Veritas Online

Información Financiera

Investigaciones financieras paralelas

Investigaciones financieras paralelas
julio 16
09:18 2018

Un procedimiento obligatorio para los investigadores de la PGR y carente de constitucionalidad, legalidad y violatorio de la Presunción de inocencia y de los artículos 14 y 16 de la Constitución.

El pasado 22 de febrero de este año y con vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó el OFICIO Circular No. C/002/18 por el que se instruye a los titulares de las unidades administrativas de la Procuraduría General de la República que den a conocer al personal que tienen adscrito el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas, donde el C. Procurador General de la República instruye a los CC. Titulares de las subprocuradurías; fiscalías especializadas y especiales; visitaduría general; agencia de investigación criminal, unidades especiales y especializadas; delegaciones estatales u órganos equivalentes y demás titulares de unidades administrativas y órganos desconcentrados de la procuraduría general de la república que den a conocer al personal que tienen adscrito el Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas, a efecto de su implementación.

El Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas se encuentra disponible para su consulta en la Normateca de la misma Procuraduría a través de la liga:
https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Paginas/NSDetalle.aspx?IDItem=2262&st=1&page=1&filter=&sort

Conforme al artículo segundo del oficio circular referido se instruye a los funcionarios señalados para que remitan a la Coordinación de Asesores del Procurador General de la República, la evidencia física sobre el cumplimiento de dicho protocolo a los 10 días siguientes a su entrada en vigor.

Se instruye a la Titular de la Visitaduría General, en el artículo tercero;  para que establezca los programas seguimiento, supervisión e inspección a las unidades administrativas y órganos de la Procuraduría General de la República, en lo referente a la aplicación del Protocolo de Actuación Investigaciones Financieras Paralelas por parte del personal de la Institución y termina, en el artículo cuarto, señalando que la inobservancia a dicho protocolo por parte de los servidores públicos de la Institución,  los hará acreedores a las sanciones que establece la normatividad vigente.

Dicho protocolo, visible en la liga:
https://aplicaciones.pgr.gob.mx/normatecasustantiva/Normateca%20Sustantiva/Prot_Inv_Fin_Paralelas.pdf
establece, en dieciocho páginas lo siguiente:

¿De qué se trata?

Señala el documento que derivado de las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (GAFI) establece que en todos los casos relacionados con delitos que generen recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, (habrá alguno que no, pero en general, todos los delitos patrimoniales e incluso el secuestro, el narcotráfico y otros su trasfondo es material) las autoridades del orden público deben desarrollar una investigación financiera de manera Protocolo de Investigaciones Financieras Paralelas en busca de delitos como pueden ser las operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

Sí, amigo lector, leyó bien: en cualquier investigación sobre un presunto delito federal, serán investigados su cumplimiento fiscal y la posible utilización de recursos de procedencia ilícita.

Y continua el documento, al tenor siguiente: “Bajo esta óptica de investigación nada es irrelevante, por ejemplo, un estado de cuenta, un boleto de avión, una escritura pública, así haya sido expedida de forma legal, un vehículo, un semoviente, una obra de arte, una obligación quirografaria, etc., deben ser investigados hasta su origen para permitir una determinación ministerial ajustada a derecho e inhibir la obtención de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza que a su vez den posibilidad a las personas investigadas de continuar delinquiendo. Para efectos de lo anterior, la autoridad debe ser capaz de obtener toda clase de documentación e información relacionada con el caso, ya sea a través de las instancias competentes o mediante las técnicas de investigación establecidas legalmente, así como mediante la cooperación con otras agencias nacionales e internacionales.

Y sigue:

“…la investigación no debe de concluir en lo inmediato, con la simple acreditación de los elementos que integran el hecho delictivo descrito en la ley y la probabilidad de que una persona intervino o participó en su ejecución -incluidos los delitos vinculados-, sino que es importante también realizar una indagatoria integral de los bienes que están relacionados con el hecho comisivo, puesto que de los mismos puede desprenderse la comisión de otro hecho que la ley señala como delito.

En este sentido, la afectación al patrimonio ilícito de las personas que se dedican a delinquir es fundamental para combatir eficazmente al delito, ya que en esa medida se podrá disminuir su capacidad de operación, siempre y cuando se cuente con todos aquellos elementos o datos de prueba.

La inmovilización y eventual aplicación a favor del Estado, por cualquiera de las formas que permite la ley, de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza relacionados con el hecho delictivo y cuya investigación nace de su presencia física o bien representados a través de títulos o de valores, debe ser un objetivo de la investigación misma.

La Procuraduría General de la República tiene la obligación de identificar la procedencia de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, así como impedir su circulación y flujo en el mercado financiero y en la economía formal, una vez que se ha detectado su ilicitud; cuando esto se consigue, el fin último del delito desnaturaliza su objeto, y por ende, si el autor o partícipe del hecho no ve reflejada su actuación en el incremento de su patrimonio o en la plena disposición de los bienes obtenidos por el ejercicio de su acción criminal, el motivo de continuar en la actividad delictiva se desincentiva.

Comentario: coincidimos en el fondo, pero debía ser, hasta que un juez determine la responsabilidad, no solo por indicios o detectado la ilicitud -¿cómo se detecta la ilicitud? –

Para ello, es necesario que en las investigaciones paralelamente se definan y agoten líneas de investigación para identificar el origen y destino de los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, así como el beneficiario final de los activos, derechos o bienes para que en caso de que éstos resulten estar vinculados con actos ilícitos, se proceda a la apertura de la respectiva carpeta de investigación.

Comentario:

Me parece que hay aquí violaciones al debido proceso y a los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y la presunción de inocencia, pues de la investigación de un probable delito, que no ha sido presentada a un juez, se derivan revisiones arbitrarias –paralelas- y se pueden presumir delitos como al defraudación fiscal y el lavado de dinero, aun cuando los delitos inicialmente investigados ni siquiera procedan conforme a los mismos investigadores.

Será fundamental el conocimiento de estos nuevos instrumentos y herramientas obligatorias para los funcionarios de procuración de justicia y revisar la legalidad de tales actuaciones ministeriales en función a los documentos precisados en este artículo, su constitucionalidad, legalidad y ámbito de aplicación. Muy valioso será que la Contaduría Pública organizada lo demos a conocer a los empresarios, contribuyentes, nuestros clientes y colegas a efecto de perfeccionar estas disposiciones y evitar arbitrariedades que sangren económica, moral y en muchos sentidos a los paralelamente investigados.

 

L.C.C., M.I. y M.A. Eduardo López Lozano
Consultor y Capacitador Fiscal
gruporeingenieriafiscal@gmail.com

Facebook Comments

Related Articles

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment

A %d blogueros les gusta esto: