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La promesa de la Seguridad Social: Buenas intenciones y dudosa viabilidad

La promesa de la Seguridad Social: Buenas intenciones y dudosa viabilidad
mayo 26
2014

Con los votos del PRI, el PVEM, el PANAL y de una fracción del PRD, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el decreto que expide la Ley de la Pensión Universal y que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en materia de seguridad social para establecer el Seguro de Desempleo. Aunque todavía falta la aprobación del Senado, puede afirmarse que se ha dado un paso muy importante para el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña del presidente Enrique Peña Nieto.

Difícilmente se podría cuestionar la relevancia de un sistema de seguridad social universal. Su creación constituye la medida más eficaz y trascendente en materia de política social, toda vez que está dirigida a actuar sobre una de las más importantes causas de la precariedad en que vive la mayor parte de los mexicanos. La falta de acceso a los beneficios de la seguridad social es uno de los problemas más serios del país, problema que, de acuerdo con las tendencias demográficas, lejos de atenuarse tenderá a agravarse. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), la población con carencias por falta de acceso a la seguridad social sumó, en 2012, 71.8 millones de personas, equivalentes a casi las dos terceras partes de la población total.

Pero establecida la importancia de la Ley de la Pensión Universal, cabe preguntar en qué medida lo aprobado por los diputados contribuye a resolver la problemática de la inseguridad económica. A este respecto, resultan pertinentes las siguientes consideraciones:

  • En virtud de la escasez de recursos fiscales, no es posible garantizar a todos los mexicanos pensiones para el retiro realmente dignas. Los montos estipulados por la ley son a todas luces insuficientes. Aun dentro de quince años, cuando la pensión alcance su máximo nivel (1,092 pesos mensuales), seguirá siendo un mero paliativo que aliviará parcialmente la situación de los perceptores de más bajos ingresos; para el resto de la población, la aportación de la pensión será mínima.
  • Debido a que sólo podrán acceder a la pensión quienes carezcan de la cobertura de la seguridad social (y quienes tengan derecho a una pensión inferior a la pensión universal), se corre el riesgo de fomentar la informalidad, pues no es necesario realizar ninguna contribución ni pagar impuestos para acceder a ella.
  • Otro aspecto no menos relevante es que la universalidad de la pensión es cuestionable. En México existe una gran inequidad en el sistema de pensiones: hay sectores privilegiados que contribuyen con una porción menor de su ingreso a la pensión; también hay enormes diferencias entre la pensión que reciben, en términos generales, los trabajadores al servicio del Estado y los del sector privado; y, sobre todo, las diferencias en cuanto a la edad del retiro no tienen otra lógica que la capacidad de presión política de los sindicatos. La pensión universal no es universal en tanto no corrige la naturaleza inequitativa del sistema.
  • Respecto al tema del financiamiento de la pensión, vale destacar que, según distintos estudios (por ejemplo, el de Santiago Levy o el del Centro Espinosa Yglesias), se estima que el costo de un sistema de seguridad social universal ascendería a 5 puntos del PIB. Si se considera que hoy en día el gasto público destinado a la seguridad social equivale al 1.7-1.8% del PIB, quedaría por cubrir un 3.3%. En el escenario más optimista, la reforma fiscal aprobada aportará en 2018 ingresos adicionales del 2.9% del producto, por lo que, ni aun destinando la totalidad de la recaudación adicional a financiar el sistema de seguridad social universal, habría recursos suficientes.

En relación con el otro componente del sistema de seguridad social aprobado por los diputados (el seguro de desempleo), los posibles cuestionamientos son menores, aunque política y mediáticamente se les haya dado mayor visibilidad. De entrada, tal como está planteado, el seguro de desempleo (por su carácter temporal y por sus montos) no permite, como ocurre en algunos países, su conversión en un modus vivendi alterno al trabajo. Asimismo, en tanto su disfrute está restringido a trabajadores que hayan cotizado en el sistema de seguridad social, sí representa un incentivo a la formalización. Finalmente, debido a que para su financiamiento se tomará un porcentaje (60%) de las contribuciones al INFONVIT, la aportación de recursos fiscales a la cobertura de este seguro será marginal y, por tanto, no pondrá en entredicho su viabilidad.

Curiosamente, en el rechazo a este seguro coincidieron, por un lado, la bancada del PAN y, por otro, las del Movimiento Ciudadano, PT y el sector radical del PRD. El argumento de Acción Nacional se refiere a que la utilización de una parte sustantiva de los fondos destinados a la vivienda como fuente de financiamiento del seguro puede poner en riesgo las posibilidades de satisfacer el derecho a la vivienda. Sin embargo, en tanto la parte que se destinará a financiar al seguro de desempleo se concentrará en una cuenta individualizada, el trabajador que no pierda su empleo o que decida no hacer uso del seguro de desempleo no verá mermados sus fondos para la adquisición de vivienda.

Por su parte, la oposición de la izquierda se basa en que la propuesta original del gobierno consistía en financiar el seguro con recursos fiscales y no con sus contribuciones al fondo de vivienda. El problema es que, ante la insuficiencia de los recursos fiscales, el no recurrir al fondo de vivienda hubiera implicado financiar el seguro con deuda.

El problema es que la reforma fiscal no tuvo la profundidad que de ella se esperaba: no acabó con todos los regímenes de excepción ni se orientó a combatir de manera decidida la informalidad; tampoco fue a fondo en la revisión de una amplia gama de subsidios económica y socialmente cuestionables ni, mucho menos, se atrevió a tocar el tabú del impuesto generalizado al consumo. El resultado es que la recaudación adicional es insuficiente. Y esta insuficiencia no podrá ser corregida en los próximos años en virtud del pacto de certidumbre al que se comprometió el gobierno.

 

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