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Las tendencias centralizadoras y las disfuncionalidades del Federalismo

Las tendencias centralizadoras y las disfuncionalidades del Federalismo
septiembre 15
00:35 2014

Como un subproducto del intenso proceso reformista recientemente vivido por el país, ha tenido lugar una clara tendencia a la centralización de importantes áreas de la vida nacional. Frente a los enormes retos que se enfrentan en terrenos tan variados como la educación, la seguridad pública, la organización de las elecciones, la transparencia o las finanzas de los gobiernos locales, la respuesta de nuestro sistema político ha sido la de sustraer las capacidades decisorias de los niveles subnacionales para trasladarlas al ámbito federal. Desde luego, detrás de cada una de estas decisiones centralizadoras hay importantes razones prácticas que las justifican. Cabe, sin embargo, plantear una pregunta de fondo referente a la viabilidad y a la conveniencia del federalismo en México.

Una vez que México consumó su independencia, uno de los temas más debatidos fue el relativo a la naturaleza de la nueva república: ¿debía ésta ser, en continuidad con el modelo político heredado de la Nueva España, una república central o, en su defecto, debía adoptar el modelo federal? Pero más allá de los debates, lo cierto es que la adopción del modelo federal fue, hasta cierto punto, artificial. En México, la Nueva España siempre fue una unidad. Ciertamente, una unidad muy diversa pero en la cual la idea de la soberanía de sus partes resultaba exótica. Precisamente por ello, el fraccionamiento de la nación en entidades libres y soberanas no se tradujo en la constitución de estados funcionales, sino en un mayor poder y en una mayor autonomía de poderosos cacicazgos locales. Y frente al poder de los caciques, el gobierno federal no tuvo la capacidad para impulsar un proyecto nacional ni para garantizar un mínimo de unidad, aun ante invasiones extranjeras.

Ya en el siglo XX, el triunfo de la revolución fue el triunfo de un centralismo de facto. El imperativo pacificador que enfrentó el Estado posrevolucionario transitaba por la imposición de disciplina a los caciques locales. Éstos fueron sometidos y renunciaron a la autonomía de que antaño disfrutaran a cambio de las prebendas que les ofrecía el nuevo arreglo institucional.

En la medida que la revolución se institucionalizó, el centralismo de facto fue reforzado principalmente a través de un pacto fiscal que quitó a las entidades federativas numerosas potestades recaudatorias. La federación cobraba los impuestos y los distribuía a su arbitrio. Los gobiernos estatales, estructuralmente dependientes de las aportaciones federales, debían, por tanto, alinearse y renunciar a cualquier expresión o demanda de autonomía. Con todo, no era un esquema del todo desfavorable para los gobiernos locales, ya que éstos no tuvieron que asumir los costos políticos del cobro de impuestos ni tener que lidiar con las complejidades técnicas y administrativas que supone el manejo de estos aspectos de la hacienda pública.

Con la transición democrática, el centralismo de facto fue poco a poco sustituido por un federalismo que, lejos de contribuir a la conformación de gobiernos locales responsables ante sus bases ciudadanas, no tienen frente a sí contrapesos ciudadanos e institucionales que los responsabilicen de sus actos y sus decisiones.

De nueva cuenta, la cuestión hacendaria ofrece un buen ejemplo. Los gobiernos estatales siguen sin tener facultades recaudatorias y siguen dependiendo de las transferencias federales. Pero ahora, gracias al propio proceso de avance democrático, existen reglas claras que, por ley, establecen las fórmulas para la distribución de los recursos, de tal suerte que las transferencias ya no se definen a partir del arbitrio presidencial sino por la ley. Ello ha implicado que los gobernadores cuenten ahora con recursos garantizados por ley. Sin duda, es un avance. Sólo que un avance no acompañado por mayores responsabilidades en materia de rendición de cuentas, situación que ha desembocado en numerosos casos en un ejercicio irresponsable de la hacienda pública y generado un importante endeudamiento que, en algunas entidades, han puesto en tela de juicio su viabilidad financiera.

De ahí la pertinencia práctica de las medidas centralizadoras ya mencionadas. Éstas no son el producto de una estrategia centralizadora atribuible a una sola instancia de poder (la presidencia), sino que son el fruto de respuestas puntuales e incluso coyunturales a las disfuncionalidades del federalismo y que han sido impulsadas por una amplia gama de actores que incluyen a los principales partidos en el Congreso (por ejemplo, la creación del INE) o incluso a las organizaciones de la sociedad civil (en el caso de las competencias del IFAI en los estados).

El problema radica en que, pese a su justificación práctica, estas medidas centralizadoras minan los fundamentos del pacto federal y que, al margen de sus disfuncionalidades, el sistema federal sigue siendo un esquema válido por dos razones principales. La primera tiene que ver con la diversidad del país y la complejidad de una agenda que, por definición, no puede ser atendida en sus especificidades por el gobierno federal. La segunda se relaciona con el hecho de que los gobiernos locales, en tanto son los más próximos a la vida cotidiana de la ciudadanía y sus problemas, representan el ámbito por excelencia de ejercicio del poder democrático; es en los niveles subnacionales donde el nexo entre ciudadanía y representantes es más inmediato y donde las posibilidades de exigir resultados y de incidir en las decisiones pueden ser mayores.

La meta es construir un nuevo entramado institucional que dé lugar a un sistema federal funcional, con gobiernos estatales y municipales responsables ante los ciudadanos, fiscalmente sólidos, eficientes en el manejo de los recursos y, a partir de su soberanía, capaces de coordinarse con el gobierno federal. Ésta sería una auténtica novedad en la historia del país y, acaso, el paso más firme para la consolidación de un régimen auténticamente democrático.

 

Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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