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Hacia el conflicto postelectoral

Hacia el conflicto postelectoral
septiembre 05
08:16 2017

Se ha vuelto una norma que, al cierre de las casillas, los candidatos punteros proclamen su triunfo y declaren que defenderán su victoria hasta agotar todos los recursos legales. Se habla de encuestas de salida que nunca son mostradas o del conteo de las actas en manos del partido que supuestamente se llevó a cabo con una rapidez mayor que la del PREP.

El problema con esta manera de proceder, fruto de nuestros déficits en materia de cultura democrática, es que resta credibilidad a denuncias que pueden tener más argumentos jurídicos y políticos. En todo caso, ya sea que las querellas estén debidamente justificadas o no, el hecho es que un número importante de procesos electorales termina resolviéndose en las instancias judiciales y más en específico, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Éste será el desenlace más probable de los comicios celebrados en el Estado de México y Coahuila, donde a lo cerrado de los resultados habría que añadir un buen cúmulo de irregularidades, entre las que destacan la injerencia de las autoridades locales o federales, la compra del voto y el rebasamiento de los topes de gastos de campaña. Debido a que el conteo ya no se puede reponer, la apuesta de quienes impugnan los resultados va en el sentido de la anulación parcial o total del proceso.

En el caso de las elecciones mexiquenses, la operación de los gobiernos local y federal en favor de Alfredo del Mazo fue evidente. El dinero gastado en campaña (por prácticamente todos los contendientes) rebasó con mucho los topes legales. Pero sobre todo la compra del voto fue una práctica abierta. El problema  reside en las enormes dificultades para probar con argumentos jurídicamente válidos dichas irregularidades. Por ejemplo, el rebasamiento de los topes de gasto o la utilización de recursos de procedencia dudosa representan una problemática omnipresente frente a la que la autoridad electoral no ha tenido la capacidad no sólo de frenar sino, incluso, de investigar.

Otra conducta ilegal que muestra los límites y la debilidad de la autoridad electoral es el de la práctica de la compra del voto. El reparto entre las amas de casa de los sectores más empobrecidos de las tarjetas del “salario rosa”, que supuestamente se activarán una vez que se valide el triunfo de del Mazo, es una práctica similar a la del reparto masivo de tarjetas Monex y Soriana que en elecciones anteriores emplearon el PRI y sus socios. Y aunque hubo una investigación, la falta de sanción se convirtió en una invitación a volver a echar mano de este recurso ilegal.

Ante esta situación, Morena ha optado por solicitar la anulación del proceso en cinco distritos: Valle de Bravo, Ixtlahuaca, Atlacomulco, Tejupilco y Jilotepec. A decir de López Obrador, la anulación de estos resultados daría el triunfo a Delfina Gómez. No obstante, desde un punto de vista político, se antoja muy difícil que la demanda sea satisfecha. Es mucho lo que el PRI y el presidente Peña se juegan con el resultado de esta elección: la posibilidad de que el partido sea competitivo en 2018.

La pregunta entonces es qué alternativas de acción tiene el líder de Morena. Desde luego, desconocerá la legitimidad del proceso y la del gobierno de del Mazo, pero difícilmente optará por una postura radical similar al plantón de Paseo de la Reforma, pues ello podría costarle el triunfo en la elección presidencial. Así, lo más probable es que adopte el papel de víctima de la mafia del poder y la denuncia del fraude se convierta en un recurso de campaña.

En Coahuila, el conflicto postelectoral, no sólo estuvo alimentado por lo cerrado del resultado y por lo ríspido de la campaña. La errática actuación del Instituto Electoral de Coahuila desempeñó un papel crucial. De entrada, sembró confusión: dio a conocer el resultado del conteo rápido según el cual el candidato triunfador era Guillermo Anaya del PAN; posteriormente, con sólo el 72% de casillas computadas dio a conocer que, de acuerdo con el PREP, el candidato priista, Miguel Ángel Riquelme, era quien llevaba la delantera.

Se esperaba que el conteo distrital finalmente despejase dudas, pero, a decir de la oposición, se constató que varios paquetes electorales habían sido abiertos durante el tiempo que estuvieron resguardados no por el ejército, sino por la policía local. Ello propició el abandono del conteo y el anuncio del desconocimiento de los resultados y de que se solicitaría la anulación de la elección. Las denuncias tuvieron que ver principalmente con la abierta injerencia del gobierno encabezado por Rubén Moreira, así como con prácticas fraudulentas que parecían ser ya cosa del pasado.

Al igual que en el Estado de México, es mucho lo que está en juego. En primer lugar, para el gobernador Moreira, el triunfo de su delfín es vital no tanto por razones políticas, sino porque necesita asegurarse del manto protector de un sucesor leal.

En segundo lugar, para el PAN, el desenlace del conflicto postelectoral puede llegar a ser clave en la definición del aspirante a la candidatura por la presidencia. La anulación del proceso electoral y un resultado favorable en elecciones extraordinarias fortalecerían la posición de Ricardo Anaya; en cambio, de confirmarse el triunfo de Riquelme, la posición del presidente del partido se debilitaría, ya que su discurso triunfalista quedaría sin sustento. Finalmente, el gobierno federal enfrenta la disyuntiva sobre qué tipo de señales enviar al Tribunal Electoral.

Puede, por un lado, aferrarse a la victoria y levantar los ánimos del priismo con miras a la elección presidencial; puede, por otro lado, aceptar la reposición del proceso con el fin de no cancelar los canales de diálogo con Acción Nacional, los cuales serán sin duda importantes para conservar una cierta dosis de gobernabilidad en la recta final del sexenio.

Cuando en 1996 se aprobó una reforma electoral de gran calado que, entre otras cosas, ciudadanizó la organización de las elecciones y dotó de autonomía al Consejo General del IFE, el país parecía encaminarse por la ruta de una democracia electoral que, gracias a la credibilidad de los resultados, dotaba de legitimidad a las autoridades electas. No obstante, a partir de 2006, el panorama electoral empezó a deteriorarse: se socavó la autonomía de la autoridad electoral y los procesos electorales entraron en una dinámica de permanente disputa en virtud de la incapacidad de los actores para reconocer derrotas o para abstenerse de prácticas violatorias de la ley.

En la actualidad, veinte años después, los procesos electorales, aunque técnicamente estén bien organizados, distan de ofrecer certidumbre en los resultados. Se han erogado miles de millones de pesos en la sistema electoral y se han llevado a cabo dos reformas electorales que en muy poco han contribuido a la causa de la certidumbre. El Estado de México y Coahuila parecen haber dado marcha atrás al reloj, al tiempo que sientan un preocupante precedente de cara a la elección presidencial.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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