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Las consultas y la democracia participativa

Las consultas y la democracia participativa
enero 17
2019

El próximo 21 de marzo tendrá lugar una consulta convocada por el presidente López Obrador relativa a dos asuntos: la conveniencia de investigar y juzgar a los expresidentes por posibles actos de corrupción y la conformación de un Consejo Asesor Empresarial. Debido a la polémica levantada por las consultas previas (Nuevo Aeropuerto Internacional de México y los diez proyectos prioritarios del nuevo gobierno), resulta conveniente reflexionar acerca del sentido, la relevancia y los requisitos que deben satisfacer los distintos mecanismos de la democracia participativa.

Tanto en México como en muchas otras naciones uno de los mayores desafíos que enfrentan los regímenes democráticos consiste en el alejamiento de los procesos de toma de decisiones de las preocupaciones ciudadanas. Hay una clara crisis de la representación que, entre otras cosas, se ha traducido en la falta de credibilidad y el cuestionamiento a la clase política convencional y al orden institucional establecido.

Ante esta situación, resulta evidente la necesidad de revitalizar la democracia representativa a través de la adopción de fórmulas propias de la democracia participativa. Se requiere abrir espacios a la expresión de las demandas ciudadanas que aseguren una mayor responsabilidad de los tomadores de decisiones frente a la ciudadanía.

La participación se concibe como un recurso para superar las limitaciones del sistema de representación política y, al mismo tiempo, fortalecerlo. En este sentido, la participación debe conducir al empoderamiento ciudadano y a la redefinición de las relaciones de los poderes públicos con la sociedad; una redefinición de la relación Estado-sociedad que trascienda los viejos moldes corporativos y clientelares.

Las modalidades de democracia participativa son variadas. Algunas están reconocidas y normadas por las leyes e, incluso, en el caso de México, por la Constitución; ejemplo de ello son la consulta popular y la iniciativa ciudadana. No todas, sin embargo, cuentan con dicho reconocimiento. De igual manera, cada una de ellas conlleva ventajas y riesgos.

De entrada, para que estas formas de democracia participativa sean realmente funcionales y promuevan un verdadero empoderamiento ciudadano, deben cumplir ciertas condiciones entre las que destacan: el conocimiento público de la información relevante y la existencia de reglas que, a la vez, garanticen su validez, las doten de verdadera fuerza vinculante e inhiban los riesgos de manipulación. No menos importante es la existencia de reglas garantes de la libertad de expresión, así como de espacios que faciliten la expresión de los distintos sectores sociales frente a los temas que conforman la agenda pública y, de esta forma, favorezcan la incidencia ciudadana y la rendición de cuentas.

Así, a la luz del triunfo arrollador de López Obrador, que cuenta con la mayoría en ambas cámaras del Congreso de la Unión, conviene tener presente que el régimen democrático presupone la división de poderes, la autonomía del legislativo y el judicial respecto al ejecutivo. El sistema de pesos y contrapesos es una premisa indispensable de la gobernabilidad democrática, ya sea en el contexto de los gobiernos minoritarios como en el de los gobiernos mayoritarios. El problema estriba en que la autonomía de los otros poderes se ve amenazada por el enorme poder que concentrará el titular del ejecutivo, sobre todo cuando las fuerzas de oposición se hallan debilitadas y fragmentadas.

La tarea urgente consiste en preservar las prácticas democráticas y la expresión de la pluralidad que distingue al país. Y es de cara a esta necesidad que la sociedad civil debe responsablemente asumir su papel. Las diferentes expresiones de la sociedad organizada han dado cuenta fehaciente de su capacidad de propuesta, así como de su voluntad para incidir en las decisiones clave para la marcha del país. Así lo ilustran distintas experiencias de acción ciudadana que, a la postre, dieron lugar a modificaciones sustantivas al marco institucional. Ejemplo de ello fue la consulta promovida por la sociedad civil referente al estatus del entonces Departamento del Distrito Federal y que fue el punto de partida de un largo proceso de transformación que, por lo pronto, ha desembocado en la promulgación de una Constitución de la Ciudad de México. Asimismo, destaca el impulso ciudadano dado a cambios significativos de nuestro orden institucional; son emblemáticos los casos de los juicios orales o la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, entre otros.

En otras palabras, no se parte de cero en materia de participación ciudadana. Las consultas, al igual que la elaboración y promoción de iniciativas de distinta índole, tienen tras de sí una historia que arroja enseñanzas valiosas que no deben ser ignoradas. Y es a partir de esta experiencia previa que la ciudadanía organizada debe asumir su papel como actor político y, sobre todo, como mandante. Entre otras cosas, ello implica evitar que los mecanismos propios de la democracia participativa sean desvirtuados y convertidos en ejercicios de simulación dirigidos a avalar decisiones previamente adoptadas.

En vista de la proclividad del gobierno del presidente López Obrador a recurrir a consultas a modo para legitimar sus decisiones (como en el caso del aeropuerto cuando la reforma constitucional que la crea ya ha pasado por su trámite legislativo), la sociedad civil (organizaciones ciudadanas, academia, sector privado y medios de comunicación) debe convertirse en promotora activa de la participación ciudadana, entendida como la principal salvaguarda del régimen democrático. Su papel a este respecto incluye el impulso a iniciativas orientadas a ampliar las modalidades de democracia participativa, la promoción de ejercicios participativos con fuerza vinculante y su conversión en un factor garante del empoderamiento ciudadano cuidando que los mecanismos de la democracia participativa no se utilicen como una vía expedita para eludir límites legales y contrapesos institucionales.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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