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¿Injusticia en la determinación de ingresos presuntos?

¿Injusticia en la determinación de ingresos presuntos?
septiembre 01
00:13 2014

A partir de la tesis de jurisprudencia publicada el pasado mes de julio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, surge una importante pregunta en la mente de todos los mexicanos, ¿está la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretando correctamente las leyes fiscales?

En efecto, la interrogante anterior no se plantea a la ligera, puesto que el criterio sentado en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/2014, emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal Judicial, deja mucho que desear. Con el voto mayoritario de tres ministros, se configuró el mencionado criterio jurisprudencial, poniendo fin a la contradicción de criterios sustentados por diferentes Tribunales Colegiados de Circuito del país, a pesar de que los ministros Sergio A. Valls Hernández y Margarita Beatriz Luna Ramos no estuvieron de acuerdo.

La jurisprudencia 59/2014 dilucidó la cuestión jurídica consistente en determinar si existe la obligación para las autoridades fiscales, de aplicar los coeficientes de utilidad previstos en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (vigente hasta antes de la reforma de 2014), sobre los ingresos brutos determinados presuntivamente como ingresos acumulables con motivo de depósitos bancarios en cuentas de los contribuyentes que no correspondan a sus registros contables.

A pesar de que con anterioridad, la Primera Sala de la Suprema Corte estableció que cuando se hubiesen determinado ingresos presuntos por la autoridad fiscal, ésta tenía la obligación de determinar igualmente la utilidad fiscal presunta de dicho importe para poder obtener la base gravable del Impuesto sobre la Renta.

Esa línea de pensamiento fue abandonada, e inclusive, contrariada con la multicitada jurisprudencia. El novedoso criterio judicial señala que el procedimiento establecido en el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2013, no es aplicable tratándose de los ingresos determinados con base en el artículo 59, fracción III del Código Fiscal de la Federación (es decir, los ingresos presuntos por depósitos bancarios), puesto que al parecer de la Corte, esta última presunción legal deriva de “datos ciertos que admiten prueba en contrario”.

La Segunda Sala de la Corte indica que el artículo 90 ya citado, sólo puede aplicarse para el caso de la determinación presuntiva de ingresos que se construye cuando no se sabe a ciencia cierta, el monto de los ingresos obtenidos por el contribuyente (artículos 55, 56 y 61 del propio Código Fiscal). Las conclusiones a las que se pueden arribar derivado del análisis del criterio antes expuesto, son las siguientes:

En primer término, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, da entrada a que se determinen créditos fiscales a cargo de los contribuyentes que no cumplen con los principios de proporcionalidad y equidad. Efectivamente, los créditos determinados conforme a la línea de pensamiento de la nueva jurisprudencia 2a./J. 59/2014, resultarán absolutamente desproporcionales al aplicar la tasa del Impuesto sobre la Renta, de forma directa e inmediata, a los ingresos brutos determinados presuntivamente provenientes de depósitos bancarios.

Con ello, se desconoce que la utilidad fiscal (base gravable del Impuesto sobre la Renta que refleja la capacidad contributiva verdadera de los pagadores de impuestos) resulta necesariamente de un incremento positivo en el patrimonio del contribuyente, y no sólo de una entrada o depósito en sus cuentas bancarias.

Por ello, es necesario que los ingresos brutos determinados presuntivamente, se reduzcan con los porcentajes de los coeficientes presuntos de utilidad con que operan los contribuyentes fijados por el legislador (artículo 90 LISR) en función de sus gastos deducibles (costos de producción), tomando en cuenta la actividad económica que realicen y que la ley considera para obtener la utilidad fiscal presunta.

Por otro lado, la resolución de la Corte abre paso para el cobro inequitativo de contribuciones, puesto que permitiría que ciertas determinaciones presuntivas de ingresos, se vean reducidas por la aplicación de factores de utilidad fiscal presunta, mientras que la determinación presunta de ingresos por depósitos bancarios, no seguiría esa suerte.

