Veritas Online

Político y Social

La reforma política del Distrito Federal: Una asignatura pendiente

La reforma política del Distrito Federal: Una asignatura pendiente
enero 31
2014

Por Seminario Político

pj999glez@gmail.com

 

Una de las principales asignaturas pendientes del ya dilatado proceso de transición democrática es la realización de la reforma política del Distrito Federal. La capital del País requiere una reforma de gran calado que le permita contar con una Constitución propia, que le dé grados de autonomía semejantes a los del resto de las entidades federativas. El objetivo debe ser dejar a un lado la concepción de Distrito Federal como un órgano administrativo de la Federación.

Difícilmente se puede exagerar la relevancia de la reforma política del Distrito Federal. La capital ha estado inscrita en un largo proceso de transformación, de un ente administrativo de la federación a una entidad con personalidad jurídica y autonomía política.

Iniciado con la conformación de un órgano legislativo propio y continuado con la elección directa del Jefe de Gobierno y los jefes delegacionales, el proceso debe ahora abocarse a definir cuál debe ser el estatus idóneo para una ciudad que, además de ser el asiento de los poderes federales, es también el núcleo de la más importante zona metropolitana del País y el hogar de más de 8 millones de habitantes.

Las posturas en torno a la reforma varían desde aquellas que pugnan por hacer del Distrito Federal el estado 32, hasta aquellas que no consideran viable el modelo de partición de la ciudad en municipios libres y soberanos.

Lo cierto es que es necesario encontrar una fórmula jurídica e institucional que, sin menoscabo de su papel como sede de los poderes de la federación, permita a los habitantes de la Ciudad de México contar con los mismos derechos políticos que el resto de los ciudadanos mexicanos, que confiera mayores facultades a las autoridades locales y les imponga a éstas responsabilidades similares a las del resto de las entidades.

Al respecto, vale la pena recordar que la reforma política del Distrito Federal es uno de los 95 compromisos incluidos en el Pacto Por México y que, incluso, en dicho acuerdo interpartidario se esbozaron sus líneas generales. Así, se acordó que:

-Se definirá el nombre oficial de la Ciudad de México que es la capital de la República.

-Se dotará de una Constitución propia al Distrito Federal.

-Se revisarán las facultades del Jefe de Gobierno y de la Asamblea Legislativa del DF.

-En el orden de gobierno delegacional o equivalente se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, semejante a los ayuntamientos, acorde a la presencia de las fuerzas políticas en cada demarcación.

-Se definirá un esquema del Distrito Federal que considere su carácter de capital de la República.

No obstante, pese a estar incluida en el Pacto por México, la reforma no pudo ser aprobada en el marco de la reciente reforma político-electoral. Existe, sin embargo, el compromiso de los legisladores de abordarla a partir de febrero, cuando inicie el periodo ordinario de sesiones del Congreso.

Así lo señaló Porfirio Muñoz Ledo, titular de la Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, quien, a su vez, anunció la presentación del Plan de la Ciudad de México, documento elaborado por la Comisión y que, una vez entregado a las instancias legislativas correspondientes, será un punto de partida y un marco de referencia clave para el proceso legislativo de la reforma política de la capital.

Pero, una vez aprobada una reforma constitucional que otorgue a la capital márgenes de autonomía y facultades similares a las del resto de las entidades federativas, el proceso deberá entrar a una segunda etapa particularmente compleja, toda vez que en ella habrán de definirse los rasgos específicos del orden político de la ciudad capital. Para tal efecto, se deberá conformar una Asamblea Constituyente responsable de la redacción de la Constitución Política de la Ciudad de México.

De acuerdo con las propuestas del Plan de la Ciudad de México, la Constitución Política deberá otorgar amplias facultades a los poderes locales para la conducción política, económica, social, jurídica y administrativa de la capital. No obstante, más allá de la concesión de facultades y debido a su condición de ciudad capital, asiento de los poderes federales, el desafío a que deberá enfrentarse la Asamblea Constituyente consiste en el diseño de un modelo funcional de relación entre autoridades locales con amplias facultades y el gobierno federal.

Asimismo, en la medida que el Plan de la Ciudad de México plantea la adopción de prácticas propias de la democracia participativa, la Ciudad de México estaría reafirmando su vocación como ciudad de vanguardia. En este terreno, el reto será avanzar en la conformación de un marco jurídico e institucional que favorezca la participación ciudadana y, sobre todo, la efectiva rendición de cuentas.

Serán, por tanto, cruciales figuras como la revocación de mandato de gobernantes y funcionarios y la integración de organismos ciudadanos equivalentes a cabildos en su amplio sentido de fiscalización y toma de decisiones.

Este último punto es de enorme trascendencia, no sólo en virtud de su evidente legitimidad democrática, sino debido a que puede constituirse en un elemento clave del proceso de transformación de la cultura política de la capital en tanto posee el potencial de limitar las arraigadas prácticas clientelares presentes en el manejo de las delegaciones, amén de que, en la práctica, implicará un mayor equilibrio y pluralidad en la conformación de los diferentes órganos de gobierno delegacional.

Finalmente, una tarea no menor consistirá en definir hasta qué punto deberán descentralizarse funciones y facultades actualmente concentradas en la Jefatura de Gobierno. El ejemplo emblemático es el de la seguridad pública, cuyos éxitos en buena medida derivan de la existencia de un mando único.

No parece aconsejable el modelo de división municipal. Habrá, sin embargo, de buscarse el equilibrio entre autonomía y funcionalidad y, sobre todo, habrán de construirse las reglas garantes de una efectiva coordinación entre jefatura de gobierno y gobiernos delegacionales.

Facebook Comments

Related Articles

Búsqueda

Sígueme en Twitter

A %d blogueros les gusta esto: