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La desaparición del IEEPO: Cambio de estrategia

La desaparición del IEEPO: Cambio de estrategia
octubre 01
2015

La sustitución del IEEPO por otra entidad es un golpe certero a la Sección 22. Se le arrebató el poder que ejercía a través de pagos, cargos, asignaciones, ascensos y descensos de cada maestro adscrito al sistema educativo oaxaqueño.

La educativa es la reforma estructural que goza de mayor aceptación social y legitimidad. Sin embargo, en la medida que va en contra de arraigados vicios y privilegios, ha sido objeto de una feroz oposición.

Esta oposición era previsible y, en buena medida, es imperdonable que el gobierno haya considerado que con el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo el camino para la concreción de la reforma estaba allanado. Era claro que la principal oposición a la reforma no vendría del sector institucional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) —con el que siempre se había logrado llegar a acuerdos—, sino de su ala radical: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). En los hechos, lo que ocurrió fue que se abrió paso a que el sector disidente y radical del sindicato adquiriese un mayor protagonismo. Se convirtió en interlocutor privilegiado del gobierno.

Durante cerca de dos años se buscó desactivar la oposición de la Coordinadora a través de concesiones, cuantiosas sumas de dinero y la negociación de la ley. Pero, lejos de haber desactivado el movimiento, las concesiones lo incentivaron; las demandas y los actos de presión escalaron y, lo más grave, el rechazo a la reforma empezó a permear en entidades donde la presencia de la CNTE es marginal o incluso inexistente.

Con todo, la Coordinadora estiró demasiado la liga cuando, en el marco de su estrategia de presión, se abocó a sabotear el proceso electoral. Al gobierno no le quedó otro remedio que desactivar la movilización y asegurar la realización de los comicios. La operación fue exitosa y el saldo blanco. Más aún, fue evidente que contaba con una amplia base de apoyo social (e incluso político-partidario) para enfrentar a la CNTE.

Al parecer, a partir de ese momento, se tomó la decisión de cambiar la estrategia. El primer paso fue que, una vez celebrados los comicios, se anunció que el proceso de evaluación, que había sido suspendido en la víspera, se llevaría a cabo en las fechas previstas. Y, en efecto, se llevó a cabo en la mayor parte del país, con la excepción de los enclaves duros de la Coordinadora, donde sus huestes intimidaron y aun usaron la violencia en contra de los maestros que estaban dispuestos a participar en la evaluación.

En paralelo, otro hecho que facilitó el cambio de estrategia fue la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que estableció la constitucionalidad de la evaluación educativa y señaló que el derecho de los niños a una educación de calidad está por encima del derecho de los maestros a la estabilidad laboral. A este fallo de la Corte se sumaron la demanda interpuesta por Mexicanos Primero contra Rubén Núñez, líder de la Sección 22, y desde el punto de vista de la acción oficial, la decisión de la Secretaría de Desarrollo Social de permitir que en Oaxaca las familias beneficiarias del programa Progresa no requiriesen el aval de un profesor que certificara que los niños asisten a la escuela. Esta firma, vital para muchas familias, se condicionaba a que los padres de familia apoyasen al movimiento. Se prevé que, en tanto la firma ya no es indispensable, los padres de familia empezarán a retirar su apoyo.

Dados estos antecedentes, el anuncio de la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) y su sustitución por otra entidad es un golpe certero y demoledor a la Sección 22. Fue un paso que el gobernador pudo dar después de haber logrado acuerdos con el Gobierno Federal que muy probablemente implicaron, por un lado, el compromiso del mandatario estatal con la instrumentación de la reforma educativa y, por otro lado, el apoyo del Gobierno Federal para hacer frente a la reacción de la Coordinadora. No se debe pasar por alto el simbolismo de un gobernador flanqueado por el secretario de educación y por el vocero de la Presidencia.

En términos prácticos, la CNTE quedó neutralizada. Se le arrebató el poder político, económico y administrativo de la educación en Oaxaca.”

La relevancia de esta medida radica, en pocas palabras, en que el gobierno de la entidad asume la rectoría de la política educativa. Para tal efecto, se derogó el decreto que en 1992 emitió el entonces gobernador Heladio Ramírez como concesión encaminada a hacer aceptable la descentralización educativa adoptada ese año. Mediante dicho decreto se entregó la dirección y la operación política, administrativa y financiera del IEEPO al sindicato, convirtiéndose en botín y eficaz instrumento de control, no solo del magisterio, sino incluso de la política de la entidad.

En términos prácticos se puede afirmar que la Coordinadora quedó neutralizada. Se le arrebató el poder político, económico y administrativo de la educación estatal, el cual se ejercía a través del control total de pagos, cargos, asignaciones, ascensos y descensos de cada maestro adscrito al sistema educativo de Oaxaca. Gracias a este control fue posible instituir el llamado marchódromo, es decir, el mecanismo mediante el cual la dirigencia de la Sección 22 premiaba o castigaba a los profesores en función de su participación en marchas, plantones, bloqueos y una amplia gama de acciones vandálicas.

A esta acción se suma la congelación de las cuentas de la Sección 22. Según la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se detectaron movimientos sospechosos en el manejo de las cuentas. Más allá de la trascendencia de secar la fuente de recursos de la Coordinadora, este hecho evidencia que, una vez decidido el cambio de estrategia, se ha venido preparando el terreno para debilitar la reacción de los líderes afectados. Sin duda, una denuncia penal jurídicamente bien fundamentada puede ser un poderoso disuasivo que pondrá en jaque a los liderazgos. Al respecto, vale la pena tener presente que las posibilidades de fincar acciones penales son muy amplias, desde el modo en que han manejado los recursos hasta la larga serie de actos ilegales cometidos so pretexto de la protesta.

Queda por ver cuál será la reacción de la Sección 22. Sin duda, buscará escalar su radicalismo. Sin embargo, aunque no se le debe menospreciar, hay que considerar que su capacidad para movilizar contingentes, ya sin acceso a los recursos del erario y sin la posibilidad de sancionar a los maestros que no deseen participar en marchas y otros actos de protesta, poco a poco perderá fuerza.

Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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