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La reforma del sistema de pensiones, un paso en la dirección correcta

La reforma del sistema de pensiones, un paso en la dirección correcta
agosto 31
2020

A finales de julio, el gobierno federal dio a conocer una propuesta de reforma en materia de pensiones. Ésta, todavía no convertida en iniciativa de ley, tiene como propósitos fundamentales incrementar la tasa de reemplazo y reducir de mil 250 a 750 el número de semanas que un trabajador debe cotizar para acceder a una pensión garantizada. Por donde se le vea, es una noticia positiva que posee el mérito nada desdeñable de reconocer que es preciso actuar sin demora para desactivar la bomba de tiempo que representan las pensiones.

Desde un punto de vista político, vale la pena subrayar que con este anuncio el Presidente da un revés a las propuestas e iniciativas impulsadas por su propio partido y que tenían como objetivo principal echar mano del enorme monto de recursos colocados en las afores. Aunque carentes de racionalidad económica, estos escarceos ofrecían una respuesta fácil a la falta de dinero del gobierno.

La necesidad de mayores aportaciones al ahorro forzoso no puede descansar indefinidamente en el sector patronal, sobre todo a la luz del objetivo más ambicioso de incrementar la tasa de reemplazo para todos los niveles salariales».

A pesar de los esfuerzos de los legisladores más radicales de Morena, que veían en el control sobre las sumas manejadas por las afores, equivalente a 17% del Producto Interno Bruto (PIB), una vía efectiva para desplegar programas clientelares y salvar los grandes proyectos de infraestructura de la 4T, la decisión presidencial finalmente se inclinó a favor de la propuesta impulsada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Fue una decisión correcta adoptada con base en el reconocimiento de que la insuficiencia de las pensiones con que se retiran los trabajadores (y no el fondeo de los programas sociales o de las obras emblemáticas de la 4T) es el verdadero objetivo a atender.

Es igualmente oportuno señalar que la propuesta de reforma fue consensuada y avalada por los representantes de los trabajadores y de los empresarios. Destaca de manera especial el espaldarazo del sector privado, ya que sería éste el que asumiría la carga financiera de la reforma. En efecto, en tanto la razón primordial de las bajas tasas de sustitución reside en la insuficiencia del ahorro obligatorio, la viabilidad de la reforma que se pretende impulsar transita por el aumento de la masa de recursos que la deberá financiar. Y en la medida en que el gobierno no parece dispuesto a canalizar recursos fiscales a este objetivo, el punto clave de la propuesta es el incremento paulatino de la aportación patronal.

Ahora bien, entre las principales virtudes de la reforma, sobresale la ya mencionada reducción del tiempo que un trabajador debe cotizar para acceder a una pensión mínima garantizada. La disminución en las semanas de cotización (aproximadamente de 25 a 15 años), impacta positivamente sobre el problema de movilidad entre el sector formal y el informal, porque aumenta el número de trabajadores que podrían obtener una pensión mínima garantizada con las aportaciones.

Otro mérito importante consiste en aliviar la presión que representa el próximo retiro de los primeros trabajadores pensionados del esquema de las afores. Se les podrá ofrecer una pensión garantizada por encima de la línea de bienestar, esto es, por lo menos 4 mil 345 pesos, equivalentes a 2.2 salarios mínimos.

Todavía hay más retos

Sin ser la panacea, la reforma pensionaria que se pretende impulsar representa una contribución significativa a la solución de un problema estructural de enormes proporciones, cuyas repercusiones van mucho más allá de los aspectos estrictamente financieros. La problemática de las pensiones incide sobre las condiciones de vida de los pensionados, sobre las perspectivas de la movilidad social de sus familias y, en última instancia, sobre la cohesión intergeneracional. Los actuales niveles de las pensiones condenan a los pensionados a vivir una vejez en condiciones de precariedad. A menudo, esta situación se traduce en onerosas cargas para los hijos y sus familias, pues asumir la manutención de los padres obstruye la movilidad social y limita las posibilidades de desarrollo de las generaciones más jóvenes.

Como ya se apuntó, la viabilidad financiera de la reforma depende del aumento de las aportaciones al ahorro para el retiro. En la actualidad, el nivel de ellas (6.5% del salario) está por debajo de los correspondientes a la mayoría de las naciones latinoamericanas (alrededor de 10%). Con el incremento previsto (15% del salario), se sobrepasaría el promedio de la región, aunque todavía quedaría lejos de los niveles imperantes en países europeos.

Con este anuncio el Presidente da un revés a las propuestas e iniciativas impulsadas por su propio partido y que tenían como objetivo principal echar mano del enorme monto de recursos colocados en las afores».

Toda vez que el incremento del ahorro obligatorio recaería sobre los patrones, cuya aportación pasaría de 5.15 a 13.875%, en la propuesta se considera que, dada la situación que enfrentan muchas empresas, el pago de las mayores aportaciones inicie en 2022, fecha a partir de la cual se contará con un periodo de ocho años de incrementos progresivos hasta alcanzar la meta de 15% en el año 2030. Adicionalmente, se modificará la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) y la del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para incorporar la total deducibilidad de la cuota del patrón.

Pese a los innegables avances que representa, merece mencionarse que la eventual reforma podría traer consigo algunos daños colaterales. El principal es que, debido al aumento de la aportación patronal, se encarecería la creación de empleos formales, al tiempo que se ejercería una presión hacia la disminución de los salarios. Aunque, según los representantes del sector privado, las mayores contribuciones podrán ser absorbidas sin grandes problemas por las empresas, lo cierto es que sí incentivan la disminución de puestos de trabajo en el sector formal, amén de la baja de las remuneraciones de nuevos trabajadores contratados.

El dilema es claro y consiste en evitar un aumento en el costo de la formalidad y, de manera simultánea, elevar la tasa de sustitución. La necesidad de mayores aportaciones al ahorro forzoso no puede descansar indefinidamente en el sector patronal, sobre todo a la luz del objetivo más ambicioso de incrementar la tasa de reemplazo para todos los niveles salariales. Más temprano que tarde, a pesar de las resistencias del gobierno federal, deberá enfrentarse el reto de incrementar sus aportaciones y, para tal efecto, el de impulsar una amplia reforma fiscal.

Otra alternativa, potencialmente costosa en términos políticos, consiste en el aumento en la edad del retiro. Sería un corolario lógico fruto de la mayor esperanza de vida. Pero, como ha ocurrido en gran parte de los países que han dado pasos en esta dirección, las resistencias suelen ser enormes y, en el corto plazo, no parece haber ni las condiciones idóneas para adoptar esta medida ni la voluntad política para ir construyendo dichas circunstancias.

La propuesta va en la dirección correcta, aunque aún se desconocen sus detalles. Es de esperar una discusión amplia e informada en la que, además de los legisladores, participen los representantes de los sectores productivos y los expertos. Sobre todo, será necesario entender que esta eventual iniciativa debe ser concebida como un primer paso de una reforma integral orientada a la edificación de un sistema universal de protección social en el que el derecho a una pensión se desvincule del empleo.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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