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Impuestos de la era digital

Impuestos de la era digital
enero 01
2020

¿De qué manera la tecnología ha modificado los aspectos fiscales? La visión de la autoridad federal da muestras de que explotará cada dato proporcionado por los contribuyentes, mientras que éstos enfrentarán un reto en el cumplimiento oportuno de los nuevos requerimientos.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) lleva más de una década en la adaptación de sus sistemas digitales para aprovechar la tecnología, de ahí que se encuentre en la fase del Comprobante Fiscal Digital por internet (CFDI). La legislación vigente ya contempla las revisiones electrónicas, para que, a través de la información disponible en las bases de datos de la autoridad, se realicen las liquidaciones de impuestos que correspondan.

Para las empresas, este mecanismo representa una gran inversión en la adaptación de sus métodos, pues en los últimos dos años los cambios en la emisión de facturas llegaron al complemento de pago, herramienta fundamental para la fiscalización en materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y de retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR) e IVA que hacen las personas morales a los prestadores de servicios y arrendadores (personas físicas).

Estas nuevas aplicaciones conllevan el resguardo efectivo de la información, ya que para los contribuyentes el comprobante fiscal válido es el archivo electrónico con terminación .xml, mismo que debe estar disponible para la autoridad en caso de que ejerza sus facultades de comprobación. No hacerlo provocaría que el SAT rechace la deducción de las erogaciones en el ISR y el acreditamiento del IVA.

En el aplicativo electrónico, mediante el cual las personas físicas presentaron su declaración anual 2017 y 2018, fue posible apreciar las facturas emitidas a favor del contribuyente: se desplegaba información para que, en caso de no estar clasificada en alguno de los rubros de deducción personal, fueran asignadas de forma manual.

Con todas estas herramientas, el control de obligaciones es más efectivo y oportuno. Sin embargo, requiere más atención al solicitar y emitir comprobantes fiscales, ya que si contienen errores se imposibilitará dar efectos fiscales, con las consecuencias económicas correspondientes. A su vez, permiten una fiscalización más efectiva por parte de todas las autoridades, pues con el uso de los teléfonos inteligentes se facilita adquirir productos y servicios que requieren el pago asociado a una cuenta bancaria.

La facilidad de adquirir dichos satisfactores incide en el consumo y así la fiscalización del origen de los recursos coadyuva a que la autoridad se haga de indicadores de riqueza, vía el gasto, que puede comparar contra los ingresos declarados por los contribuyentes.

El análisis de toda esa información, a través de la minería de datos, representa una veta que las autoridades comienzan a explotar y que más temprano que tarde provocarán actos de fiscalización efectiva.

La información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en mayo de 2019 indicaba que 74 millones de personas en México usan internet (65% de la población). De éstos, 97% lo hace todos los días. Por su parte, el SAT informó que entre enero y septiembre de ese año se generaron 5,656 millones de facturas electrónicas, y cifras del Banco de México (Banxico) tasan en 27 millones el número de tarjetas de crédito y en 103 las de débito, al cuarto trimestre de 2018.

El gobierno federal anunció en su Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que los apoyos de sus programas sociales se entregarán a través de medios electrónicos, mientras que Banxico implementó el cobro digital (CoDi) para facilitar la interacción electrónica de recursos en el sistema financiero.
Al respecto, el SAT difundió en su Informe tributario y de gestión, correspondiente al segundo semestre de 2019, los datos que se muestran en las tablas y que indican la realización de un menor número de auditorías, con mejores resultados recaudatorios.

Si se observan los datos de 2018 a 2019, los actos realizados fueron más eficientes, lo cual es resultado de una mejor programación de auditorías bajo un enfoque de riesgos y más allá de cuestiones aleatorias. Además, se obtuvo una mayor recaudación a través de actos que de manera legal no representan el ejercicio formal de facultades de comprobación (auditorías), sino a través de medios disuasivos como el envío de correos electrónicos o mensajes a través de buzón tributario. Estas acciones previas a las auditorías no tendrían éxito sin el soporte de la explotación de las bases de datos institucionales con las que cuenta el SAT.

Los esfuerzos debieran verse reforzados con acciones concretas de política fiscal, quizá a través de estímulos como los sorteos fiscales, en los que los boletos de participación sean además del comprobante bancario y la emisión del CFDI, y otorguen un boleto tanto al emisor como al receptor, para fiscalizar el ingreso y el gasto.

Estos estímulos no son exclusivos de la federación. Como ejemplo, las aplicaciones para el pago de transporte público y servicios de cada entidad federativa, cada vez más estandarizados.

Conforme estén disponibles las herramientas, más personas las usarán y se generarán datos que podrán aprovecharse con fines estadísticos e impositivos, por eso es importante que sean instituciones de gobierno las que fomenten más y mejores servicios.

Como ejemplo, basta lo que ya tiene el SAT en sus bases de datos para verificar que un contribuyente pague sus impuestos de forma correcta. Al tratarse de personas físicas, cuando se emite un CFDI se direcciona a un servidor del SAT. Allí se concentra a través de la clave del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) el gasto efectuado, pero al mismo tiempo se derivan otros atributos, como:
Nombre del colegio en que estudian los dependientes
Tipo de automóvil que tiene y la frecuencia con que cambia
Boletos de avión expedidos a nombre del contribuyente
Nombre del club o gimnasio al que se acude
• Créditos hipotecarios
• Adquisición de propiedades
• Pagos a tarjetas
de crédito
• Canje de divisas

Con algunos parámetros de programación sería posible estimar un nivel de ingreso a compararse contra el monto declarado por el contribuyente y llegará el momento en que, con un alto grado de certeza, podrían generarse actos de fiscalización cuando se presenten desviaciones fuera de los rangos estadísticos.
De manera complementaria, también se podrían identificar los contribuyentes para evitar la regresión en el otorgamiento de estímulos y exenciones, como ocurre en el IVA, que favorece más a quien más gasta. Sin ser futurista, la autoridad podría elaborar estudios que le aclaren con certeza hacia dónde se dirigen estos estímulos.

Conclusiones

Las herramientas tecnológicas disponibles representan una ventaja para las autoridades en el diseño de políticas públicas y actos de fiscalización, en tanto que para los contribuyentes implica revisar con seriedad sus esquemas de resguardo de datos y en sí misma la generación de información que se desprende de las actividades económicas que realizan en su cotidianeidad. Estos elementos permiten que la autoridad ejerza sus facultades de comprobación de una manera expedita y efectiva, al requerir de los contribuyentes y asesores el cumplimiento responsable del entero de impuestos porque de lo contrario, cada vez y con mayor oportunidad llegarán auditorías.

Mtro. Adrián Urbina Galicia
De la comisión Fiscal del Colegio
Asociado en Solís Cámara y Cía., S.C.
adrian.urbina@soliscamara.com.mx

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