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Impuesto a ingresos por servicios digitales

Impuesto a ingresos por servicios digitales
noviembre 09
10:23 2018

La forma de hacer negocios a nivel mundial está cambiando drásticamente. La presencia de elementos digitales en las operaciones de las empresas es cada vez más común. Derivado de lo anterior, las reglas de fiscalización tradicionales, diseñadas y aplicadas desde inicios del siglo XX, han demostrado ser insuficientes y una actualización de las mismas es ineludible. La gran pregunta es: ¿cómo gravar los ingresos por servicios digitales?

AVANCES EN LA OCDE

La OCDE en 2013 en su Plan de Acción contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de los Beneficios (BEPS), destacó los desafíos fiscales derivados de la economía digital. Inclusive, en marzo de 2018 la OCDE emitió un Informe Provisional (Interim Report on the Tax Challenges Arising from Digitalization) en el que desatacan, entre otros puntos, tres rasgos distintivos que se presentan en modelos económicos digitalizados: (1) magnitud sin multitud o una operación en diversas jurisdicciones sin la necesidad de una presencia física significativa, (2) dependencia en activos intangibles y (3) el papel de los datos y participación de los usuarios. En dicho informe, también se subraya que los países miembros tienen diversas posturas respecto de cómo actuar, por lo que aún no han llegado a un común acuerdo. Sin embargo, dichos países han acordado revisar los criterios para determinar la existencia de un “nexo” (o criterio de sujeción) y las reglas de “atribución de beneficios”. Se espera que para 2020 se logre alcanzar una solución consensuada.

INICIATIVAS EN LA UNIÓN EUROPEA

Por su parte, el 21 de marzo de 2018, en la Comisión Europea se propuso una Directiva de Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre los servicios digitales que grava los ingresos procedentes de la prestación de determinados servicios digitales. Dicha directiva propone una respuesta para gravar los servicios consistentes en: 1) la inclusión de una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz, 2) la transmisión de los datos recopilados acerca de usuarios que hayan sido generados por sus actividades en las interfaces digitales y 3) la puesta a disposición de los usuarios de interfaces digitales para localizarse entre sí y facilitar las entregas de bienes y prestación de servicios. El gravamen propuesto es del 3%. Es importante destacar que esta medida es una respuesta de corto plazo que posteriormente sería complementada con una medida de medio-largo plazo enfocada en redefinir el concepto de establecimiento permanente y las reglas de precios de transferencia para la atribución de beneficios.

INICIATIVA DE LEY EN MÉXICO

Ahora bien, el 6 de septiembre de 2018, se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa de la Ley del Impuesto sobre Ingresos Procedentes de Servicios Digitales. En dicha propuesta se señala que el comercio electrónico en México ha crecido exponencialmente por lo que hay una oportunidad de gravar los ingresos provenientes de servicios digitales. De la lectura de dicha iniciativa de ley, se aprecia que es una reproducción de la propuesta de corto plazo de la Comisión Europea referida anteriormente. Al igual que en la Unión Europea, se propone fijar una tasa del 3% a la cantidad que resulte de disminuir de la totalidad de los ingresos mencionados, las deducciones autorizadas (mismas que olvidaron detallar en la iniciativa de Ley).

Aún y cuando es evidente que la economía digital presenta nuevas posibilidades de gravamen, la propuesta unilateral de México no refleja una solución a la medida de las necesidades del estado mexicano. Dicha propuesta pierde de vista que la Unión Europea aboga por una solución multilateral y que califica de indeseables las propuestas unilaterales como la que se propone en México. Además, dicha propuesta no fue pensada ni diseñada como una solución a largo plazo.

CONCLUSIONES

La economía digital ha recalcado los desafíos fiscales existentes. Algunos países, se han adelantado a una solución mundial consensuada y han iniciado la adopción de medidas unilaterales. La OCDE ha señalado que el riesgo de las medidas unilaterales es que pudieran generar efectos adversos en la inversión, el crecimiento y la innovación. Por ello, lo más recomendable es esperar a que se logre un acuerdo multilateral que incluya una solución sostenible y de largo plazo.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados

Lic. Adriana Higuera Ornelas
Asociada Senior de JCH Abogados
info@jch-abogados.com

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