Veritas Online

Entorno

La competencia y la legislación antimonopolios

La competencia y la legislación antimonopolios
septiembre 22
09:30 2016

A menudo se suele pensar en el mercado como un espacio neutral en el que los agentes económicos interactúan racionalmente y hacen un uso eficiente de los recursos escasos. El correlato de esta manera de ver las cosas es la idea de la política y de la acción de los agentes estatales como un mundo externo y ajeno al mercado. En realidad, lo cierto es que Estado y mercado, más que realidades antitéticas, son los referentes terminales de un continuum de recursos institucionales de que disponen las sociedades para enfrentar los desafíos que les plantea su propia reproducción.

Con base en esta premisa, cabe destacar la relevancia de las instituciones para la operación eficiente de los mercados. No solo en el sentido obvio de que los intercambios requieren de la existencia de un marco legal y de un conjunto de disposiciones que reconozcan y protejan los derechos de propiedad o que hagan valer los contratos. Es igualmente importante la idea de que la libre competencia, sin la acción reguladora y aun correctiva de la ley, tiende a autoaniquilarse.

En tanto la lucha competitiva da lugar a la destrucción de los jugadores menos exitosos o eficientes, los recursos productivos tienden a concentrarse en manos de los jugadores exitosos quienes, progresivamente, empiezan a disponer de argumentos competitivos superiores a los del resto de los jugadores y merced a los cuales obtienen ventajas competitivas que les permiten definir unilateralmente las condiciones y las reglas de operación del mercado en cuestión. Esta situación, que adicionalmente se ve reforzada por las imperfecciones de los propios mercados (por ejemplo, la imposibilidad de que todos los jugadores tengan igual acceso a la información relevante), da como resultado la conformación de monopolios.

Y precisamente por ello, e independientemente de las prescripciones de los modelos abstractos, en la práctica, el funcionamiento eficiente de la economía de mercado ha requerido de la acción complementaria del Estado. Como lo documenta la experiencia histórica, en aquellas naciones donde funciona una economía de mercado dinámica y eficaz en la asignación de recursos, existe también un Estado que, a través de una amplia gama de disposiciones legales y de procedimientos institucionales, establece un conjunto de reglas del juego destinadas a evitar la conformación de monopolios que atenten contra la sana competencia. Dicho en otras palabras, la acción normativa de la autoridad estatal hace las veces de salvaguarda de la propia economía de mercado.

En términos ideales, el objetivo central de la legislación es promover la “competencia justa” entre las empresas y, sin lugar a dudas, ha tenido un efecto importante en las prácticas empresariales y la reestructuración del sector industrial en los países donde se ha adoptado. Basadas en la premisa que el comercio libre beneficia tanto a consumidores, empresas y la economía en general, la ley prohíbe distintos tipos de restricciones comerciales, tales como los acuerdos (colusión) entre competidores, los acuerdos entre compradores y vendedores, así como prácticas monopólicas, entre las que se incluyen el abuso de una posición dominante y las fusiones. En el caso europeo se prohíben también las ayudas de Estado cuando estas dan lugar a ventajas que desnivelan el terreno de la competencia.

Resulta obvia la importancia de la competencia como mecanismo para la asignación eficiente de los recursos escasos y, por tanto, como fuente de beneficios para los consumidores (en materia de precios, de diversidad de opciones), así como incentivo para la inversión y la elevación del grado de competitividad de una economía. Como lo señalara Michael Porter (The Competitive Advantage of Nations), el pionero en el estudio de los factores que en la economía contemporánea determinan la competitividad de las naciones, la existencia de mercados competidos y el desarrollo de prácticas de negocios orientadas por los imperativos de la productividad y la calidad constituyen una de las principales ventajas competitivas con que una economía nacional debe contar para aspirar al éxito en los mercados globales de hoy en día. La exposición a la competencia es el principal incentivo para que la actividad económica se inscriba en una dinámica de innovación continua y de elevación de sus índices de productividad.

rainbow umbrella concept

El problema es que en México hay una amplia gama de sectores con un alto grado de concentración en donde la presencia de grandes jugadores externos está prácticamente ausente. En efecto, México sufre un rezago importante en materia de competitividad en virtud de que los mercados no funcionan de manera eficiente porque están supeditados y sujetos a las decisiones y prácticas de los grandes monopolios. De acuerdo con el más reciente reporte del Foro Económico Mundial, la economía mexicana se ubicó en la posición 57 entre 140 economías. Sin embargo, en relación con el pilar referente a la eficiencia de los mercados de bienes, el lugar que correspondió al país fue el 82.

Este fenómeno de concentración monopólica y de falta de competencia es particularmente grave en áreas susceptibles de ser definidas como estratégicas, ya sea por su ubicación en las cadenas de agregación de valor o por encontrarse en la vanguardia de la nueva economía del conocimiento: banca, cemento, transporte terrestre y aéreo, maíz industrializado y telecomunicaciones, entre las más visibles. En adición, cabría incluir otros dos fenómenos: en primer lugar, los impactos de la concentración en las actividades de intermediación, por ejemplo, en los casos de las medicinas y aun de la distribución de productos perecederos como frutas y legumbres; en segundo lugar, sobre todo en el ámbito de las grandes cadenas comerciales, la práctica consistente en la imposición de condiciones depredadoras a los proveedores, que es un caso típico de monopsonio u oligopsonio.

Ahora bien, fue en respuesta a esta problemática que se aprobó la reforma en materia de competencia económica, la cual entró en vigor después de su publicación el 11 de junio de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Dicha reforma fue el producto de un paulatino proceso incremental de fortalecimiento institucional y de ampliación de facultades para el combate efectivo a las prácticas monopólicas.

La idea es que gracias a esta reforma tenga lugar el fortalecimiento institucional de la Comisión. De hecho, según el propio gobierno de la República, después de la reforma, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) satisface una amplia gama de criterios que dan cuenta de su fortaleza institucional, tales como el estatus del jefe de la agencia, el estatus de su junta directiva, la relación de la agencia con el gobierno y el Congreso, su autonomía financiera y organizacional y su competencia regulatoria.

La fortaleza institucional de las agencias reguladoras independientes es clave para garantizar la libertad económica, así como para blindar las decisiones técnicas de los vaivenes asociados con la coyuntura política. Sin embargo, un exceso de independencia de las agencias reguladoras independientes sin que existan mecanismos que eviten la captura, no es necesariamente deseable, por lo que deben considerarse mecanismos de control que blinden a los reguladores de ser capturados por la industria regulada.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

A %d blogueros les gusta esto: