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IVA en servicios de construcción de casa habitación

IVA en servicios de construcción de casa habitación
abril 01
2015

El Impuesto al Valor Agregado es una contribución que grava, por regla general, los actos y actividades consistentes en la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento de uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes y servicios.

No obstante, la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece ciertas exenciones en su texto que facultan a las personas físicas o morales a dejar de pagar el tributo a pesar de encontrarse en la hipótesis general de causación de la obligación fiscal. Dichas exenciones son utilizadas como instrumentos políticos del Estado para alentar ciertas actividades que se consideran útiles para el desarrollo del país.

Uno de estos beneficios se relaciona precisamente con la enajenación de casa habitación, puesto que el artículo 9 fracción II de la ley de la materia señala expresamente que no se pagará Impuesto al Valor Agregado en la enajenación de construcciones adheridas al suelo, destinadas o utilizadas para casa habitación.

A mayor abundamiento, el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establece en su artículo 29 que la exención señalada para la enajenación de construcciones de casa habitación, se hace extensiva a la prestación de los servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación, ampliación de ésta, así como la instalación de casas prefabricadas que sean utilizadas para ese mismo fin.

Dicho precepto reglamentario establece como única condición para acceder al supuesto de exención que el prestador del servicio proporcione la mano de obra y materiales.

Ante ese panorama jurídico, nuestros tribunales federales han emitido diversos criterios respecto a qué es exactamente lo que queda comprendido en la exención del pago de Impuesto al Valor Agregado y qué actos o actividades no pueden quedar comprendidos dentro de dicho supuesto de excepción.

Desafortunadamente, los criterios emitidos por los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación y por las diversas salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa han sido disonantes.

En términos generales, algunas tesis se inclinan por decir que para que opere la exención, no deben darse mayores requisitos que acreditar que la enajenación de construcciones o la prestación de servicios de construcción de inmuebles están encaminadas a un destino de casa habitación. Por su parte, otros criterios indican que para que se dé el supuesto de exención, la prestación de servicios debe desarrollarse de forma conexa e integral con los actos de enajenación de bienes que se destinan a la casa habitación.

Por su parte, el Servicio de Administración Tributaria emitió recientemente el criterio normativo 28/2014/IVA con rubro “Enajenación de casa habitación. La disposición que establece que no se pagará el impuesto al valor agregado no abarca a servicios parciales en su construcción.”

Dicho criterio relacionado estrechamente con el tema que nos ocupa establece medularmente que los trabajos de instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de cancelería de fierro o aluminio y, en general, cualquier labor que los constructores de inmuebles contraten con terceros para realizarlos o incorporarlos a inmuebles y construcciones nuevas destinadas a casa habitación, no se encuentran incluidos en la exención prevista en el artículo 9, fracción II de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y 29 de su reglamento, ya que, al parecer de esa autoridad fiscal, dichos servicios por sí mismos no constituyen la ejecución misma de una construcción adherida al suelo, ni implican la edificación de dicho inmueble.

Ese mismo criterio se refleja de forma implícita en el Decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de enero de 2015 y en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2015.

No obstante, se estima que el criterio del órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aludido establece mayores requisitos para apegarse a la exención que los que marca la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado y su Reglamento. Dicho criterio, a pesar de no ser obligatorio para los contribuyentes, establece claramente la línea de actuación de la autoridad fiscal en el tema que nos interesa, por lo que es muy probable que los contribuyentes que no sigan las directrices establecidas en el mismo, tengan que acudir a los tribunales del país para defender su postura en contra de ese criterio y de los actos de fiscalización de las autoridades.

Debe decirse que la Ley del Impuesto al Valor Agregado y el Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado establecen dos tipos independientes de exención, uno relativo a la enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación (artículo 9, fracción II) y otro diverso, aunque relacionado, que exenta el pago de Impuesto al Valor Agregado cuando se presten servicios de construcción de inmuebles destinados a casa habitación.

En otras palabras, el reglamento no busca acotar la exención establecida en ley, sino que busca ampliar los supuestos de excepción. A este respecto, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente emitió el criterio sustantivo 12/2014/CTN/CS-SASEN y posteriormente el Análisis Sistémico 02/2015 de 29 de enero de 2015, mismos que básicamente se oponen al criterio del Servicio de Administración Tributaria.

Dicho ombudsman fiscal señala en términos generales que la exención prevista para la enajenación de bienes inmuebles destinados a casa habitación, no está sujeta a que se realice de forma conexa con la prestación de servicios de construcción, toda vez que el precepto reglamentario sólo buscó ampliar el beneficio, pero no limitarlo.

Además, señala que todos los trabajos tendientes a cumplir con el fin de lograr una vivienda funcional, digna y decorosa, deben estar exentos igualmente, ya sean ejecutados por el constructor o sean subcontratados.

No debe perderse de vista que la exención establecida en la Ley del Impuesto al Valor Agregado y en el Reglamento de dicho ordenamiento tiene fines sociales que deben ser considerados superiores a los fines recaudatorios de la autoridad hacendaria, puesto que precisamente se busca que la adquisición de casas que se utilizan para habitación sea realizada a un precio menor que la adquisición de inmuebles que se destinan a otro tipo de actividades.

Con ello, los tribunales del país deben interpretar las disposiciones que ahora se comentan buscando la protección más amplia al derecho humando de vivienda digna, decorosa y adecuada que se contempla en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en los tratados internacionales que ha firmado nuestro país.

 

Dr. Juan de la Cruz Higuera Arias

Con la colaboración de Juan de la Cruz Higuera Ornelas

 

*Nota: La información contenida en el presente escrito no constituye una opinión profesional del autor, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna por el uso que se le otorgue. El contenido aquí plasmado es meramente informativo y de carácter general, por lo que puede contener interpretaciones diversas a las que en su momento emita una autoridad. Para la resolución de algún caso en concreto, se invita a cualquier interesado a que obtenga una opinión profesional. Finalmente, este texto no deberá ser copiado ni reproducido sin la autorización previa y por escrito de su autor.

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