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La Ética Económica y el Lavado de Dinero (Segunda parte)

La Ética Económica y el Lavado de Dinero (Segunda parte)
julio 23
10:38 2015

DERECHO DE PROPIEDAD

La función social de la propiedad significa que debe adecuarse al bien común. Esto es así porque Dios dio al género humano lo que se denomina derecho natural primario; es decir, los bienes en común para que sean utilizados en favor de todos los hombres. Posteriormente, se deduce que la única forma de cumplir el precepto del destino común de los bienes es a través de la propiedad privada, sobre los bienes de consumo y de producción. Esto se conoce como derecho natural secundario porque es conveniente para cumplir los fines individuales de la vida y los fines sociales de la cultura.

La importancia del derecho de propiedad se basa en su legitimidad, formalidad y garantía jurídica, mediante la comprobación notarial de los documentos que acreditan la pertenencia material o su relación en busca de la respetabilidad, comprensión y admiración dentro de las comunicaciones y conductas de aceptabilidad social.

PROPIEDAD PRIVADA

Los fundamentos en razón de la naturaleza de la persona individual, por citar algunos, son los siguientes:

  • La responsabilidad de la persona en sus tareas vitales, el principio de subsidiariedad, excluye la propiedad comunitaria como modo general de organización de la sociedad.
  • El impulso de desarrollo vital creador, propio de la naturaleza humana, no se puede satisfacer sin la institución de la propiedad privada.
  • El hombre siente una inclinación a preocuparse por el futuro para asegurarse una cierta independencia y seguridad a través del ahorro de imprevistos.
  • La familia, domicilio, economía y educación requiere de propiedad privada.

Los fundamentos de la propiedad privada en razón de la naturaleza social del hombre son:

  • Permite la paz social, al delimitar claramente lo mío y lo tuyo.
  • Asegura y optimiza los bienes escasos porque se tiene en ellos un interés personal.
  • Traduce al mercado en una fuerza que vincula inmediatamente a persona y sociedad. Por el contrario, la propiedad comunitaria solamente puede suministrar los bienes mediante almacenes surtidos y atendidos por el Estado.
  • Influye en una estructuración natural del cuerpo social, en la forma que señalamos al estudiar el principio de subsidiariedad y el bien común. Con la propiedad común y economía centralmente planificada, solo hay trabajo dependiente.
  • Garantiza las libertades sociales. Si las personas dependen totalmente en lo material del Estado, trae consigo un reparto de fuerzas en la sociedad en busca del bien común.

LA INICIATIVA PRIVADA Y EL BIEN COMÚN

De acuerdo con la afirmación del derecho a la propiedad, de los medios de producción se desprende el respeto a la libre iniciativa. La libre iniciativa privada es claramente necesaria para el logro del bien común, y así lo ha reconocido la doctrina social de la Iglesia. Pero dicha libre iniciativa no puede implicar libertad para cualquier cosa, debe ser regulada. La clave de la cuestión es que dicha regulación no anule el derecho de propiedad, para lo cual, a su vez, debe dilucidarse cuál es la esencia del derecho de propiedad.

Como se ve, en el mercado se logran satisfacer las necesidades prioritarias de los consumidores con el menor costo posible. Por el lado de la oferta, porque el deseo de ganancia lleva al empresario a producir bienes de la misma calidad a menor costo o bienes de calidad superior a igual costo que el valor medio de cambio.

En materia económica tenemos fundamentalmente dos posibilidades, a pesar de todos los matices que puedan tener. Podemos optar por una economía centralmente planificada, con propiedad colectiva de los medios de producción, o por un sistema económico de mercado, con propiedad privada. Solo este último es compatible con la doctrina social de la Iglesia, pues permite el logro del bien común y del principio de subsidiariedad, como vimos.

