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IVA en alimentos, ¿debate económico o político?

IVA en alimentos, ¿debate económico o político?
octubre 01
2020

Las propuestas en México se han presentado en diversos foros y ante el congreso de la unión desde hace varios años, pero no han prosperado. ¿Debería retomarse el debate?

Para hablar de desarrollo económico, bienestar o cambio en los índices de desigualdad, se debe tener siempre presente la política tributaria de un país, tanto desde la perspectiva recaudatoria, como de la redistribución de la riqueza.

Las naciones desarrolladas o en vías de hacerlo sustentan su recaudación
en los impuestos directos e indirectos, los cuales gravan los ingresos o el consumo, respectivamente. En México, los primeros se representan por el impuesto sobre la renta (ISR), y los segundos, principalmente por el impuesto al valor agregado (IVA), aunque dentro de ese grupo debe considerarse el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS).

El ISR grava los ingresos de las empresas en 30%. En los individuos aplica de manera progresiva hasta en 35%, aunque la tasa efectiva pudiera llegar hasta 42%. Por otro lado, el IVA es de 16% en general, aunque en la frontera norte del país es de 8%, bajo ciertas condiciones. Además, lo más relevante es que en el caso de los alimentos existe una tasa de 0%. Es preciso resaltar que este impuesto está diseñado para gravar a quien consume y no a las empresas, por lo que el análisis debe enfocarse en ese efecto individual.

Sin entrar en detalles respecto a la situación económica de México, caracterizada por la necesidad de crecimiento, neutralización de la desigualdad y falta de políticas públicas contundentes ante la situación de los últimos años, en particular ante la pandemia, es de singular relevancia que el gobierno federal requiere incrementar la recaudación de impuestos para tratar de mitigar tal contexto. Sobre todo, siendo de las más bajas de América Latina respecto del Producto Interno Bruto (PIB). En 2018, el cobro de este IVA representó el 3.9 por ciento.

La Población Económicamente Activa (PEA) es 43.9% del total, según información del Paquete Económico 2020, con una edad promedio joven, de 27.3 años. En este contexto, es imprescindible considerar que más de 50% de la PEA se encuentra en la informalidad, es decir, no contribuye directamente a través del ISR porque no se encuentra registrada legalmente ante la autoridad fiscal. Por lo tanto, tal grupo aporta al gasto público sólo a través de su consumo personal pagando el IVA, en el mejor de los casos.

El Paquete Económico 2020 que fue presentado ante el Congreso de la Unión por el titular del Poder Ejecutivo, expone motivos alrededor de la falta de crecimiento económico y de los altos niveles de desigualdad, asimismo presenta las medidas para incrementar la recaudación. En contraste, a través de la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para 2020, el Ejecutivo expone que el gasto fiscal, es decir, la pérdida de ingresos para el gobierno federal derivado de la tasa de 0% en el IVA (combinado entre alimentos y medicinas), es de 305 mil 392 millones de pesos, lo que equivale a 1.17% del PIB. Esto se acentúa con el 16.4% de evasión del IVA en el país, que registra la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) en sus últimos estudios.

En el contexto internacional, durante al menos las últimas dos décadas los gobiernos de países en todas las latitudes, entre ellos los integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), han modificado su política recaudatoria para incrementar la tendencia de soporte tributario en los impuestos indirectos, disminuyendo los directos, con base en la teoría de incentivar las utilidades de las empresas. Esto, a mediano y largo plazos, incrementa el número de empleos y, en consecuencia, el consumo y ahorro de las personas que pagarán el ISR e IVA.

El ejemplo más cercano es el de Estados Unidos de América (EUA), que bajó su tasa federal del ISR a 21% con la actual administración y que de forma combinada es de casi 26%. También está Reino Unido con 19%, así como Chile o España con un gravamen de 25%. En discordancia, la tasa de México se sitúa entre las tres más altas de este impuesto directo (véase tabla).

Por otro lado, respecto del IVA, el promedio en el grupo de países de la OCDE es de 19.3%. Reino Unido, Chile y España, mencionados anteriormente, se mantienen entre 19 y 21% general y con tasas excepcionales distintas a 0%, salvo Reino Unido que sí la prevé. México se encuentra por debajo del promedio general, en 16%, y hablando de tasas excepcionales (como la de 0% en alimentos), apenas algunos países llegan a ese nivel.

El debate
Las propuestas en México se han presentado en diversos foros y ante el Congreso de la Unión al menos durante tres administraciones, ya sea versando en eliminar la tasa de 0% aplicable para alimentos o llevarla a niveles que oscilan entre 5 y 8%, combinado con una disminución en la tasa del ISR corporativo. Sin embargo, las iniciativas no prosperaron, lo cual es desafortunado considerando el contexto económico, la estructura de la población en el país, la recaudación y la perspectiva global.

El debate, con todos los antecedentes expuestos, se torna político bajo argumentos sociales y también de carácter económico. Las principales tendencias en contra han sostenido que habría un efecto inflacionario por el incremento de precios en la canasta básica, mismo que deja de lado una serie de productos que se consumen en el país de forma importante, pero que no se contabilizan.

En este punto, los análisis permitían concluir que efectivamente habría un efecto inflacionario en el primer periodo de aplicación de una tasa superior de IVA. Pero éste se mitigaría precisamente con la recaudación y después con la inversión de ese flujo adicional para el gobierno federal en diversos programas sociales, de energía o infraestructura, por ejemplo. Por otra parte, desde la perspectiva política, los argumentos en el debate sostenían que se afectaría a la gente en condiciones de pobreza y con mayores niveles de desigualdad, lo cual, por un lado, seguía la misma suerte que la inflación ya comentada.

Lo anterior también significaba un contrasentido, pues las personas en mejores condiciones económicas dentro de la clase media o alta mantienen un mayor consumo de alimentos que actualmente no están gravados, con la diferencia de que ellos no necesariamente se verían beneficiados con los programas sociales hacia los que se dirigiría la recaudación del IVA.

Lo que se observó en los últimos años fue que, al final, ninguna fracción parlamentaria en el Congreso de la Unión, o bien, el propio Ejecutivo, tomaría la decisión política que bajo los argumentos de inflación y efecto social podrían tener un costo importante para efectos electorales o de otra índole.

La reflexión
Se considera que debería retomarse el debate, bajo tres premisas principales. La primera es que la situación apremia a tomar decisiones macroeconómicas que permitan a las empresas generar utilidades, reinvertir e incrementar la oferta de empleos. La segunda, aumentar la recaudación para usarla en programas sociales, de energía e infraestructura necesarias para el desarrollo del país. Y la tercera, aprovechar el capital político de la actual administración, ya que a pesar de tener un amplio sentido social, puede ser la única en muchos años que soporte el costo político de esta solución necesaria y benéfica para todo el país.

C.P. y P.C.FI. César Julio Catalán Sánchez
Integrante de la Comisión Fiscal Internacional del Colegio
Socio en Catalán, Fonseca, Morales y Cía., S.C.
catalan@cfm-mx.com

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