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Gestión organizacional, Sistema Nacional Anticorrupción

Gestión organizacional, Sistema Nacional Anticorrupción
diciembre 01
2018

Antes de crear instituciones o estructuras públicas y engrosar el gasto de operación del gobierno, sería más rentable y productivo resolver el desorden jurídico que promueve opacidad y corrupción.

Aún no se implementa del todo la estructura organizacional del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), pero ya es posible dimensionarla a partir de las disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (LGSNA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el SNA es la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. Se conforma por las instituciones públicas relacionadas por un flujo continuo de procesos. Pese a que pretende la integralidad, no comprende órganos fundamentales en el monitoreo, evaluación y control gubernamental, particularmente, en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las instancias vinculadas con el fisco (como el Servicio de Administración Tributaria, SAT), la Unidad Técnica de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, los órganos de control interno en los poderes legislativo y judicial, y los responsables en evaluación (el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, INEE).

Tiene sentido que el SNA decida sobre políticas públicas en las materias relacionadas, pero ¿qué pasa con las deficiencias de diseño organizacional y procedimientos en sus instancias que impiden su implementación efectiva? Se estima que la corrupción cuesta a México entre el 2 y el 9% de su Producto Interno Bruto (PIB). En 2017, se ubicó a México en el sitio 135 del ranking del Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional. Cierto, poco se hace sobre el uso y abuso de los recursos públicos en las instituciones, al amparo de la legalidad. En consecuencia, existen áreas de oportunidad en términos de control organizacional, fiscalización y optimización de recursos, por ejemplo, cuando al costo de la corrupción se agregan dispendios por omisión frente a un costo de estructura del gobierno que equivale a 49% del gasto público, cuando la media entre los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es de 26.9%.

El hecho es que la administración pública nacional no ha sido racionalizada desde la reforma administrativa de los años 70 del siglo pasado. Contra lo que se cree, desde el gobierno de la transición en el 2000 hasta la política de austeridad republicana que hoy promueve la cuarta transformación; la estructura ocupacional del sector público no es tan grande ni los salarios de los servidores públicos son la causa de su elevado costo. El impacto en gasto y la eficiencia de las instituciones está relacionado con su diseño y gestión. Mientras que la tendencia en otros países es dirigirse hacia administraciones públicas con un empleo público fortalecido respecto al tamaño de su Población Económicamente Activa (PEA), el empleo público como porcentaje de la PEA en México equivale a 11.8% (entre los países de la OCDE, la media es de 21.3%). Esto significa dos cosas: la primera es que la capacidad o fuerza de trabajo en el gobierno mexicano está por debajo de la tendencia internacional, por ejemplo, en tanto que el índice de servidores públicos por cada mil habitantes en México representa 53%, en Reino Unido es de 121%; y la segunda, que en el comparativo salarial de mandos del gobierno (gráfico 3) se evidencia una percepción sobredimensionada de la realidad.

La remuneración del empleo en el sector público en México, en todos los niveles, es inferior a la media de la que perciben sus homólogos de países miembro de la OCDE. No obstante, al tomar como referencia el porcentaje del PIB per cápita, hasta el cuarto nivel, los salarios en México parecen exorbitantes. Aunque esto obedece solo al bajo nivel del PIB per cápita, el hecho es que los indicadores de estructuras y salarios en el sector público tienen áreas de oportunidad, lo cual no significa adelgazar o reducir las organizaciones públicas en forma generalizada, sino analizarlas de manera que sean diseñadas y mantenidas de forma congruente para su permanente optimización.

Es común observar organizaciones injustificadas y la proliferación de estructuras verticales con especializaciones o repeticiones administrativas que son muy costosas (algo común en las oficialías mayores y sus símiles federales), así como numerosos mandos medios y superiores (jefes de departamento hacia arriba en jerarquía) en relación con las fuerzas de operación efectivas (auxiliares operativos de confianza y de base), estructuras administrativas (adjetivas) sobredimensionadas respecto a las unidades vinculadas con los propósitos institucionales (sustantivas). Esta situación impacta la productividad y es más grave cuando las instancias del SNA, particularmente las fiscalizadoras, siguen el mismo patrón.

CONCLUSIONES

Si el SNA pretende combatir a la corrupción, llama la atención que no haya consolidado la Ley General de Presupuesto, Contabilidad y Responsabilidad Hacendaria, ni que haya reformado tantas otras: Ley para la Coordinación de la Educación Superior (DOF 29-12-1978), Ley de Coordinación Fiscal (DOF 27-12-1978), Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal (DOF: 10-04-2003), Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (DOF: 04-01-2000), por ejemplo. De haberse atendido, ya hubiera significado, primeramente, ahorro.

Dr. Jerónimo Jesús Salinas García
Vicepresidente de Investigación
Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción, A.C.
jeronimosalinas@hotmail.com

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