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La paradoja del sistema fiscal mexicano

La paradoja del sistema fiscal mexicano
abril 01
2020

Las normas tributarias se transforman constantemente, sin embargo, dicha evolución debe ser estructurada y congruente para evitar contradicciones e incertidumbre jurídica.

A pesar de que se encuentra pendiente una reforma fiscal sustancial para este sexenio, las modificaciones que entraron en vigor este 2020 fueron trascendentales en varios aspectos. Una de las más importantes fue la inclusión de una regla general antiabuso (GAAR, por sus siglas en inglés) para combatir la elusión de impuestos, plasmada en el nuevo artículo 5-A del Código Fiscal de la Federación (CFF).

En resumen, dicha regla permite a las autoridades fiscales presumir que los actos jurídicos celebrados por los contribuyentes carecen de razón de negocios, cuando el beneficio económico cuantificable razonablemente esperado sea menor al beneficio fiscal o cuando se hubiera podido alcanzar mediante un menor número de actos jurídicos con efectos fiscales más gravosos. En consecuencia, los actos jurídicos en cuestión tendrán los efectos fiscales que correspondan a los que se habrían realizado para obtener el beneficio económico.

La regla general antiabuso señala de manera enunciativa lo que se entiende por ‘beneficio fiscal’ y ‘económico’, aunque la redacción deja la puerta abierta a otros casos que la autoridad fiscal podrá determinar de manera discrecional. En efecto, para el caso de beneficio fiscal, se menciona cualquier reducción, eliminación o diferimiento temporal de una contribución, lo que incluye deducciones, exenciones, no sujeciones o acreditamientos. Por su parte, el beneficio económico implica generar ingresos, reducir costos, aumentar el valor de bienes propios y mejorar la posición en el mercado, entre otros casos.

Esto convierte a la GAAR en una herramienta muy peligrosa, puesto que los contribuyentes no podrán anticipar con certeza si una operación a realizarse podrá ser calificada en un futuro por la autoridad hacendaria como carente de razón de negocios, lo que genera gran incertidumbre jurídica.

No pasa desapercibido que esta falta de certeza ya se ha visto con anterioridad en el sistema fiscal mexicano. En efecto, desde la entrada en vigor en 2014 del artículo 69-B del CFF, la autoridad fiscal cuenta con una herramienta con la que puede presumir la inexistencia de las operaciones de los contribuyentes cuando, a su parecer, el proveedor del bien o del servicio no cuente con activos, personal, infraestructura o capacidad material, conceptos indefinidos que en último término dependen del juicio de la autoridad fiscalizadora.

Esta subjetividad y discrecionalidad que deriva del uso de la nueva regla general antiabuso por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) contrasta con el formalismo que prevalece en materia fiscal en México. El CFF y, en general, las leyes tributarias mexicanas están repletas de ejemplos que muestran que la forma que revisten las operaciones es vital para determinar sus consecuencias fiscales. Al respecto, basta analizar el sinfín de requisitos que debe contener un Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) para ser deducible.

Incluso los precedentes judiciales demuestran que el sistema tributario mexicano da prioridad excesiva a las formas por encima de la sustancia. Como ejemplo, cabe recordar la jurisprudencia emitida a finales de 2019 por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se señala que, a pesar de que las leyes fiscales no lo exijan, los documentos privados de los contribuyentes deben tener fecha cierta (estar inscritos en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, presentarse ante fedatario público o adquirir la fecha cierta por la muerte de cualquiera de los firmantes) para tener valor probatorio ante la autoridad fiscal. Sin fecha cierta, parecería que los documentos privados no pueden ser considerados por el SAT, a pesar de que se relacionen con muchos otros documentos probatorios.

En este sentido, resulta paradójico que el sistema fiscal mexicano exija a los contribuyentes el cumplimiento de requisitos formales excesivos y, a pesar de que el contribuyente los cumpla, sus operaciones podrán ser recaracterizadas o desconocidas por las autoridades fiscales, con herramientas como la nueva regla general antiabuso o el ya conocido procedimiento de inexistencia de operaciones, contenido en el artículo 69-B del CFF.
Al respecto, debe decirse que el uso de una GAAR tiene más sentido en sistemas jurídicos de tradición anglosajona, en donde las formas no son tan relevantes como en sistemas de tradición civilista, como es el caso de México, donde la forma de la operación tiene mucha preeminencia.

Sin duda, para demostrar que existe confianza en los contribuyentes, la autoridad fiscal debe utilizar la GAAR como último recurso y no como herramienta principal de fiscalización.

De lo contrario, no tendría sentido la carga administrativa que genera el cumplimiento de obligaciones formales para los contribuyentes.

Es cierto que la inclusión de la regla general antiabuso deriva de la necesidad de dotar a la autoridad fiscal con mejores herramientas que permitan contrarrestar la elusión de impuestos. Sin embargo, es necesario cuestionar si este tipo de reglas tienen cabida en un sistema fiscal como el mexicano. Si se estima que son necesarias en la actualidad, habrá que cuestionarse entonces si el rigor en materia fiscal es obsoleto y si debe evolucionar para el beneficio de todos.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Ornelas, LL.M.
De la comisión de Desarrollo Profesional Fiscal del Colegio
Asociado Senior de JCH Abogados
info@jch-abogados.com

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