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La crisis de derechos humanos

La crisis de derechos humanos
noviembre 11
2015

Es un hecho inocultable que México vive una severa crisis en materia de derechos humanos. Desde luego, caben numerosos matices a esta afirmación, matices que son necesarios para entender la naturaleza de la problemática que se enfrenta. Con todo, es indispensable partir del reconocimiento de que la crisis existe y es grave.

No es gratuito el modo en que las organizaciones defensoras de los derechos humanos, los organismos multilaterales y la prensa internacional han señalado a México como un foco rojo en este terreno. La presión que ejercen sobre el gobierno mexicano es fuerte y va en aumento. El problema es que, en su agobio, el gobierno no ha sido capaz de ofrecer respuestas satisfactorias.

Ante todo, sobresale la ambigüedad de la postura gubernamental. Si bien es cierto que el gobierno se ha mostrado abierto al escrutinio internacional, es también evidente que no ha estado dispuesto a aceptar la crítica. Parecería que el gobierno invita a instancias independientes con la esperanza de que corroboren su versión de los hechos y den un espaldarazo legitimador a las acciones desplegadas en favor de los derechos humanos. Sin embargo, cuando los resultados de los trabajos de observación van en contra de lo que de ellos se deseaba, el gobierno descalifica.

Así sucedió en el caso del diferendo con la postura asumida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se podrá o no estar de acuerdo con algunas de las conclusiones de la CIDH, pero como acertadamente señala Luis Raúl González Pérez, el ombudsman nacional, si el gobierno accedió al escrutinio y reconoce “la jurisdicción universal de la ONU y del sistema interamericano sobre las garantías fundamentales, México se insertó en el concierto internacional, por lo que ahora se debe atender lo que le recomiendan”.

En realidad, la mayor parte de estas recomendaciones está en línea con muchos de los objetivos que el propio gobierno ha establecido en materia de derechos humanos. No es un despropósito recomendar el fortalecimiento de las procuradurías o la creación de instancias especializadas en la búsqueda de los miles de desaparecidos; tampoco lo es recomendar la definición de un calendario para el retiro paulatino de las fuerzas armadas de las labores de seguridad pública. Y, vale la pena subrayarlo, el propio gobierno suscribe estas propuestas y, en última instancia, las acata en su mayor parte. Por citar sólo un ejemplo, ya se creó una fiscalía especializada en la búsqueda de personas desaparecidas.

La interrogante es por qué el gobierno reacciona de manera tan visceral. Una primera respuesta se relaciona con el hecho de que, sobre todo en el plano internacional, la narrativa de la crisis de derechos humanos choca frontalmente con la narrativa del país de las oportunidades y las reformas estructurales. Una segunda explicación que no necesariamente contradice la primera, sino que incluso la contextualiza, apunta a que el gobierno no se ha abierto de buena gana al escrutinio internacional, sino que éste ha sido asumido como un precio a pagar.

En efecto, son ya reiterados los señalamientos en diversos medios respecto a que el gobierno, después de cabildear y presionar, logró que la CIDH desistiera de incluir a México en el grupo de los países que más violan los derechos humanos en el continente, grupo al que pertenecen Cuba, Venezuela y Honduras. A cambio, tuvo que aceptar el escrutinio y, con él, los duros juicios críticos.

Ciertamente, México no es equiparable con Cuba y Venezuela. Hay, como ya se señaló, una aguda crisis de derechos humanos. Pero ésta no es el fruto de una política de Estado orientada a acallar la disidencia, sino de las debilidades del Estado y de la persistencia de inercias que, pese a la transición democrática, no han podido ser revertidas. A este respecto, es preciso distinguir tres vertientes del problema:

  1. Aquellas violaciones a los derechos humanos que se inscriben en el contexto de la espiral de violencia que azota al país, del combate al crimen organizado y de la narcopolítica. Se trata de los casos más sonados, tanto por su gravedad como por sus implicaciones en el debate político-ideológico: tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extra judiciales.
  2. Aquellas violaciones menos visibles y que más afectan al ciudadano común y corriente en sus tratos con el sistema de justicia: la práctica extendida de la tortura como el método más socorrido de “investigación” policial, la falta de respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, la discriminación en la aplicación de la ley, amén de la negligencia y corrupción judiciales.
  3. Un caso aparte es el maltrato sistemático a los migrantes centroamericanos, a todas luces violatorio de sus más elementales derechos.

Las tres vertientes del problema representan la expresión más dramática del déficit de Estado de derecho que padecemos y que se evidencia en los inaceptable índices de impunidad en el país.

Precisamente por ello, cuando el Alto Comisionado de Naciones Unidas, en un gesto de distensión, reconoce los esfuerzos del gobierno en este rubro y elogia las distintas reformas legislativas que han tenido lugar, vuelve a poner el dedo en la llaga y subraya el fenómeno de la impunidad. En otras palabras, la postura de Naciones Unidas es reconocer que, en el papel, México ha avanzado, pero que, contrariamente a lo que buena parte de la clase política nacional parece pensar, no bastan las buenas leyes y los programas con objetivos irreprochables; lo que se requiere es que las nuevas leyes y las políticas públicas en verdad conduzcan a modificar una realidad que amenaza con socavar los cimientos del orden democrático que tanto trabajo ha costado construir.

De cara a esta problemática, se ha convertido en tema de debate si México requiere o no de la presencia permanente de instancias internacionales autónomas con capacidad de incidencia efectiva en la defensa de los derechos humanos. La reciente y exitosa experiencia de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala ha llevado a algunos comentaristas a sostener que en temas como derechos humanos y combate a la corrupción México necesitaría algo semejante.

Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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