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La marihuana: un debate necesario

La marihuana: un debate necesario
diciembre 01
2015

En marzo de 2014, la organización Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART) promovió un juicio de amparo en contra de la decisión de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de negarle el permiso para la siembra, la distribución, la portación y el consumo para fines recreativos de marihuana. La solicitud de amparo llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se turnó para examen a la Primera Sala. Correspondió al ministro Arturo Zaldívar elaborar la ponencia, la cual fue en un sentido favorable a la solicitud de SMART.

Aunque solo SMART cuenta con la autorización para cultivar, transportar y consumir marihuana, su caso abre la puerta para más solicitudes de amparo que eventualmente pudiesen sentar jurisprudencia. Esta situación generaría la presión necesaria para legislar a partir de un nuevo enfoque.

Se trata, sin duda, de un debate complejo en el que intervienen múltiples consideraciones de carácter moral, legal y médico que, a su vez, se inscriben en determinados contextos axiológicos y políticos. Para simplificar, se puede afirmar que en el núcleo del debate se encuentra la interrogante acerca de si las sustancias prohibidas (drogas) deben o no despenalizarse, legalizarse o regularse. Y, en este sentido, los argumentos en pro y en contra se agrupan en tres grandes vertientes, a saber: la criminal, la de salud pública y la relativa a los derechos de los ciudadanos.

Es relación con el primer enfoque, resulta evidente que, desde el punto de vista estrictamente legal, toda la serie de actos relacionados con la producción, distribución y consumo de drogas constituye una violación a la ley que debe ser perseguida. Es el llamado enfoque punitivo y prohibicionista que, dicho sea de paso, es el que suscriben tanto la ONU como la mayor parte de los gobiernos.

A este respecto, se ha señalado correctamente la ineficacia del enfoque punitivo. La prohibición no ha contribuido a reducir el consumo de drogas y, por el contrario, su demanda ha estimulado el surgimiento de un boyante mercado negro dominado por poderosas organizaciones criminales. A pesar de la gran cantidad de recursos canalizados a hacer valer las prohibiciones, los costos de la política prohibicionista superan con claridad los resultados, principalmente por la espiral de violencia desatada. No se han abatido las bandas criminales y, tal como sucede en México, las cárceles están saturadas de personas acusadas principalmente por la posesión y el consumo de dosis mínimas.

Con todo, es preciso subrayar que si bien la ineficacia de las acciones punitivas y su costo creciente dan cuenta de lo errado del enfoque, tampoco se debe considerar que, como por arte de magia, la despenalización de una determinada sustancia vaya a traducirse en la reducción de la violencia y en la desaparición de los grupos criminales. Como lo ilustra la experiencia de Estados Unidos, una vez que se levantó la prohibición del alcohol, en muchos casos, las mafias migraron a otros negocios igualmente lucrativos e ilegales. En otras palabras, la conformación de grupos criminales no tiene que ver con una vertiente particular de negocio prohibido, sino con las oportunidades que brindan la corrupción y la impunidad para desplegar una amplia gama de actividades ilícitas.

Las drogas plantean también un problema de salud pública. Se aduce que la marihuana y otras drogas suaves son relativamente inocuas (en todo caso, no más dañinas que, por ejemplo, el tabaco o el alcohol) y poco adictivas. Pero ello no implica desconocer que su uso excesivo sí puede provocar daños a la salud y adicción, tal como pueden hacerlo el alcohol y el tabaco.

En todo caso, lo importante es entender el problema no como un asunto de violación a la ley, sino como uno de salud pública, en el que deben prevalecer los criterios de focalización de recursos y esfuerzos a tareas educativas e informativas, así como en el tratamiento a los adictos y el combate a las adicciones.

De igual manera, debe subrayarse que algunas drogas pueden tener propiedades que las hacen aptas para producir fármacos eficaces, de tal suerte que su prohibición puede implicar cancelar opciones terapéuticas. En este sentido, es emblemático el caso de los opiáceos que son indispensables para una amplia gama de tratamientos paliativos para enfermos terminales. Y lo mismo se puede afirmar en relación con la marihuana de la cual se extraen sustancias que pueden funcionar como analgésicos o para aliviar las secuelas del tratamiento contra el cáncer. Debido al cada vez mayor número de casos de pacientes que demandan el acceso a estos fármacos y las reiteradas negativas de la autoridad, todo parece indicar que está muy próxima a abrirse una nueva veta de solicitudes de amparos bajo el argumento de que la prohibición va en contra del derecho a la salud.

Por su parte, el enfoque de derechos parte de una perspectiva liberal. Se refiere a la libertad de elección frente a las posturas paternalistas que consideran que el Estado conoce lo que es mejor para los ciudadanos y debe, por tanto, velar por su bienestar. La ponencia del ministro Zaldívar se ubica en esta vertiente. Su gran mérito es que no entra a discutir acerca de si la marihuana hace o no daño a la salud ni, mucho menos, si una posible despenalización contribuiría a reducir los niveles de violencia. Se limita a señalar que todo ciudadano tiene el derecho al ejercicio de su libertad y al desarrollo de su personalidad siempre y cuando no afecte los derechos de terceros. En otros términos, se adopta una postura garantista de los derechos humanos en clave liberal.

En resumen, el tema ya se instaló en la agenda del debate público y, en consecuencia, el margen de maniobra para eludirlo será cada vez más estrecho. Más aún, las tendencias mundiales apuntan en esa dirección y en el seno mismo de la ONU y otros organismos multilaterales se multiplican las voces que demandan la adopción de un nuevo enfoque para enfrentar la problemática de las drogas.

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