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Jornadas Fiscales: cómo enfrentar los nuevos esquemas de fiscalización

Jornadas Fiscales: cómo enfrentar los nuevos esquemas de fiscalización
septiembre 18
15:43 2017

Los días 12 y 13 de septiembre se llevó a cabo en las instalaciones del Colegio el curso Jornadas Fiscales impartido por integrantes de la Comisión Fiscal y autoridades de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

En este contexto, Pedro Solís Cámara Jiménez, integrante de la Comisión Fiscal, abordó el tema Riesgos y oportunidades para enfrentar nuevos esquemas de fiscalización en el que retomó el tema de la revisión electrónica, cuya función dentro del proceso de fiscalización es examinar renglones específicos utilizando antecedentes concretos del contribuyente para detectar omisión de ingresos, donativos otorgados en exceso, acreditamientos incorrectos de pagos profesionales, retenciones efectuadas y no enteradas, entre otras.

Solís Cámara señaló que la autoridad fiscal realiza la revisión mediante el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación, pólizas, auxiliares contables y se realiza casi de forma inmediata, pues inicia con una resolución provisional acompañada de un oficio de preliquidación.

La autoridad tiene como objetivo en cualquier revisión detectar si hay operaciones de subcontratación de personal, en especial en esquema agresivo.

Las ventajas de la revisión electrónica, de acuerdo con Pedro Solís, es que disminuye la carga administrativa para la autoridad, tiene una duración máxima de seis meses, son menos invasivas y menos costosas para los contribuyentes, además de que la interacción es a través de un buzón tributario, agilizando este tipo de revisión.

Agustín Espino Vergara, Presidente de la Comisión de Precios de Transferencia  del IMCP, expuso los lineamientos de la Erosión de la base imponible y traslado de beneficios, por sus siglas en inglés BEPS, que buscan evitar la erosión de la base de impuestos y el traslado a otros países de utilidades, esto en respuesta a instancias del G-20, buscando afrontar un problema generalizado en el mundo; la elusión y por supuesto, la evasión fiscal de los grupos empresariales.

Espino Vergara explicó que los objetivos principales de la llamada Acción 13 del Plan BEPS es obtener más información para planerar auditorías, no sustituye la labor de fiscalización, requiere a los contribuyentes a tomar posiciones consistentes en todos los niveles y proveer a las autoridades de información que da acceso a sus riesgos y fijar fechas de implementación con base en las jurisdicciones de ada país, siguiendo recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El especialista resaltó que algunos países han tenido avances significativos con respecto a incluir en sus leyes la obligatoriedad de presentar los reportes sugeridos por la OCDE, presentando propuestas de ley o cambios de regulaciones como borradores, tal es el caso de Irlanda, Estados Unidos de América (EUA), Bélgica, China y Finlandia.

Por otro lado, Eduardo Sánchez Lemoine, Titular de la Dirección General de Acuerdos Conclusivos de la Prodecon, explicó que la función de esta instancia es garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal a través de la prestación de servicios gratuitos de asesoría, representación y defensa, velando por el cumplimiento efectivo de sus derechos.

Explicó que la Prodecon tiene como objetivos observar la interacción de las autoridades fiscales y los contribuyentes para proponer reformas fiscales, prevenir y corregir prácticas irregulares, brindar servicios de calidad mediante asesoría, consulta, representación y defensa de contribuyentes por actos que afecten su esfera jurídica, además de investigar y tramitar quejas de contribuyentes afectados por actos de las autoridades fiscales federales por presuntas violaciones a sus derechos.

Sánchez Lemoine afirmó que el principal compromiso de la Prodecon es brindar atención profesionalizada e imparcial al servicio del contribuyente, resolver con eficacia las solicitudes de los contribuyentes, realizar investigaciones exhaustivas dentro de los procedimientos de queja o reclamación además de promover la transparencia y rendición de cuentas en todas las actuaciones y procedimientos que realice la procuraduría.

Por su parte, José Martín Aguayo Solano, miembro de la Comisión Fiscal, explicó que los criterios normativos son la postura que tiene la autoridad fiscal en relación con la aplicación de las normas tributarias que pretenden aclarar algunos puntos de difícil comprensión, mientras que los criterios no vinculativos se caracterizan por ser interpretaciones de las disposiciones fiscales y aduaneras que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera lesivos al fisco federal y tienen como finalidad desincentivar a los contribuyentes para que realicen determinada aplicación de las disposiciones fiscales que desde el punto de vista de la autoridad fiscal resultan indebidas.

Con base en el artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, explicó Aguayo Solano, las autoridades fiscales darán a conocer a los contribuyentes, los criterios de carácter interno que emitan para el debido cumplimiento de las disposiciones fiscales, sin que por ello nazcan obligaciones para los particulares y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.

El segundo día de actividades, Damián Cecilio Torres, integrante de la Comisión Fiscal, explicó los aspectos relevantes acerca de la Ley de Cumplimiento Tributario en el Exterior, por sus siglas en inglés FATCA, cuyos objetivos principales consisten en prevenir y detectar la evasión fiscal offshore, a través de la obtención de mayor información para fiscalizar las inversiones de los ciudadanos estadounidenses colocadas en el extranjero.

Esta ley obliga a las instituciones financieras en México y los EUA a recopilar información para establecer el país de la residencia fiscal y la ciudadanía de sus clientes, reportar la información del titular de la cuenta a las autoridades fiscales el 30 de junio de cada año e implementar controles para garantizar el continuo cumplimiento.

Respecto a la subcontratación laboral, Agustín Durán Becerra, integrante de la Comisión de Desarrollo Profesional Fiscal, entre otros temas, señaló que el Outsourcing no es una actividad ilegal y expresó que la norma para regular los servicios de tercerización difícilmente verá la luz, ya que los principales impulsores detectaron la presencia de compañías interesadas en hacer cambios que les permitiría legitimar malas prácticas.

Para finalizar, Leopoldo Escobar Latapí, integrante de la Comisión Fiscal, explicó que la repatriación de capitales, consiste en el retorno de recursos generados en el  extranjero para que personas físicas y morales inviertan dichos recursos en actividades benéficas para el país; para ello, se ofrece una tasa reducida del ISR del 8% sobre el monto de los recursos que se retornen.

Señaló que los contribuyentes que tienen capital en el extranjero, del cual en su momento pagaron el ISR, solo deben acreditar ese pago y el monto del 8% del ISR a que se refiere el Decreto, solo aplicará por el capital del cual no se haya cubierto el impuesto.

Para obtener este beneficio, el capital retornado deberá destinarse a inversiones productivas como investigación y desarrollo de tecnología y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción para la investigación y desarrollo de tecnología.

Destacó que el retorno del capital del extranjero a México es una oportunidad de crecimiento para sectores específicos que contribuye a la generación de empleos para los mexicanos, y con él se prevé un alza en la recaudación tributaria, por lo que genera ingresos que se destinarán a sufragar el gasto público para blindar y fortalecer la economía de nuestro país.

El evento fue inaugurado por  el Vicepresidente de Desarrollo y Capacitación Profesional, Álvaro Cordón Álvarez, y coordinado por Guillermo Gudiño Casas y Miguel Ángel Tavares Sánchez, integrantes de la Comisión Fiscal.

Lic. Juan Diego Rodarte Arriaga

Asesor editorial

jrodarte@colegiocpmexico.org.mx

 

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