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La recaptura del Chapo y el déficit de credibilidad

La recaptura del Chapo y el déficit de credibilidad
febrero 01
09:41 2016

Es mucho lo que al momento se ha escrito a propósito de la recaptura de Joaquín “El Chapo” Guzmán. No obstante, vale la pena insistir en un tema cuya relevancia es clara a la luz de uno de los principales problemas que enfrenta el gobierno del presidente Peña: su enorme déficit de credibilidad.

De entrada, la recaptura del criminal más buscado pareció una bocanada de oxígeno para un gobierno que, luego de un inicio prometedor, se ha visto envuelto en una larga serie de escándalos y desaciertos que lo sumieron en el descrédito tanto dentro como fuera del país. La fuga de El Chapo del penal de máxima seguridad de Almoloya fue la gota que derramó el vaso: una afrenta que no sólo ridiculizó al gobierno, sino que evidenció la descomposición de un sistema de seguridad que sucumbió ante el poder corruptor de un capo que, pese a estar recluido, tuvo la capacidad para movilizar cuantiosos recursos y operar un plan de evasión digno de un thriller.

Dado estos antecedentes, resulta entendible el júbilo del Presidente Peña y del Secretario de Gobernación. Lo que ya no es tan entendible es cómo un gobierno se deja llevar por su afán celebratorio e incurre en un triunfalismo carente de sustento que, a la postre, se le revierte en términos de credibilidad. Sin la menor intención de subestimar el trabajo realizado por el aparato de inteligencia de la Marina (que fue el que, junto con la DEA, logró la anterior aprehensión en Mazatlán) y por el cuerpo de élite que persiguió, acorraló y finalmente capturó al líder del cártel de Sinaloa, lo cierto es que ello no habla ni de fortaleza institucional ni, mucho menos, de un triunfo del Estado de derecho. Fue, en el mejor de los casos, la reparación de una imperdonable cadena de errores y actos de corrupción que precisamente dan cuenta de la debilidad de instituciones susceptibles de ser puestas al servicio del crimen.

Aunque la reaprehensión es un hecho en sí  mismo positivo, no es posible festinarla como un gran logro. Como lo planteó el conocido comunicador y analista político Leonardo Curzio, el mérito del gobierno fue acreditar en un examen extraordinario una asignatura que previamente había reprobado. El gran desafío sigue siendo recuperar la credibilidad perdida. Y para tal efecto, la recaptura es insuficiente pues, ante todo, es preciso dar respuesta puntual a toda una serie de interrogantes.

Para empezar, debe subrayarse que, hasta el momento, el gobierno no ha ofrecido una narración completa y creíble acerca de cómo se operó la fuga. Ciertamente, hay varias personas encarceladas y sometidas a proceso, principalmente los custodios que no vieron ni oyeron cómo el reo escapaba. Con todo, hay otras interrogantes que ni siquiera han sido abordadas. Por ejemplo, quién y por qué autorizó dejar sin efecto el protocolo que establece que un preso del calibre de Guzmán Loera debe ser continuamente cambiado de celda; o quién autorizó las visitas permanentes de sus abogados con los que pasaba varias horas al día (y que, presumiblemente, le permitieron seguir operando el negocio y aun planear la fuga). Asimismo, aún está sin respuesta el modo en que se consiguieron los planos de la prisión o las razones por las que no se reactivó el funcionamiento de los sensores de movimiento que rodean el penal. En fin, son muchas las respuestas que aún se deben brindar.

El Chapo está en la cárcel, pero al expediente de su fuga no se le debe dar carpetazo. La “misión cumplida” no puede traducirse en impunidad: son muchas las complicidades, las irresponsabilidades y las ineficiencias a esclarecer y sancionar. La credibilidad no se recuperará apostando al olvido o a que la telenovela de Kate del Castillo y Sean Penn diluya la exigencia de rendición de cuentas. Porque más allá de la naturaleza de las relaciones entre el capo y la actriz, las cuales deben ser investigadas, lo cierto es que el propio artículo de Sean Penn deja en claro dos cosas: por un lado, la participación de elementos del sistema de seguridad en la protección de Guzmán Loera, incluso del ejército; y por otro lado, que ya sea en prisión o huyendo de la justicia, El Chapo mantiene contacto y toma decisiones en su organización criminal, cuenta con una gran cantidad de recursos y formas de vinculación con distintos sectores de la economía legal. A este respecto, no sólo está dispuesto a invertir en la industria cinematográfica, sino que incluso manifiesta interés por invertir en el sector energético.

En este contexto, el cumplimiento cabal de la misión presupone desentrañar el esquema financiero del cártel, tema que, al parecer, no fue objeto de especial atención durante los meses que duró el encarcelamiento del capo. Desde luego, es una buena noticia el anuncio de la Secretaría de Hacienda en el sentido de que su unidad de inteligencia financiera está coadyuvando con la PGR tratando de seguir la pista del dinero. Es indispensable identificar los mecanismos de lavado y las inversiones del cártel en el sector legal de la economía para así, aplicando la extinción de dominio, secar sus fuentes de recursos y desmantelar la red de complicidades que en el ámbito empresarial hacen posible el negocio.

Esta es la narrativa que el gobierno le debe a la sociedad, la única que podrá ayudarlo a remontar la cuesta del descrédito.

Ante este imperativo de claridad, la eventual extradición a Estados Unidos ha sido cuestionada por algunos actores políticos. Se argumenta la necesidad de que Guzmán Loera permanezca en México y dé a las autoridades competentes información sobre sus redes de complicidad. Con todo, se antoja improbable que esta información sea proporcionada a menos que medie una negociación ventajosa para el capo. Es por tanto más probable que la identificación de sus socios en la política y en la economía se obtenga a través de labores de inteligencia, sobre todo financiera, que vía la cooperación.

En todo caso, es preciso considerar que las ventajas de la extradición no se reducen a evitar una nueva fuga y un nuevo ridículo. Más importante aún sería el mensaje realmente disuasivo que se estaría enviando al crimen organizado.

Seminario político
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