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Las medidas del gobierno: El gazolinazo y el pacto fallido

Las medidas del gobierno: El gazolinazo y el pacto fallido
marzo 01
07:07 2017

Con los precios internacionales y desde el punto de vista de la racionalidad económica, la supresión del subsidio era una medida necesaria. El problema fue cuándo y cómo el gobierno lo suprimió.

La problemática desatada a raíz del incremento del precio de las gasolinas debe ser analizada desde distintas ópticas que nos permitan diferenciar al menos cuatro fenómenos:

1) La racionalidad económica de la medida,

2) El objetivo plasmado en la reforma energética de impulsar el desarrollo de un eficiente mercado de energéticos en el que los precios ya no dependan de las decisiones de la autoridad hacendaria, sino de las condiciones reales de producción y distribución de estos productos,

3) El mal manejo gubernamental del incremento, a su vez derivado de las urgencias de unas finanzas públicas agobiadas por el peso de la deuda y

4) El carácter reactivo e improvisado del pacto propuesto por el gobierno para paliar los efectos de los mayores precios.

De entrada, es preciso partir de la premisa de que México, desde hace unos años, dejó de ser una potencia petrolera. En paralelo a una cada vez menor capacidad de extracción y procesamiento de hidrocarburos, las importaciones de petrolíferos han venido incrementándose de manera sostenida. En 2016, el país importó cerca de 70% de las gasolinas que consumió.

En este marco, cabe mencionar que el precio de la gasolina regular en la costa del Golfo de México en Estados Unidos de América, que es la que se consume en el país, elevó su precio en dólares en 18%. Así las cosas, la combinación de un mayor precio de las gasolinas importadas y la severa devaluación de nuestra moneda se tradujo en un precio mayor.

Por definición, el mercado internacional de hidrocarburos es sumamente variable. En función de una gran variedad de factores tecnológicos, comerciales y geopolíticos el precio del petróleo y de los petrolíferos sube y baja constantemente. Este fenómeno no había sido experimentado en México en virtud de que estos precios siempre fueron administrados por la autoridad hacendaria.

En los años recientes, el gobierno canalizó un monto de alrededor 200 mil millones de pesos al año para mantener bajo el precio. Desde un punto de vista económico, social y ambiental, el cuantioso subsidio al consumo de las gasolinas fue una mala decisión que se adoptó con el propósito de evitar el impacto político del mayor precio. El subsidio, en realidad, beneficiaba principalmente a los sectores de ingreso medios y altos que son los principales demandantes de gasolina, al tiempo que, al mantener el precio bajo, incentivaba el uso del automóvil y la emisión de contaminantes.

La falta de sensibilidad política se evidenció al no haber previsto que el enojo por el gasolinazo fue solo el detonante para que saliera a ote un cúmulo de agravios.”

Además, el subsidio ya no era sostenible desde el punto de vista de las finanzas pú- blicas. El incremento del gasto público, aunado a su pésima calidad, se tradujo en uno de los mayores dé- ficits que fueron financiados vía deuda. En tanto las promesas de recortes al gasto nunca fueron cumplidas, por incapacidad y por razones políticas, la deuda aumentó y alcanzó un monto que, hoy en día, es ya superior a 50% del Producto Interno Bruto (PIB). Ante este panorama, las principales empresas calificadoras de la deuda mantuvieron la calificación de inversión, pero con una tendencia a la baja. Es decir, el riesgo es perder el grado de inversión y, de esta manera, tener que pagar más intereses por el servicio de la deuda, amén de tener que elevar las tasas de interés con el fin de evitar una salida masiva de capitales.

Por otro lado, mantener el subsidio y bajo el precio implicaría seguir incentivando el consumo de un producto que mayormente se importa y que presenta un saldo comercial crecientemente deficitario. De ahí la necesidad de moderar el consumo para reducir el impacto de importaciones cada vez más caras sobre la cuenta corriente.

En resumen, desde el punto de vista de la racionalidad económica, la supresión del subsidio era una medida correcta y necesaria. El problema, sin embargo, se relaciona con el momento y la forma en que este subsidio fue suprimido. Desde que en 2013 se aprobó la reforma energética se estableció que uno de sus objetivos era crear un mercado competido de energéticos. En términos prácticos significaba que, a partir de 2018, los precios ya no estarían administrados y que se moverían de acuerdo con las señales del mercado. Este objetivo es loable. Pero lo que llama la atención fue la nula preparación del gobierno para la liberalización de los precios. En el caso de las gasolinas, un pujante mercado requiere una amplia infraestructura para el almacenamiento y la distribución vía ductos (no de pipas); durante los tres años transcurridos desde la aprobación de la reforma, casi no se ha hecho nada en este renglón. De igual manera, si era de todos sabido que los precios debían liberarse y los subsidios suprimirse, el proceso de reducción del subsidio hasta su total desaparición pudo haberse hecho de manera gradual.

Como complemento indispensable, el retiro paulatino del subsidio debió ser acompañado por una política de comunicación social clara y eficaz encaminada a reemplazar el mensaje demagógico con el que, en su momento, se quiso vender la reforma energética: que esta significaría una reducción de los precios. Por el contrario, no se quiso hablar de la liberalización de precios programada e, incluso, debido a la cada vez más precaria situación de las finanzas públicas, la fecha de la liberalización se tuvo que adelantar a 2017.

Llama la atención que el gobierno pareció sorprendido por la reacción social ante el incremento del precio de las gasolinas. La falta de sensibilidad política se evidenció al no haber previsto que el enojo por el llamado gasolinazo fue solo el detonante para que saliera a flote un gran cúmulo de agravios relacionados con la ubicuidad de la corrupción y la impunidad que esta goza, así como de otros problemas relacionados con las deficiencias del sistema de justicia, los déficits de seguridad y el escaso dinamismo económico. Ante la crisis de credibilidad de un gobierno con índices de aprobación por debajo de 20%, era obvio que una explicación técnica de por qué se tuvo que eliminar el subsidio no iba a ser bien recibida.

Ante las muestras de inconformidad, el gobierno, de manera reactiva e improvisada, inventó un pacto que, por su forma, quiso recrear los pactos que a finales de los años 80 y principios de los 90 fueron una medida exitosa para combatir la inflación. Al hacerlo, se perdió de vista que el modelo corporativo que antaño fuera eficaz, ya no es un funcional en el México más complejo y plural de 2017. El pacto debió ser más amplio, pero sobre todo debió ser de otra naturaleza. Hoy en día ya no basta con que el gobierno haga una lista de buenos propósitos y los sectores la firmen. Se requiere que los objetivos e instrumentos a pactar sean el fruto de una negociación abierta y seria en el que los distintos sectores de la actividad económica, los actores polí- ticos, la academia y las organizaciones ciudadanas hagan oír su voz. Se requería también que los objetivos y medidas del pacto hubiesen sido consensuados y dados a conocer antes de la liberalización del precio y no después.

Lic. Pedro Javier González G.

Director de Seminario Político

pj1999glez@gmail.com

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