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La identificación silenciosa en la Ley Antilavado

La identificación silenciosa en la Ley Antilavado
septiembre 24
09:16 2018

El tema de las actividades vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (en adelante Ley Antilavado) ha sido sumamente comentado, al igual que las operaciones sujetas a la restricción de efectivo, siendo estas últimas el tema de análisis del presente artículo.

Para ser preciso, se refiere a los actos u operaciones enunciados en el Artículo 32 de la Ley Antilavado, cabe resaltar que dichos actos u operaciones se encuentran en el Capítulo IV “Del uso de Efectivo y Metales”, el cual es diverso del referente a las actividades vulnerables, por lo tanto, contiene sujetos y obligaciones distintas del último mencionado y debe analizarse por separado respecto de estas características.

Dicho lo anterior, se procederá al desmembramiento del capítulo en mención.

I. Sujetos del Capítulo IV “Del uso de Efectivo y Metales”

Conforme al primer párrafo y correspondientes fracciones del Artículo 32 de la Ley Antilavado, se puede señalar como sujetos de este capítulo aquellas personas físicas o morales que realicen cualquiera de los actos u operaciones siguientes:

  • Constitución o transmisión de derechos reales sobre inmuebles.
  • Transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre vehículos nuevos o usados ya sean aéreos, marítimos o terrestres.
  • Transmisión de propiedad de relojes, joyería, metales preciosos y piedras preciosas ya sea por pieza o por lote y de obras de arte.
  • Adquisición de boletos que permitan participar en juegos con apuesta, concursos o sorteos, así como la entrega o pago de premios por haber participado en dichos juegos.
  • Prestación de servicios de blindaje para cualquier vehículo nuevo o usado ya sean aéreos, marítimos o terrestres o bien, para bienes inmuebles.
  • Transmisión de dominio o constitución de derechos de cualquier naturaleza sobre los títulos representativos de partes sociales o acciones de personas morales.
  • Constitución de derechos personales de uso o goce de cualquiera de los bienes referentes a inmuebles, vehículos aéreos, marítimos o terrestres, y vehículos o inmuebles blindados.

Como se observa, es sobre estos actos u operaciones en los que recaen los marcos de restricción, pero es claro que estas no requieren tener la característica de actividades vulnerables ya que el primer párrafo del artículo 32 de la Ley Antilavado no menciona que la restricción fuera puramente para ellas, ejemplo de lo anterior, se observa el acto de transmisión de acciones las cuales no son una actividad vulnerable, y solo se enuncia en una de ellas “fe pública”.

II. Condicionante

Dentro de este punto, se encuentra la restricción a la utilización del efectivo y metales preciosos como forma de cumplimiento de obligaciones ya sea mediante la liquidación o pago, así como la aceptación de los mismos, no se reproducirán los umbrales señalados en las fracciones del artículo 32 de la Ley Antilavado ya que no es tema de análisis para el presente artículo.

Pues bien, este apartado solo denota una condición como ha estipulado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el cual no existe restricción en la operación, solamente en la modalidad de cumplirse las obligaciones, por ello se resalta que las limitantes señaladas son formas de cumplimiento de las obligaciones de los actos u operaciones listado previamente.

III. Identificación

Si bien, los artículos 32 y 33 de la Ley Antilavado requieren un análisis de mayor amplitud, es cierto que en la mayoría de las exposiciones o textos escritos la importancia al abordar el capítulo radica únicamente en la restricción al uso de efectivo y metales como medio de cumplimiento de la obligación de liquidación o pago culminando hasta este punto las menciones, olvidando así el proceso de identificación estipulado en el artículo 33.

Los primeros 2 párrafos del artículo 33 hacen mención a las obligaciones de los Fedatarios Públicos para un proceso de identificación de cualquier acto u operación enunciado en el artículo 32, resaltando que asigna un umbral distinto para las restricciones del uso de efectivo señalando que deberán identificar la forma en la que se paguen las obligaciones que de ellos deriven cuando las operaciones tengan un valor igual o superior al equivalente a 8,025 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

El punto de atracción para la generación del presente escrito estriba en lo señalado en el último párrafo del Artículo 33 de la Ley, con la siguiente mención:

En los casos distintos de los señalados en el párrafo anterior, los demás actos u operaciones a que se refieren las fracciones II a VII del artículo anterior deberán formalizarse mediante la expedición de los certificados, facturas o garantías que correspondan, o de cualquier otro documento en el que conste la operación, y se verificarán previa identificación de quienes realicen el acto u operación, así como, en su caso, del Beneficiario Controlador. En dichos documentos se deberá especificar la forma de pago y anexar el comprobante respectivo.

Teniendo en consideración que los umbrales de restricción son características y, por tanto, se puede presumir que los actos u operaciones referidos (Artículo 33 de la Ley Antilavado) de las actividades no vulnerable, previamente enlistados, al no existir un límite para ser acto u operación (Artículo 32), cualquier acto descrito es sujeto a cumplir con los procedimientos de identificación enunciados.

A manera de ejemplo, se puede decir que cualquier persona física o moral que lleve a cabo arrendamiento de bien inmueble por un valor menor de las 1,605 UMA (no siendo vulnerable) deberá contar con los requisitos siguientes según el texto transcrito:

  1. Formalización del acto u operación mediante expedición de certificado, factura o garantía que correspondan o de cualquier otro documento en el que conste la operación.
  2. Lo anterior previa Identificación de quienes realicen el acto u operación.
  3. Identificación en su caso del beneficiario controlador.
  4. En los documentos mencionados deberá especificarse la forma de pago y anexar el comprobante respectivo.

Como se muestra, para los actos o actividades del primer apartado, no importando el monto por el que se hayan realizado, existe de forma directa un proceso de identificación y formalización del acto jurídico el cual no ha sido abordado o analizado por los expertos, siendo necesario un punto de mayor análisis ya que debemos recordar que el incumplimiento de cualquier de los puntos de identificación que han sido enlistados es un tema que puede repercutir en multa equivalente para este ejercicio a la cantidad de $161,200.00 a $806,000.00, por expediente que se debió integrar, estos importes acordes a lo señalado en el Artículo 53 Fracción V, correlativo con el Artículo 54 Fracción II.

Finalmente, y como un argumento más a lo expuesto, es de resaltar que la multa es distinta a la enunciada por no respetar las restricciones al uso de efectivo, por lo que se debe poner atención a la obligación de identificación de este capítulo y no solo al referente de actividades vulnerables.

 

L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías
Integrante de la Comisión de PLD del Colegio
carlos.perez@cydconsultores.mx

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