Veritas Online

Cumplimiento

Lavado de dinero doloso o imprudente en México

Lavado de dinero doloso o imprudente en México
agosto 01
2019

Ante su posible inclusión en la tipificación del delito de lavado de dinero, se profundiza en los mecanismos para la búsqueda de sujetos obligados, así como de las modificaciones en el programa de autorregulación para el marco normativo.

El lavado de dinero en la mayor parte del mundo se sustenta en una conducta principalmente dolosa, en otros términos, que se realiza con conocimiento del tipo penal por su descripción conforme a la propia redacción de carácter de indicio o sospecha. Si bien la conducta que se debe tener está clara en el Código Penal Federal (CPF), no se hace mención del grado. Todo dolo conlleva un elemento intelectual y volitivo que, conjuntado con saber el origen ilícito de los recursos, bienes o derechos a lavar, es adicional a los fines previstos por el tipo penal referentes a la posibilidad de ocultar información.

La creación de marcos legales de prevención, como la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una muestra del alcance al que se pretende llegar con la conducta imprudente, ya que sobre ella versa el seguimiento y la extensión de realizar una diligencia exigible a los particulares, bajo el entendido de que el objetivo buscado en esta regularización de carácter administrativo es la Prevención de Lavado de Dinero (PLD).

Con lo anterior, se pueden observar los motivos por los que es importante contar con los particulares y conocer a los que se encuentran sujetos a la implementación de un programa de esta índole, así como los indicados en diversas leyes para que la información con las personas físicas o morales obligadas por los marcos preventivos de esta conducta delictiva se pueda ampliar con quienes puedan ser señalados en calidad de autores o partícipes en el delito.

Para esto se crea un marco estructurado que tiene su punto de partida en la culpabilidad en la que se encuentran los presupuestos de la pena fundamental, reprochada en su antijuridicidad, a saber, por la realización de uno o diversos hechos ilegales en condiciones bajo las que se corrompe el Estado de Derecho y diversas jurisdicciones se han preguntado si la omisión en el cumplimiento de marcos de PLD no corrompe el entorno legal de una forma discreta.

En otras palabras, cuando el sujeto obligado al marco de PLD renuncia voluntariamente a hacerse con el conocimiento necesario a través de los elementos de una debida diligencia, este indicio puede presuponer una prueba indiciaria de la aceptación del dolo eventual, o sea, el sujeto obligado a mantener marcos de prevención actuó de forma contraria a la ley pese a conocer el elemento objetivo y la infracción correspondiente.

Si bien muchos juristas pudieran manifestar la renuncia ante un tipo de dolo eventual mediante el debido acreditación del origen lícito de los bienes, recursos o derechos, es también conocido que una manifestación de reconocimiento ante una autoridad en la que se refiera el indebido proceder ante el cumplimiento de las leyes de prevención del sujeto obligado atraería consigo el propio elemento volitivo y la intencionalidad en el actuar.

Muchos juristas hablan de la renuncia al dolo cuando se comprueba el origen lícito de los bienes ante una autoridad en el cumplimiento de las leyes de PLD”.

Esta visión comienza a tener fuerza en la legislación, una prueba es la iniciativa de adición de los artículos 62 bis y 62 ter a la LFPIORPI, conocida como Iniciativa Ricardo Monreal, en la cual se plantean como delitos equiparados a Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita aquellos en los cuales se omita realizar una debida diligencia de los clientes o una deficiente verificación de presuntos criminales, sin importar el origen de los delitos y bastando la no realización de una diligencia debida o disimulada.

Se encuentra un ejemplo en la Responsabilidad Penal de la Persona Moral (artículo 11 bis del CPF), que en su último párrafo refiere que para la atenuación de la pena se deberá contar con un órgano de control permanente, si bien no exige su existencia en ese ni en otro marco legal, denota la sanción por un elemento de imprudencia cuando se debe tener la implementación de este tipo de figuras.

En la ideología de delitos especiales como los propuestos, el lavado de dinero de carácter imprudente tiene como consideración que un delito especial como los presentados sólo es realizable por quienes están obligados legalmente a adoptar determinadas precauciones o cautelas para seguir los debidos procedimientos sobre los cuales versa la omisión y es ahí donde se facilita el lavado de dinero, por lo que en este caso la LFPIORPI los denomina sujetos obligados.

Ante la posible inclusión de esta relación en la tipificación del delito de lavado de dinero en México, así como las manifestaciones a realizar en el programa de autorregulación para el marco normativo, la búsqueda de sujetos obligados que incurren en responsabilidad, al actuar en ignorancia deliberada, en algunos casos a título de dolo en cual¬quiera de sus variables, y en culpabilidad, lo que es claro y sostenible es que el tipo penal propuesto atiende a una comisión, que sólo estará al alcance de personas cuya conducta sea reprobable por la infracción de las obligaciones de los marcos normativos.

L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías
Comisión de PLD del Colegio
carlos.perez@cydconsultores.mx

Facebook Comments

Related Articles

Búsqueda

Sígueme en Twitter

A %d blogueros les gusta esto: