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Administración de Riesgos

La dimensión del riesgo empresarial

La dimensión del riesgo empresarial
marzo 16
14:26 2018

El riesgo empresarial ha tenido un nuevo acompañante en nuestro marco normativo a partir de la creación de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, esto como parte del creciente derecho penal económico, concerniente a la limitación de la libertad en cuestiones económicas.

Debemos entender por derecho penal económico la infracción jurídico penal que lesiona o pone en peligro el orden económico entendido como regulación jurídica del intervencionismo estatal en la economía de un país[1]. Lo anterior, como consecuencia de las infracciones que, afectando un bien jurídico de carácter patrimonial, lesiona o pone en peligro la relación jurídica de la producción, distribución y consumo de bienes y servicios.

Desde la aceptación del derecho penal en la economía el problema de legitimidad se planteó de otra manera: en primer lugar, el derecho penal debe ser mantenido en el ámbito de la subsidiariedad, es decir, ser ultima ratio de la política económica; en segundo lugar, las garantías del principio de legalidad y de culpabilidad no tendrán que ser disimuladas.

Actualmente las tendencias han comenzado a cambiar y van acompañadas de una ampliación del campo de análisis del problema de la criminalidad empresarial, mediante la adaptación y capacitación de los integrantes y asesores de empresas en temas como el daño que la criminalidad económica produce a la empresa y a la prevención de estos.

La multiplicación de normas que regulan todos los ámbitos de actuación social es una característica del derecho en que el Estado Moderno afecta especialmente el campo de las actividades económicas. Las empresas son destinatarias de numerosas normas jurídicas de cierta complejidad y de todas las jerarquías cuya infracción determina consecuencias jurídicas en la forma de sanción (administrativa o penal) y de indemnizaciones, es decir, pérdida de derechos y, por regla, necesariamente de capital.

Por lo anterior, las actividades sociales se regulan actualmente por subsistemas normativos que, además, son de difícil comprensión para el sujeto que opera en determinado ámbito (empresario), lo cual ha generado una ceguera que no exonera de responsabilidad cuando existen diversos mecanismos para evitarla, mismos que requieren una severa modificación en la conceptualización de negocio o empresa planteando mecanismos de valuación de riesgos que dotaran a las empresas de un marco protector ante la determinación de responsabilidades.

La valuación referida requiere de conocimientos por parte de las personas que la llevarán a cabo, ya que se debe entender que los riesgos de carácter penal que enfrenta la empresa son realizados por personas con bastos conocimientos en los negocios, conocedoras de leyes, reglamentos y artimañas para eludir sanciones, influyentes por su poder corrupto, que tienen relaciones mundanas, políticas y con funcionarios en algunos casos.

Es comprensible entonces, que se haya modificado bajo estas circunstancias la apreciación del riesgo del negocio en las empresas, yendo más allá del riesgo económico y aceptando la generación de otros factores, como los que a continuación se ejemplifican:

 

Cuadro 1. Tomado de FERMA Estándares de Gerencia de Riesgo[2]

Adicionalmente, a los Riesgos descritos debemos considerar los propios de este texto, es decir, el riesgo de responsabilidades empresariales por incumplimiento de regulaciones legales, que pueden tener consecuencias tanto o más que desastrosas ya que el riesgo económico es visible en un sin número de casos. Desde esta perspectiva, la práctica del derecho penal económico podría ser mejor caracterizado como la aplicación de los problemas en los negocios y de la empresa con acento en sus aspectos preventivos, cuestión que comienza a suceder en marcos legales como el Sistema Nacional Anticorrupción, la llamada Ley Antilavado, marcos fiscales o de protección de datos personales por enunciar algunos.

La visión dada en el marco del Código Penal Federal y Código Nacional de Procedimientos Penales refiere una intervención preventiva del penalista más amplio que la habitual: no solo orientada a la defensa en un proceso penal, sino previa al proceso y a toda decisión económica jurídicamente controvertida, orientada, por lo tanto, a evitar el proceso dado el alto costo.

Es por ello que la responsabilidad jurídica de la empresa cuya prevención se refiere esta problemática son, consecuentemente, las resultantes de las infracciones de regulación jurídica de las actividades empresariales mediante leyes y reglamentos en cualquier ámbito de gobierno cuyas consecuencias jurídicas se concretan en sanciones, penales o administrativas o en indemnizaciones y como se observa en el cumplimiento de los marcos normativos, es excluyente para la empresa, de ahí que la cultura de la gestión de riesgos para el cumplimiento de las normas sea un nuevo aspecto que considerar en la dimensión de la empresa.

 

L.D. y M.D.F. Carlos Alberto Pérez Macías
Integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio
carlos.perez@capm.mx

 

[1] Hernández Quintero, H. (2006). Los Delitos económicos en la Actividd Financiera. Bogotá, Colombia: Ibañez.

[2] Federation of European Risk Management Associations. (2003). Estandares de Gerencia de Riesgos. Obtenido de www.ferma.eu

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