En la regulación del mercado, el Estado debe crear los presupuestos necesarios para que se produzca un control eficaz que emane en lo posible de las propias fuerzas del mercado. Ahora bien, cuando una empresa obtiene sus beneficios debido a protecciones y privilegios especiales (intervencionismo), y no por su eficiencia en servir a los consumidores (como propone la economía del mercado), se está atentando contra el bien común, por lo que prevalece un determinado interés particular o sectorial, el cual es un falso o aparente bien.

Es importante señalar que del destino común de los bienes se desprende que debe compartirse con los demás en sus necesidades con aquello que nos queda luego de satisfacer convenientemente a las necesidades propias y al decoro. Pero este es un deber de caridad y justicia que no puede exigirse por ley, pues en caso contrario daríamos al Estado control sobre la propiedad y sobre las conciencias. En todo caso, podemos afirmar que con solo usar honestamente los bienes se está cooperando al beneficio común, por lo que es de por sí un acto de caridad realizar una buena inversión.

EL DINERO

El dinero es el medio de cambio generalmente usado en una comunidad de pagos para sus operaciones de compra y venta. Sus funciones principales en las transacciones se dan a través de los bancos y uso de la tecnología electrónica por Internet, entre ellas son:

  1. De mediador general de cambio, pues facilita el cambio indirecto, al permitir independizar las operaciones de compra y de venta, lo cual permite la división del trabajo, básica para lograr un desarrollo económico aceptable.
  2. Sirve como medio de comparación de valores y medida de valor de los bienes y es por lo mismo imprescindible para el cálculo económico.
  3. Facilita el ahorro y permite realizar negocios futuros sobre la base del cálculo monetario.
  4. Influencia del dinero en los sucesos económicos fundamentalmente importantes. Desde el punto de vista del consumidor, permite una participación en el producto social determinada individualmente, pues cada uno puede comprar aquello que desee en la forma y tiempo que prefiera.

El cumplimiento de todas estas funciones presupone la estabilidad de la moneda, la cual es, por lo tanto, un requisito básico de la ética del dinero, pues sin ella se hace muy difícil el logro del bien común económico y de la justicia social.

El valor del dinero depende fundamentalmente de la cantidad de dinero en circulación en relación con el volumen de los bienes a vender con ella (también de la velocidad de circulación del dinero, factores psicológicos, del uso de sustitutos del dinero, etcétera). Por ello es requisito primordial de una política monetaria sana que se respete el principio de la escasez relativa del dinero y, por consiguiente, la invariabilidad de su valor, pues si no se ocasionarían alzas o bajas constantes en el nivel de precios, con la consiguiente inflación o deflación.

Ambas son manifiestamente injustas y tienen gravísimas consecuencias para la sociedad económica. Sus efectos se pueden enjuiciar tanto a partir del individuo como a partir de la comunidad o, lo que es lo mismo, desde el punto de vista de la justicia conmutativa o de la justicia social.

Para comprender lo grave de estas alteraciones del valor de la moneda sobre el individuo, basta con citar las palabras del profesor Irving Fisher: “Todo periodo de inflación tiene consecuencias trágicas para los acreedores, incluyendo los titulares de ahorros, mientras que todo período de deflación acarrea también trágicas consecuencias para los deudores, así como para los campesinos, los hombres de negocios y los accionistas. El asalariado pierde en los dos casos: en la inflación, a causa del alto costo de la vida que rebasa el alza de los salarios y, en la deflación merced al paro. En sus efectos generales, la inflación y deflación dañan a todas las capas sociales, ya que influyen negativamente, en mayor o menor medida, en la coordinación de las partes en el mecanismo económico”.

LA BOLSA DE VALORES

Encargada de brindar facilidades para que las empresas hagan los mandatos de sus clientes, introduzcan órdenes y realicen negociaciones de compra y venta de valores en acciones, bonos e instrumentos de inversión. La negociación de los valores en los mercados bursátiles se hace tomando como base unos precios conocidos y fijados en tiempo real, en un entorno seguro para la actividad de los inversores y en el que el mecanismo de las transacciones está totalmente regulado, lo que garantiza la legalidad, la seguridad y la transparencia en la rendición de cuentas.

Las bolsas de valores fortalecen los mercados de capitales y el desarrollo financiero en la mayoría de los países del mundo. La bolsa de valores, de manera complementaria en la economía de los países, intenta satisfacer cuatro grandes intereses:

  • Empresa: puede colocar sus acciones en el mercado y ser adquiridas por el público para obtener financiamiento para cumplir sus fines y generar riqueza.
  • Ahorradores: porque éstos se convierten en inversores y pueden obtener beneficios gracias a los dividendos que les reportan sus acciones.
  • Estado: porque también en la Bolsa dispone de un medio para financiarse y hacer frente al gasto público para nuevas obras y programas de alcance social.
  • Contra el lavado de dinero: a riesgo de que los encarcelen, de forma indebida bajo esquemas de ocultamiento y fundamentación maquinada para dar explicación dentro del sistema financiero, actualmente ya se les impone un impuesto a las ganancias, antes no.

Otro dolor de cabeza son las consecuencias de inflación y deflación para la comunidad, estas dañan todas las capas sociales, ya que influyen negativamente en la coordinación dentro del mecanismo entero de la economía.

En efecto, la inflación está acompañada de un incremento en la demanda y, por ello, en los precios, lo que deriva en la exigencia de salarios más altos por parte de los sindicatos, al mismo tiempo que se requieren inversiones más elevadas de las empresas. Asimismo, los bancos están dispuestos a la concesión de créditos gracias a las posibilidades de altos beneficios, lo que ocasiona un nuevo incremento en la demanda, una nueva alza en los precios, etc., así como nuevas exigencias de salarios producen la denominada “espiral inflacionaria”. Luego de un auge momentáneo la situación se hace muy difícil, sobre todo cuando desaparece la confianza en el sistema monetario.

Se llega al caos económico debido a que los factores de producción fueron dirigidos equivocadamente porque el dinero falló como medida de valor e instrumento de cálculo económico a causa de las alteraciones de su valor, ya que, gracias a ello se crearon aparentes posibilidades de inversión productiva de capital y de trabajo que finalmente resultaron engañosas.

En la deflación, en cambio, la mercancía producida no se vende debido a la disminución del volumen de dinero y del poder adquisitivo. Esto provoca disminuciones en los precios, limitación de la producción y, con ello, un gran aumento en la desocupación.

Tanto en la inflación como en la deflación la causa radica en el cambio del valor del dinero; el cálculo y la planificación del empresario suponiendo una determinada demanda resultaron ilusorios.

EL CAPITAL

Se dice que es el resultado de un trabajo hecho anteriormente, dedicado no al consumo, sino a la producción de bienes, que es empleado y reproducido en esa producción. Los bienes de producción mismos son el capital real y el excedente de los ingresos necesarios para producir el capital nominal, que es la forma monetaria del capital. Ambas formas del capital nacen por una renuncia al consumo.

Por lo tanto, el ahorro es necesario para lograr el desarrollo económico a través de la formación de capital y la inversión, ya que se atenta contra la justicia social con el despilfarro. Los bienes de capital son siempre escasos y por eso la utilización del capital se somete a la regla de la formación de precios. El precio por la utilización de capital es el interés. Quien pone el capital debe incluir en su cálculo económico dicho precio.

El que pone el capital siempre corre el riesgo de que por cualquier circunstancia imprevista la empresa no tenga el éxito económico previsible al ponerlo; de este riesgo del capital depende en gran parte el progreso económico social.

De la economía del capital se desprenden para la ética económica tres cuestiones:

  1. La inversión del capitales una obligación social de la gran propiedad monetaria aumentar la demanda de fuerzas de trabajo y el desarrollo económico, pues el dinero, si no se usa, no sirve de nada. Atentaría contra este principio la acumulación de dinero por aquellos que están en posición de invertirlo y la transferencia de capitales al extranjero en el caso de países en vías de desarrollo como el nuestro.
  2. La formación del capital es indispensable para el desarrollo económico-social, mediante el mejoramiento de la tecnología y la investigación. Por ello podemos decir que atenta contra la justicia social el empresario que no reinvierte por ejemplo, porque utiliza sus beneficios en lujos en lugar de emplearlos en mejorar las maquinarias de la empresa. Faltan también a sus deberes de justicia social los sindicatos que practican una política de salarios que obstaculice la necesaria formación de capitales, o el gobierno, cuando con políticas de impuestos perjudique la formación de capital, si utiliza sus beneficios de tal modo que frene la productividad.
  3. Es también de gran importancia para la ética económica lo que se refiere a la clase de gastos del capital. La justicia social exige al fabricante atender, en la utilización del capital, a las auténticas necesidades y no utilizar las bajas pasiones o, a través de la propaganda, crear necesidades falsas. 

EL CRÉDITO

Es un préstamo para adelantar la utilización del capital contra amortización mediante los beneficios a obtener. La concesión de crédito se fundamenta en la confianza que tiene el prestamista en la capacidad del empresario para pagar la deuda contraída, para lo cual exige garantías reales o personales.

Desde el punto de vista de la ética económica, nos interesa el tema de la amplitud del crédito, pues de ella depende en gran medida el desarrollo económico, el cual exige su mayor utilización posible, y por lo tanto la creación de puestos de trabajo y el aumento de los ingresos.

En cuanto a las formas del crédito, éstas deben corresponder a las auténticas necesidades de las diversas ramas de la economía. Principalmente se debe fomentar el crédito a largo plazo, que es el que se utiliza en la inversión, fundamental para el desarrollo económico, y los créditos a los pequeños empresarios, que permiten una mayor difusión de la propiedad y sus beneficios.

Por último, es necesario dirigir el crédito hacia aquellas ramas de la producción que tienen grandes dificultades y son necesarias para el logro del fin social de la economía. El logro de todos estos objetivos se puede obtener mediante políticas económicas coherentes al efecto.

EL INTERÉS

Es el precio pagado por la utilización de capital. La productividad económico-social depende de la inversión de capital, por ello quien pone el capital tiene derecho a una participación en el mayor rendimiento deseado.

El interés tiene la misma función de selección que tiene el precio de los bienes, pues solo permitirá solicitar créditos a aquellos inversionistas cuyo beneficio eventual sea superior a la tasa que deben pagar por percibir el crédito; por esto, solo los proyectos de mayor rentabilidad tendrán acceso a la obtención del crédito, lo cual va en beneficio del interés general económico. Es decir, el interés fomenta la formación y guía la utilización del capital.

La justificación de los ingresos privados por concepto de intereses depende de la justificación moral de la propiedad privada sobre los medios de producción, que ya analizamos. La razón de los intereses, por un lado, se pretende que se pueda vivir de ellos bajo una tasa moderada que indica el precio del dinero como el sobre precio del capital, por otro lado, que se vuelva un modus vivendi para que siempre se pague dentro de los límites de la justicia del interés como un precio por la productividad económico-social de capital, como un derecho de plusvalía.

El interés como precio por la utilización de capital está determinado por la oferta y demanda del mismo, que depende de múltiples factores. Lamentablemente en la mitad de la segunda década del siglo XXI, las tasas más altas se le cobran a la gente de más bajos recursos. Por un lado, la usura está prohibida penalmente, por otro lado, el Estado la permite por ser libre mercado, que al final tiene cierto sentido el riesgo de los capitales porque efectivamente muchas de las veces, esos créditos no se pagan o los acaban pagando los fiadores o avales.

La oferta y demanda en el mercado de capitales también afecta a las naciones, por ejemplo, cómo explicar que los países más ricos son los que deben más y, por lo tanto, la constitución de un interés económico socialmente adecuado y éticamente justo puede ser influenciada, además, por la tendencia de ambas partes al monopolio preestablecido por acuerdos.

La necesidad de préstamos de más del 90 por ciento de los seres humanos es selectiva sobre garantías y tasas impositivas, ya que establece las condiciones de crédito y de los tipos de interés, y trata de obtener beneficios extraordinarios a costa de la economía productiva, con lo que se convierte en un medio de usura social.

Los monopolios en la industria actúan represivamente por el lado de la demanda del mercado de capital, pues tienen por consecuencia estrechar las posibilidades de inversión de capital en su rama de producción y, por lo mismo, en el ámbito total de la economía. Por lo que podemos deducir que si un productor tiene éxito deberá enfrentarse al pago de intereses, pago de impuestos y contribuciones locales y federales, reparto de utilidades, prestaciones sociales, derechos de piso, secuestro, extorsión, corrupción, robo, infracciones, asaltos y competencia desleal por la complacencia del mercado informal.

EL LAVADO DE DINERO

  • El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estimó que el valor promedio del lavado de dinero en México entre el segundo trimestre de 1993 y el mismo periodo del 2009 equivalió a 1.688% del Producto Interno Bruto (PIB).
  • La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 28.5 millones de reportes de operaciones con sospechas de estar vinculadas con el lavado de dinero entre mayo del 2004 y mayo del 2009.
  • Algunos analistas refieren que en México se lavan diez mil millones de dólares al año.
  • El lavado de dinero consiste en hacer que los recursos obtenidos a través de acciones ilícitas aparezcan como la ganancia de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero.
  • Entre los delitos asociados con el lavado de dinero están: tráfico de drogas o estupefacientes, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, prostitución, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo, entre otros.
  • El Instituto Basilea (Basel Institute on Governance) publica cada año una clasificación que evalúa a los diferentes países de acuerdo con el riesgo de que se lleve a cabo lavado de dinero, con una escala de 10 (alto riesgo) a 0 (bajo riesgo). La medición de 2014 analizó 162 países de los cuales Irán (8.56), Afganistán (8.53), Camboya (8.34), Tayikistán (8.34) y Guinea Bissau (8.25) tienen los indicadores más altos. En contraste, los más bajos son: Bulgaria (3.83), Lituania (3.64), Eslovenia (3.38), Estonia (3.27) y Finlandia (2.51). En este índice México se ubica en una posición de riesgo intermedio (5.40), similar a la de países como Italia o España.
  • De 2006 a 2014 la Procuraduría General de la República (PGR) reportó dos mil 224 probables responsables detenidos por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previstos en el artículo 400 bis del Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. De esta cifra, 734 fueron consignados con delito. El lavado de dinero permite disfrazar el origen de dinero procedente de diversos delitos con el fin de ingresarlo al sistema financiero, lo que promueve fraude y corrupción, además de afectar la economía.

Con el fin de contrarrestar los efectos de este ilícito, en México se aprobó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en julio de 2013, por lo que este documento analiza la situación actual y asignaturas pendientes acerca del blanqueo de dinero en nuestro país.