El criterio jurisprudencial en comento se emite abiertamente en contra de lo que dispone la Ley del Impuesto sobre la Renta en el artículo 90, ya que el procedimiento para determinar la utilidad fiscal de ingresos presuntos, no distingue entre los distintos tipos de ingresos brutos, mientras que la Suprema Corte sí lo hace. Dicha distinción, contraría el artículo 14 constitucional que obliga a resolver los juicios conforme a la letra de la ley y, sólo en su defecto, a la interpretación jurídica de la misma.

Más aún, el criterio de la Suprema Corte que distingue los ingresos determinados con apoyo en el artículo 59, fracción III (depósitos bancarios), de los ingresos determinados con apoyo en los artículos 55, 56 y 61 del Código Fiscal de la Federación (otros ingresos determinados presuntivamente), no tiene ningún sustento legal o constitucional, por lo que debió considerar que a todos esos supuestos les resultaba aplicable el citado artículo 90.

Lo anterior debe ser así, toda vez que la mera presunción de ingresos brutos determinados por la autoridad, no implica de ninguna manera que se deba pagar Impuesto sobre la Renta sobre dichos ingresos, pues de lo contrario, se ignorarían los demás supuestos normativos para el cobro de dicha contribución, como el relativo a la aplicación de coeficientes de utilidad sobre los mismos para determinar así, el impuesto a pagar.

En otro orden de ideas, el criterio de la Suprema Corte, tristemente generaliza que cualquier depósito bancario que reciba un contribuyente sin estar inscrito en la contabilidad, lo obtiene como resultado de una actividad elusiva, evasiva o ilícita, lo cual no atiende de ninguna forma a la realidad económica del país, ya que no representa la utilidad definitiva de dichas operaciones.

Es importante destacar a este respecto, que la determinación presuntiva de ingresos por depósitos en cuentas bancarias, puede configurarse por ministerio de ley, sólo por el hecho de que no se registren dichos depósitos en contabilidad, cuando no se presente la contabilidad a la autoridad fiscalizadora, e inclusive cuando una persona que no esté inscrita en el registro federal de contribuyentes o que no está obligada a llevar contabilidad, reciba depósitos superiores a un millón de pesos durante un ejercicio fiscal determinado.

Lo anterior, sólo destaca la enorme cantidad de supuestos que podrían ocurrir, y que sin tener el carácter de evasivos, podrían obligar al contribuyente a pagar impuestos en cantidades excesivas. De manera ejemplificativa, se puede pensar en depósitos provenientes de préstamos empresariales.

Ahora bien, se considera que la jurisprudencia emitida es realmente alarmante, si se toma en cuenta que el criterio resultará aplicable para futuros litigios y actos de fiscalización, pues el artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta abrogada, se contiene ahora en el diverso artículo 58 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Así pues, en virtud de todo lo anterior, se invita a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a replantear la decisión que tomó esa Segunda Sala, toda vez que los contribuyentes no tienen un remedio jurisdiccional en la legislación doméstica en su contra, a pesar de que los afecta gravemente, aunque está abierta la posibilidad de acudir a instancias internacionales en aras de proteger los derechos humanos de los mismos.

 

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias

Con la colaboración de Juan de la Cruz Higuera Ornelas

 

*Nota: La información contenida en el presente escrito no constituye una opinión profesional del autor, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna por el uso que se le otorgue. El contenido aquí plasmado es meramente informativo y de carácter general, por lo que puede contener interpretaciones diversas a las que en su momento emita una autoridad. Para la resolución de algún caso en concreto, se invita a cualquier interesado a que obtenga una opinión profesional. Finalmente, este texto no deberá ser copiado ni reproducido sin la autorización previa y por escrito de su autor.

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1 Comment

  1. claudia cadena
    claudia cadena marzo 13, 08:27

    Es una verguenza como se ha estado resolviendo en el poder judicial ultimamente. Parece que la consigna es que se incline la balanza a favor de las autoridades y no de la justicia. Que desprestigio y verguenza para el país.

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