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Las fuerzas armadas: entre la agresión y el vacío jurídico

Las fuerzas armadas: entre la agresión y el vacío jurídico
octubre 24
08:51 2016

Las estadísticas de agresiones sufridas por las fuerzas armadas dan cuenta de que el último bastión de que dispone el Estado mexicano para hacer frente al crimen organizado es vulnerable. Una de las razones de fondo de dicha vulnerabilidad se encuentra en la falta de reglas claras que definan los cuándo y los cómo de su intervención en funciones propiamente policiales. Y mientras la propuesta legislativa aprobada por el Senado duerme el sueño de los justos en la Cámara de Diputados desde 2010, las muertes de militares se acumulan. Ello ha generado un profundo sentimiento de agravio que se percibe en los altos mandos castrenses y en la tropa. Sin duda, se trata de una situación riesgosa.

En efecto, los hechos recientemente ocurridos en Sinaloa, en los que un convoy del ejército fue emboscado y atacado por un grupo de sicarios que sobrepasaba en número y armamento a los militares, parecen una anécdota más de la larga lucha contra las bandas del crimen organizado. Sin embargo, basta ver este hecho en el marco de las estadísticas sobre agresiones para percatarse que éstas no son hechos aislados.

Más allá de eventos de gran visibilidad mediática, como el ocurrido en Sinaloa o el derribo del helicóptero en la inmediaciones de Puerto Vallarta en 2015, no se debe perder de vista que, según la Secretaría de Defensa, entre 2006 y 2012, tuvieron lugar 2,805 agresiones contra militares, en tanto entre 2013 y lo que va de 2016 el número asciende a 1,045. Como resultado de estos ataques, en nueve años han muerto 468 soldados y 4 mil han sido heridos.

Se trata de un claro desafío a las fuerzas armadas, el último bastión del Estado mexicano para enfrentar al flagelo del crimen organizado. Es, por tanto, un abierto desafío al Estado mexicano.

Al parecer, cuando los grupos criminales atacan al ejército, siempre cuentan con información precisa de sus movimientos, lo que les da una importante ventaja. Pero en adición a las redes de complicidad que permiten a los sicarios actuar con ventaja, vale la pena señalar que también cuentan a su favor con el vacío jurídico en el que deben actuar las fuerzas armadas.

Ya sea por restricciones presupuestales, por falta de capacitación o por la presencia de la corrupción, lo cierto es que las fuerzas policiales son a todas luces incapaces de garantizar la seguridad pública, más aún si se trata de enfrentar a bandas criminales bien pertrechas y a menudo con adiestramiento de élite. Ante tal situación, los gobiernos, ya desde los años noventa, han debido recurrir a las fuerzas armadas para reforzar o, incluso, sustituir a los cuerpos policiales. Con todo, fue a partir de la administración del presidente Calderón que la participación de las fuerzas castrenses en el combate a la criminalidad se convirtió en un recurso sistemático. El gobierno del presidente Peña no modificó esta estrategia, pues debe reconocerse que no hay condiciones para que las tropas regresen a sus cuarteles.

El problema es que las fuerzas armadas, que no han sido preparadas para actuar como policía, enfrentan un fuerte dilema práctico en la medida que desconocen cuáles son los límites a que debe ceñirse su actuación en materia de seguridad pública. Por tal motivo, en el sexenio anterior fueron las propias agrupaciones militares las que solicitaron a las autoridades civiles la definición de un marco que, al precisar las razones y las condiciones bajo las que debería tener lugar la intervención de ejército y marina, diesen a su vez un firme sustento jurídico a sus actos. Era claro que los militares no deseaban enfrentar (como, de hecho, ya están enfrentando) acusaciones de violación de protocolos o de uso excesivo de la fuerza.

La petición era sensata e, incluso, en 2010, en el Senado se elaboró una propuesta que definía nuevas reglas en esta materia. Por ejemplo, la legislación aprobada por los senadores establecía que las fuerzas armadas sólo podrían salir de sus cuarteles si existía una “declaratoria de existencia de una afectación a la seguridad interior”. Esta declaratoria la debería hacer el Consejo de Seguridad Nacional a petición de los gobernadores o los congresos locales. Acto seguido, el consejo solicitaría al Presidente que ordenase la movilización de la tropa.

Además de que se preveía que las acciones de las fuerzas armadas se realizaran ante la presencia de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos y de autoridades civiles, como únicas facultadas para hacer detenciones, una gran ventaja política de la legislación consistía en que la decisión de involucrar a las fuerzas armadas era compartida por el Presidente, el Senado (que podía objetar la validez de la “declaratoria”), los ejecutivos y los congresos locales. La idea era que la participación de las fuerzas armadas no fuese una decisión unipersonal del Presidente sino una decisión de Estado.

Pero, como sabemos, la legislación aprobada hace seis años en el Senado se atoró en la Cámara de Diputados donde, desde entonces, duerme el sueño de los justos. Desde luego toda legislación es perfectible y los diputados bien pudieron proceder a perfeccionar la legislación. Sin embargo, optaron por no asumir la responsabilidad de legislar en la materia.

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El resultado es que las fuerzas armadas siguen (y seguirán) desempeñando labores policíacas y lo harán sin que exista un marco jurídico que defina bajo qué condiciones pueden intervenir y ni a qué protocolos deben atenerse. Este vacío jurídico presupone vulnerabilidad, ya sea en el sentido de que no sientan el suficiente respaldo para repeler una agresión o, en caso de hacerlo, en el sentido de enfrentar la denostación pública por violar los derechos humanos.

En este contexto, las fuerzas armadas se sienten vulnerables y, sobre todo, utilizadas por una autoridad civil que no parece dispuesta a brindarle el mínimo respaldo jurídico. Como lo ilustran las fuertes palabras del Secretario de la Defensa a raíz de los hechos de Sinaloa, el sentimiento de agravio y el enojo crecen entre los altos mandos castrenses y, por supuesto, entre la tropa.

Y este sentimiento podría profundizarse aún más ante la casi total ausencia de expresiones de solidaridad. Más allá de las rituales condenas del presidente Peña y de las cámaras del Congreso de la Unión, salvo un par de excepciones (Causa en Común y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal), las organizaciones de la sociedad civil no ha externado alguna muestra de solidaridad. Al parecer, muchas ellas siguen casadas con el viejo paradigma de que el ejército es el “enemigo”.

Sobra decir que la sensación de vulnerabilidad y agravio, aunada a la distancia que parece haber entre fuerzas armadas y organizaciones ciudadanas, constituye una situación de alto riesgo potencial.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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