  • Las entidades federativas con mayor número de averiguaciones previas en el fuero federal por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita durante 2006-2014 fueron: áreas centrales de la PGR (1,942); Sinaloa (396); Baja California (203); Sonora (176); Tamaulipas (136), y Jalisco (109). En contraste, los estados con menor cantidad fueron Durango (6); Hidalgo (6); Baja California Sur (5); Tlaxcala (5), y Nayarit (4).
  • La cantidad anual de averiguaciones previas iniciadas en el fuero federal por el periodo 2006-2014 el que tuvo un mayor registro fue 2012, con 528 casos, lo que representó 14.5% de este intervalo de tiempo; le siguió 2008 con 481, y 2011, que arrojó 477.
  • La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) precisó que durante 2014 se registraron cerca de 114 mil operaciones inusuales, cifra mayor en 38 mil 500 al cierre de 2013 (75, 468).
  • México cumple satisfactoriamente con 24 de las 40 Recomendaciones en materia de Lavado de Dinero, lo que lo ubica por encima del promedio de los países miembros del Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero (GAFI).
  • De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional la suma total de fondos “blanqueados” en el mundo podría variar entre dos y cinco por ciento del producto interno bruto mundial.
  • El lavado de dinero afecta a la economía mundial debido a que puede alterar los precios de diferentes bienes y servicios, lo que ocasiona distorsiones a la libre competencia, pérdidas de empleos y merma de crecimiento económico.
  • Las principales actividades usadas por los delincuentes para el lavado de dinero son operaciones, sospechas o excedentes de cierta cantidad de efectivo en casinos (físicos y virtuales), agentes de bienes raíces, comerciantes de metales y piedras preciosas, abogados, notarios, otros profesionales jurídicos y contadores independientes, proveedores de servicios fiduciarios y de compañía, entre otros.
  • El Grupo de Acción Financiera sobre el lavado de dinero es una organización internacional que combate este ilícito. Dicha instancia informó en febrero de 2014 que los países con mayor vulnerabilidad en este delito son Irán y Corea del Norte (lista roja). Por su parte Argelia, Ecuador, Etiopía, Indonesia, Myanmar, Paquistán, Siria, Turquía y Yemen están clasificados en la lista negra. Finalmente Afganistán, Albania, Angola, Argentina, Camboya, Cuba, Iraq, Kenia, Kuwait, Kirguizistán, Laos, Mongolia, Namibia, Nepal, Nicaragua, Papúa Nueva Guinea, Sudán, Tanzania, Uganda, Tayikistán y Zimbabue están en la lista gris. (Lavado de dinero en México: alcances y retos pendientes)
  • 131 países integran el Grupo Egmont, que aglutina a igual número de Unidades de Inteligencia Financiera en el mismo número de países del mundo.
  • En México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Procuraduría General de la República (PGR) son las instituciones encargadas de prevenir y combatir el lavado de dinero.
  • La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) entró en vigor el 17 de julio de 2013. Tiene la finalidad de recabar elementos útiles para investigar y perseguir los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como desarticular las estructuras financieras de las organizaciones delictivas y evitar que se financien con esos recursos.
  • En la legislación mexicana el lavado de dinero se encuentra tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal como el delito de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita” y se contempla dentro del catálogo de delitos graves de conformidad con el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, por afectar valores fundamentales de la sociedad.
  • Algunas voces afirman que con el fin de erradicar este ilícito se necesita más enjuiciamientos a personas que infringen la ley, y no a nivel de narcotraficantes, sino a quienes cometen este tipo de delitos, como fraudes y corrupción.
  • Entre las medias puestas en marcha para evitar el blanqueo de dinero en México están la limitación del uso de efectivo para la compra de bienes inmuebles, automóviles, tarjetas prepagadas, apuestas, sorteos, concursos, alhajas, relojes, metales preciosos, obras de arte y donativos, entre otros.

EXTINCIÓN DE DOMINIO

Existen diversos países donde aún no incorporan a su legislación la extinción de dominio, aunque derivado de la comisión de un delito aplican algunas figuras como el decomiso, el comiso, o la confiscación de bienes, por mencionar algunos. El propósito será la reparación del daño a víctimas o a favor del Estado, a través de institutos que se encarguen de distribuir el producto obtenido de los mismos para causas determinadas.

