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Las leyes del SNA

Las leyes del SNA
septiembre 01
07:00 2016

¡Por fin llegaron! el Diario Oficial de la Federación del 18 de julio —fecha en que escribo esta nota— publicó las tres nuevas leyes y las reformas que el Congreso aprobó a otros cuatro ordenamientos para complementar la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y darle viabilidad a su aplicación. Las nuevas son la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Las reformas se refieren a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF).

A esta última voy a dedicar una breve reflexión crítica, ya que el espacio del cual dispongo no me permite comentar el conjunto de toda esta armazón jurídica, la cual ya habrá sido analizada y comentada por muchos con amplitud y sabiduría a la hora en que me lean los pocos que hoy me leen.

Es alentador que en este amplio y complejo conjunto legislativo haya quedado formalmente reconocido el Sistema Nacional de Fiscalización”.

Las modificaciones introducidas a la LOAPF han confirmado que la Secretaría de la Función Pública (SFP) es la dependencia responsable de “organizar y coordinar el sistema de control interno y la evaluación de la gestión gubernamental (art. 37)”, ahora de manera coordinada con el SNA, pero mantienen la indebida y ominosa dualidad de sus funciones normativas y de auditoría a través de los Órganos Internos de Control, que bajo el espíritu persecutorio alentado por el SNA continuarán actuando más como policías que como asesores y conductores de la buena gestión y del cumplimiento de las responsabilidades públicas de nuestros servidores.

No obstante, es alentador que en este amplio y complejo conjunto legislativo haya quedado formalmente reconocido el Sistema Nacional de Fiscalización (SNF), y que en su ámbito vayan a validarse las normas del Marco Integrado de Control Interno, incluido en el Manual de su aplicación (SFP, 2010) de cuya importancia han escrito Óscar Rosales Jiménez y Walter García Trejo (Veritas junio, pág. 20 y julio, pág. 20, respectivamente).

Alfredo Adam Adam, Coordinador del Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), propuso al Foro Anticorrupción de la Ciudad de México en abril pasado (Veritas junio, pág. 36) que la SFP encomiende a firmas independientes de contadores públicos expertos, dentro de su programa de contrataciones, que evalúen y rindan un informe sobre el debido cumplimiento de dichas normas por parte de los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Esto se inscribiría en el llamado del Presidente de la República a la sociedad y a las instituciones civiles, como nuestro Colegio, para participar en el SNA.

Concluyo señalando que la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación pudo incluir el concepto de lo que el legislador y los políticos entienden por rendición de cuentas, sobre lo cual siguen omisos: “Respuesta satisfactoria a un mandato superior aceptado con responsabilidad” (y esto de ser responsables significa cumplir las normas de control interno, que para mejor comprensión se traduce como Normas de Responsabilidad Pública).

C.P. Jorge Barajas Palomo
Expresidente del IMCP y Secretario Técnico del SUG
sarajab@prodigy.net.mx

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