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La reforma laboral

La reforma laboral
mayo 01
2018

El decreto de reformas y adiciones a los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de justicia laboral, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017, y su artículo 2º transitorio estableció el plazo de un año para que el Poder Legislativo procediera a formular las disposiciones reglamentarias correspondientes.

Sin embargo, los tiempos del debate siguen abiertos porque el Ejecutivo Federal sometió a la aprobación del Senado de la República, con fecha 7 de diciembre de 2017, el proyecto de Decreto por el que se expide la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laborales; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo; pero en vista de que sus textos han generado múltiples críticas porque no solo son contrarios al espíritu y términos de la reforma constitucional, sino que proponen un esquema laboral que debilita la estabilidad en el empleo, se han extendido los términos para su discusión y aprobación, en su caso.

En el proyecto de ley reglamentaria se suprime el carácter autónomo del órgano de conciliación y registro de sindicatos que establece la reforma laboral.”

Uno de los puntos torales de la reforma constitucional es el relativo a la creación de un nuevo órgano autónomo para la conciliación y el registro de sindicatos, lo cual permite apreciar que el Constituyente decidió que en la Carta Magna tales responsabilidades quedaran a cargo de un organismo descentralizado a nivel federal. Pero en el proyecto de ley reglamentaria presentado por dos senadores del PRI (sin juicio de valor por el autor de esta nota; la bitácora de la Cámara así lo señala), se suprime dicho carácter autónomo y lo transforma en un organismo tripartito bajo el control de un órgano de gobierno, integrado mayoritariamente por sindicatos y patrones que serían juez y parte en los conflictos colectivos.

Muy diversas circunstancias de carácter político electoral e incluso de incumbencia internacional, como la obligación de México a cumplir los principios de la Organización Internacional del Trabajo, hacen pensar a los analistas y observadores que nuestra reforma laboral se ha empantanado. Así quedaría sin atenderse, por ahora, el espíritu de protección de los derechos humanos laborales, cuya debida reglamentación podría contribuir al mejor entendimiento entre los patrones y el vasto segmento de trabajadores y obreros que integran, en conjunto, las entidades y empresas promotoras del desarrollo económico del país. Los debates siguen abiertos.

Cierro estas reflexiones con varias preguntas críticas sobre la gestión de los riesgos empresariales en el contexto de la reciente actualización de COSO ERM 2017: ¿Cómo aconsejaría usted evaluar los riesgos de su cliente en esta materia?, ¿los considera graves si las leyes secundarias respetan la reforma constitucional?, ¿o serían mayores si no se aprueban?

 

Dr. Jorge Barajas Palomo
Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización
Expresidente del IMCP
sarajab@prodigy.net.mx

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