La figura de las leyes que encaminan al derecho comparado internacionalmente tienen sus acuerdos basados en:

  1. El delito de enriquecimiento ilícito.
  2. Las conductas ilícitas en perjuicio del Tesoro Público, que correspondan a:
  • Peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, de contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados a moneda.
  • Ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico.
  • Hurto sobre efectos y enseres destinados a seguridad y defensa nacionales.
  • Delitos contra el patrimonio que recaigan sobre el Estado, evasión y defraudación fiscal.
  • Utilización indebida de información privilegiada.
  • Utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva.
  1. Las de grave deterioro de la moral social. En ese sentido la Ley señala que se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social las que atenten contra:
  • La salud y la seguridad pública, así como los recursos naturales y el medio ambiente.
  • El orden público, económico y social, así como su régimen constitucional y legal.
  • El secuestro, la extorsión, el proxenetismo o trata de personas.
  • El tráfico de inmigrantes, drogas y armas.

De esta manera notamos que en comparación con México, la ley colombiana es mucho más extensa en cuanto al catálogo de delitos de los que puede derivar la extinción de dominio lo mismo que se observa con Guatemala, Honduras y Perú, ya que en México se limita a cinco: secuestro, robo de vehículos, delincuencia organizada, trata de personas y delitos contra la salud, aún y cuando derivado del delito de delincuencia organizada se pueden desprender otros como los ya específicamente mencionados.

 También destaca la naturaleza de la extinción de dominio, la cual es eminentemente civil, al señalar la propia Ley que la acción de extinción de dominio de que trata es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos, estableciendo que dicha acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe exentos de culpa, y de presentarse vacíos en la Ley solo se aplicará de manera supletoria las reglas del Código de Civil.

Un punto que es relevante de esta Ley es la retribución que se contempla otorgar al particular que denuncie de manera eficaz o que en forma efectiva contribuya a la obtención o aporte de evidencia para la declaratoria de extinción de dominio, de hasta el 5% de lo que el Estado obtenga por la liquidación y venta de tales bienes o del valor comercial de los mismos, cuando el Estado los retuviere para cualquiera de sus órganos o dependencias.

Al igual que en México se cuenta con un fondo, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, cuyos bienes, el producto de su venta y su administración, así como los recursos objeto de extinción de dominio se destinarán para fines de inversión social; seguridad y lucha contra la delincuencia organizada; rehabilitación de militares y policías heridos en combate; cofinanciación del sistema de responsabilidad penal adolescente; infraestructura carcelaria; fortalecimiento de la administración de justicia, y funcionamiento de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Asimismo, se observa que con relación a la reparación del daño a víctimas del delito, Colombia cuenta con el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el cual estará a cargo en su administración, de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional.

 CONCLUSIÓN

Todos los profesionales responsables que tengan acceso a colocar recursos en el sistema financiero deberán tener una radiografía del posible seguimiento del dinero, para evitarse problemas. Si además de que se aplicara la ley a los recursos ilícitos, se aplicara una ley de sobrevivencia planetaria a los recursos excesivos, debería existir una ley que declare que los productos o usufructos financieros que excedan la proporción del enriquecimiento, más allá del sostén del cumplimiento de sus necesidades para darse una calidad de vida que satisfaga la mente, el cuerpo y el ser, con el fin de iniciar un beneficio con y por el bien común de una verdadera ética económica, lo que dé paso a inventar una especie de “Ley de Extinción de Dominio y Aportaciones Financieras Sociales de Equilibrio Planetario”.

Lamentablemente el chisme, la crítica malsana, el egoísmo, la hipocresía, la falsedad, la envidia y el rencor son anclas que detienen a todos los bien intencionados. Nadie quiere perder y les duele compartir bajo un esquema de justicia social, responsabilidad profesional y de consciencia ética financiera sustentable que permita dar otro sentido social para progresar y ayudar por el bien común. Lamentablemente no son suficientes las fundaciones que existen para atender, al menos en México, a más 40 millones de pobres.

C.P.C. Vicente Robleda Velázquez

Consultor en Ética y Responsabilidad Financiera Sustentable, Socio y columnista del Colegio de Contadores Públicos de México

cpcvicenterobleda@hotmail.com

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