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Fortaleciendo la integridad empresarial para combatir la corrupción

Fortaleciendo la integridad empresarial para combatir la corrupción
noviembre 16
14:59 2018

Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la corrupción, el soborno y la evasión impositiva les cuestan a los países en desarrollo 1.26 billones de dólares al año; sin duda, una cifra verdaderamente alarmante.

Las acciones que permiten combatir a la corrupción van más allá de sólo estrategias gubernamentales, hoy en día, si en verdad se busca luchar contra este delito que representa un problema a nivel global, es necesario adoptar modelos que se traduzcan en medidas que sumen valor a esta gran lucha.

Sin duda, un sector que cobra gran relevancia en el tema es el empresarial. Cada vez son más las leyes que castigan los actos de corrupción iniciados o incitados por las empresas. El marco regulatorio se ve robustecido con la aplicación extraterritorial de ciertos ordenamientos legales como la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).

Los programas anticorrupción de las empresas deben ir más allá de mantener un código de ética o políticas que prohíban otorgar cualquier clase de regalo que pueda ser entendido como acto de corrupción, es necesario fortalecer la integridad empresarial.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en su Artículo 12, establece una serie de medidas que los Estados parte deben formular para prevenir la corrupción en el sector privado y en México; el Artículo 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) cita que, en la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad.

El mencionado Artículo de la LGRA, desglosa los elementos mínimos que debe contener una política de integridad empresarial y que son clave para fortalecer la lucha anticorrupción al interior de las organizaciones. Dentro de estos elementos encontramos:

  • Manual de organización en el que se delimiten funciones y responsabilidades de las áreas. Además de ser una buena medida de control interno, permite que el personal que labora en las organizaciones tenga un marco de referencia para su actuación. Incontables son los casos en el que la ceguera voluntaria por el “yo no sabía” quebrantan la política de integridad.
  • Código de conducta que cuente con sistemas y mecanismos de aplicación real. Ante la imposición de sanciones en materia anticorrupción, es valorado si la organización cuenta con un código de conducta y sus mecanismos que permitan una aplicación en el día al día del mismo. Este código debe contener un marco de actuación sobre cumplimiento de las leyes competentes, políticas de ambiente laboral, ya que otorgan al colaborador un sentimiento de protección e inclusión y diversas disposiciones sobre lo que la organización permite o prohíbe en materia de regalos, conflictos de interés, pagos de facilitación, registros de la información financiera, entre otros.
  • Sistemas adecuados de control, vigilancia y auditoría que examinen el cumplimiento de los estándares de integridad. Aunque la auditoría interna puede ser una herramienta fundamental en la vigilancia de la operación diaria, la revisión de un tercero independiente en materia anticorrupción siempre permite tener una visión con mayor profundidad sobre la situación de la organización.
  • Sistemas adecuados de denuncia y procesos disciplinarios. Las herramientas de denuncia conocidas también como “líneas éticas” o “hot lines” son un pilar fundamental para proteger a aquellos empleados que puedan alertar sobre un posible acto de corrupción. En adición, estas herramientas permiten tener más información sobre la organización y son el mejor mecanismo de detección temprana de otros delitos como fraude y lavado de dinero; asimismo, las sanciones aplicables para los casos que resulten permitentes deben ser disuasivas y enviar el claro mensaje de que no serán tolerados o permitidos los actos de corrupción.
  • Sistemas adecuados de entrenamiento y capacitación respecto de las medidas de integridad. Resulta imprescindible entender y conocer la diferencia entre capacitación y entrenamiento. Todos los colaboradores deben recibir una capacitación anticorrupción previo o a la par de su ingreso y posteriormente, se deben mantener medidas de actualización, tales como campañas de integridad y proporcionar entrenamientos prácticos que permitan conocer cómo actuar ante ciertas situaciones que puedan representar un riesgo.
  • Políticas de recursos humanos tendientes a evitar la incorporación de personas que puedan generar un riesgo a la integridad. La prevención de la corrupción empresarial comienza desde la contratación, no sólo del personal, sino de terceros intermediarios como gestores. Mantener medidas como un due-diligence son clave para evitar que ingresen colaboradores/terceros no deseados y que puedan poner en riesgo los esfuerzos anticorrupción.
  • Mecanismos que aseguren la transparencia. En una época como en la que vivimos, la transparencia y publicidad de los intereses son fundamentales; las buenas prácticas nos dicen que mantener informados a nuestros stakeholders sobre lo que sucede en el interior de la organización nos permite contribuir con la transparencia.

En síntesis, la integridad empresarial no debe quedarse en papel. Una organización que mantiene estos protocolos, pero que no los aplica, manda una señal confusa al interior de que todos pueden hacerlo. La lucha comienza desde la cabeza y debe ser escalada a todos los niveles. Sólo con un verdadero compromiso de mantener una empresa libre de actos de corrupción se podrá comenzar ese cambio que todos buscamos.

L.F.B. Daniel Alberto Ortiz de Montellano Velázquez, CAMS, CFCS
Gerente de la práctica Forense de KPMG en México
Vicepresidente y vocero de la comisión de PLD e Integrante de la comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes del Colegio
dortizdemontellano@kpmg.com.mx

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