho Comparado, Tratados Internacionales y de la nueva ley en la materia en México).

El problema no solo radica en que el dinero ilícito pueda insertarse y circular en el sistema financiero de forma “sencilla”, sino también en que en sus tres etapas –la colocación, intercalación e integración– se afecta a todo el país a través de mentiras, abusos, desequilibrios financieros, enriquecimientos ilícitos, etcétera.

Con la finalidad de proteger la economía nacional y el sistema financiero en contra del lavado de dinero, el 17 de octubre de 2012 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto en el que se expidió la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida también como la Ley contra el lavado de dinero.

Esta ley intenta alinearse a los principios establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y entró en vigor el 17 de julio de 2013.

Por medio de este vehículo se pretende recabar elementos útiles para la investigación y persecución de delitos de operaciones con recursos ilícitos. Entre las autoridades que participan en el Régimen Preventivo de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo se encuentran: la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y Procuraduría General de la República (PGR).

Algunos de los sujetos supervisados fueron parte de la creación y desarrollo de dicha Ley. En lo individual y en conjunto se busca desarticular las estructuras financieras de cualquier organización delictiva, evitando su financiamiento a través de recursos ilegales.

La ley antilavado, en lo individual y en conjunto, busca desarticular las estructuras financieras de cualquier organización delictiva, evitando su financiamiento

Con un universo lleno de entidades y actividades vulnerables, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha listado las organizaciones y/o actividades que son más vulnerables al blanqueo de dinero. Algunos ejemplos son: entidades financieras, comercializadoras, servicios profesionales, fedatarios públicos, importadores, traslado de valores, donativos, juegos y sorteos, compra-venta y/o arrendamiento de inmuebles, obras de arte. Desde que entró la Ley en vigor se identificó la necesidad de comunicar claramente las medidas y procedimientos mínimos que deben ser observados.

A partir de la modificación del 24 julio de 2014, las organizaciones consideradas vulnerables al lavado de dinero deben –con los nuevos formatos oficiales– avisar sobre los actos u operaciones considerados como Actividades Vulnerables, así como presentar los informes, medidas y/o procedimientos mínimos observados a que se refieren las Reglas de Carácter General de la LFPIORPI.

Desde su creación y durante estos dos años de vigencia, la LFPIORPI ha tenido varios ajustes. Si bien todos ellos para mejorar y facilitar la presentación de la información, queda camino por recorrer. Parece que se requiere mayor claridad para que los reportes sean fáciles de generar, pues es importante tener en cuenta (entre otros) que:

  • Antes de celebrar cualquier acto u operación, los documentos de identificación de quienes realicen las actividades vulnerables deben incluir referencias bancarias, comerciales y personales.
  • Quienes intervengan en la formalización del acto u operación vulnerable declaren su procedencia de entre: personas físicas, morales o fideicomisos; nacionales o extranjeros; embajadas, consulados u organismos internacionales; con sede/residencia nacional o extranjera; de bajo o alto riesgo, etcétera.
  • Se declare si las operaciones celebradas son de periodicidad ocasional o recurrente.
  • Al enviar los avisos correspondientes se recibirán de vuelta notificaciones, informes o comunicaciones del referido órgano de la UIF o de la SSP, según corresponda. Y que al obtener de manera directa algún requerimiento que permita corroborar y/o acreditar la información de alta y registro presentada, se deberá atender dentro de los cinco días hábiles siguientes al día en que fue notificado.

Dado lo complejo y sofisticado que resulta el delito de lavado de dinero, los pasos iniciales resultado de la LFPIORPI parecen positivos:

  • Ahora hay más ojos para vigilar las transacciones ilegales por medio de la red de ayuda que mejora la comunicación para recabar elementos útiles para la investigación y persecución de delitos, concretándose así una base de datos con registros para el rastreo de recursos ilegales.
  • El Código Penal Federal (CPF) fue modificado para considerar el tipo penal del delito de lavado de dinero, ahora previsto en el artículo 400 Bis del CPF.
  • Cada vez más el país se hace consciente sobre la importancia de unir los recursos y el capital humano para ir cerrando caminos al crimen organizado.

La SHCP dio un paso muy importante al consultar a los agentes correspondientes y crear la LFPIORPI debido a que el lavado de dinero afecta a todo el país. Hasta el momento siguen existiendo debilidades en la Ley, que habrá que eliminar en el futuro próximo; sin embargo, su creación ha facilitado la captación de datos que conlleven a la persecución de delitos a través de una red de ayuda entre entidades que intentan proteger —en lo posible— la economía nacional.

Todo lo anterior no garantiza que la situación actual mejore, pues es necesario que la Ley sea observada y cumplida en su modalidad vigente y también que sea revisada y mejorada continuamente, siguiendo de cerca la evolución y sofisticación de las técnicas para el blanqueamiento. Sin ello se vuelve imposible blindar adecuadamente el proceso de lavado de dinero.

Actuario Certificado, MBA y AIFoA Gabriela Ojeda

Director de Servicios Actuariales en IGOTWORKS, S.A. de C.V.

gojeda@igotworks.com

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