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Ironía Ética Fiscal

Ironía Ética Fiscal
febrero 13
2018

Por más incrédulo que resulte aceptar que las estafas maestras tienen derechos, es evidente que la falta de vergüenza resulta la anfitriona del colmo a la legalidad y decencia  de una conducta ética de sentido común a las buenas maneras y el respeto a lo que es correcto, veamos un extracto al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación (CFF).

“Al detectar la autoridad fiscal que un contribuyente ha estado emitiendo Comprobantes Fiscales (CFDI) sin contar con los activos financieros, personal laboral, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o bienes, así como se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas por los CFDI.”

El pasado 6 de febrero de 2018 la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la constitucionalidad de la regulación del proceso para que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga a bien publicar las listas de empresas fantasmas que contempla el citado artículo 69-B del CFF. El ministro Jorge Pardo al uso de la razón y por mayoría de votos de la sala, se consideró que es procedente en derecho jurídico y que la norma no viola la Carta Magna ni la seguridad jurídica que prevé en el artículo 16.

Quizá se pueda argumentar penosamente, que el mismo artículo no prevé un plazo para la emisión de la resolución correspondiente y su notificación, las facultades de la autoridad fiscal se limitan por el plazo de caducidad que establece el artículo 67 del CFF.

Se explicó que el legislador no está obligado a establecer en ley todos los supuestos y consecuencias de una norma, dado que tales elementos pueden consignarse en diversos numerales del Código o en otras leyes, pues la Constitución no señala lo contrario.

No obstante e inexplicablemente se concedió un amparo para efectos y por cuestiones de mera legalidad al Grupo Impulsor del Sur, empresa que apareció en dicho listado en 2015 y que impugnó ante tribunales la acción del SAT, por lo que ahora deberá revisarse su inclusión en la lista. La resolución del SAT señalaba que la empresa, ligada al caso Oceanografía, no presentó documentos sobre sus registros contables, por lo que no fue capaz de demostrar que sí prestó un servicio facturado a sus clientes.

Al no desmentir los argumentos del SAT, el Grupo Impulsor del Sur fue agregado al listado de empresas fantasma, tal y como lo marca el artículo 69-B, tercer párrafo del Código.

Hay que aplaudirle la iniciativa al ministro Pardo Rebolledo, quien fue respaldado por los ministros José Ramón Cossío y Norma Piña y tendremos que lamentar las extrañas y oscuras ocurrencias que tuvo en contra los votos de Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

Esperemos que al evidenciar públicamente a las empresas fantasmas, se actúe en conciencia ética y responsabilidad financiera fiscal sustentable por parte de los contribuyentes y dejen de comprar facturas irreales para evitar la evasión fiscal.

 

C.P.C. Vicente Robleda Velázquez
Consultor en Consciencia Ética y Responsabilidad Profesional
Colaborador de Veritas online
cpcvicenterobleda@hotmail.com

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