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Fiscalizar a los asesores, reforma al CFF en 2020

Fiscalizar a los asesores, reforma al CFF en 2020
octubre 31
2019

Aunque las declaraciones informativas se recibirán hasta el año entrante, son muchos los escenarios a contemplar para tener todo en regla y resolver dudas.

Como parte de las acciones del Proyecto de Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) Acción 12, se incorpora en la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2020, el Régimen de Revelación de Esquemas Reportables, el cual establece que los asesores fiscales que estructuren, comercialicen, organicen, implementen o administren serán considerados como responsables y podrán ser sujetos de visitas domiciliarias en caso de no haber cumplido con la obligación de reportar los esquemas que califiquen para esto.

Dentro del proyecto de reformas al CFF se define en forma muy amplia qué y quiénes pueden ser tipificados como los asesores fiscales.
Su definición es respecto a los profesionistas que ofrecen asesoría y consultoría a los contribuyentes residentes en México o en el extranjero con establecimiento permanente en territorio nacional conforme la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR). Si un asesor extranjero tiene una parte relacionada en la república mexicana, salvo que pruebe lo contrario, se presume que la asesoría fiscal se prestó en este país.
El espectro es amplio e incluyente, por lo que pudieran considerarse como parte de la asesoría fiscal:
– Contadores públicos
– Abogados
– Asesores financieros y patrimoniales
– Administradores
– Actuarios
– Valuadores
– Contribuyentes

Los asesores pueden ser personas físicas o morales con actividades en esa área del conocimiento, que sean responsables o estén involucrados en el diseño de esquemas fiscales o los comercialicen, organicen, hagan la implementación o administración de alguno que se tenga que reportar o poner a disposición de la autoridad fiscal. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) proporcionará un número de identificación que deberá reportar en su declaración anual. De existir varios, alguno podrá revelar los esquemas reportables en nombre de todos mediante constancia y declaración informativa en febrero (a partir de2021), que al efecto publique dicho organismo.

ESQUEMAS REPROBABLES

– Evitar que autoridades extranjeras intercambien información fiscal o financiera con las mexicanas.
-Transferir las pérdidas fiscales pendientes a personas distintas de las que las generaron.
– Realizar varias operaciones entre partes relacionadas.
– Reestructurar empresas en las que no haya contraprestación por la transferencia de activos, funciones y riesgos que reduzcan sus utilidades de operación en más de 20%. Todo esto acorde con las Guías sobre Precios de Transferencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la LISR ya puntualiza este tipo de reestructuraciones.
– El uso o goce temporal de bienes y derechos sin contraprestación a cambio. Que se presten servicios o se realicen funciones que no estén remuneradas.
– Que no existan comparables fiables por ser operaciones únicas y valiosas.
– Utilizar un régimen de protección unilateral acorde con las Guías sobre Precios de Transferencia de la OCDE.
– Involucrarse en la interpretación o aplicación de las disposiciones según los criterios no vinculativos emitidos por el SAT.
– Emplear figuras jurídicas extranjeras que sean usadas en México cuyos beneficiarios no se encuentren definidos en su constitución.
– Evitar un establecimiento permanente en México acorde con los tratados firmados por el país para evitar la doble tributación y la LISR.
-Transmitir activos depreciados total o parcialmente para reducir el valor por la otra parte relacionada.
– Los pagos hechos a personas, entidades, asociaciones en participación y fondos de inversión, de conformidad con la fracción XXXI del Artículo 28 de la LISR.
– Beneficiario efectivo de ingresos o activos que no sean identificables.
– Cualquier no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) o aportaciones de seguridad social representaría un acto reportable.  El alcance de este concepto supone riesgos e inseguridad jurídica, ya que por algún error o los problemas financieros de una empresa debiera ser un acto reportable y el contador, el consejo de administración o el administrador pudieran ser los responsables.
– Tener pérdidas fiscales por realizar operaciones para obtener utilidades fiscales que las disminuyan.
– El cambio de residencia fiscal.
– Cambios de participación en el capital de sociedades de una empresa.
– Operaciones relativas a reorganizaciones y reestructuras corporativas.
– Las enajenaciones y aportaciones de bienes y activos financieros.
– Los reembolsos de capital.
– No pagar la tasa adicional de 10% al pago de dividendos.
– Hacer transacciones que involucren operaciones financieras derivadas de acuerdo con la LISR.
– El uso o goce temporal de bienes a partes relacionadas en las que realice alguna estrategia fiscal.
– Las transacciones en donde los registros contable y fiscal presenten diferencias mayores a 20%.
– Transacciones que impliquen acuerdos de confidencialidad o donde el asesor fiscal se obligue a prestar servicios legales cuando el esquema sea revisado o genere controversia por la autoridad.
– Cualquier esquema con características similares a lo antes mencionado.

El SAT emitirá reglas generales de lo que se considera esquema a reportar. Según el proyecto de reformas al CFF las operaciones son:
• Planes
• Proyectos
• Propuestas
• Asesorías
• Instrucciones
• Recomendaciones externa das de forma expresa o tácita para materializar uno ovarios actos jurídicos.
Los trámites ante la autoridad o la defensa del contribuyente en controversias
fiscales no se consideran como actos a reportar. En resumen, los esquemas pueden ser considerados como reportables cuando involucren:
– Transacciones que buscan ser comercializadas de manera repetida a todo tipo de contribuyentes que les puedan ser aplicables, y que les represente beneficio fiscal.
– La planeación de una transacción que requiera una personalización particular aun contribuyente específico.

Dado que la tarea del contador de la compañía es la ejecución de alguna transacción implementada por instrucción del consejo de administración o administrador único o su superior jerárquico, ¿pudiera ser considerada parte de una asesoría fiscal? ”.


El reporte de un esquema no implica la aceptación o rechazo de sus efectos fiscales por parte de las autoridades. El SAT llevará un registro de los asesores o contribuyentes con un número de identificación por cada caso. Un comité integrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el SAT validarán las transacciones; el asesor y el contribuyente tendrán el derecho a manifestar lo que a sus intereses convenga.

El comité, por su parte, podrá solicitar información adicional al asesor y al contribuyente, mientras que el incumplimiento podrá generar el ejercicio de facultades de comprobación por parte de las autoridades fiscales. Dicho grupo también revelará su reporte en un periodo máximo de ocho meses. Si considera que el esquema es contrario a derecho, lo notificará y se podrá impugnar,corregir, detener o hacer las modificaciones en sus declaraciones durante un plazo máximo de 60 días.

COMENTARIOS

El concepto de asesor fiscal es general y se tiene que considerar si, por ejemplo, dar una opinión o consulta sobre una transacción no implica involucrarse, que a su vez es contraer un compromiso y responsabilidad.

Al consultar o dar una opinión independiente, se podrá orientar una actuación,la cual puede ser favorable o desfavorable respecto de los objetivos que persigue un contribuyente, la opinión no implica comprometerse; por último,quien toma las decisiones y es el responsable de las transacciones de cualquier organización es el consejo de administración o el administrador.

Claro está que existirán asesores fiscales que podrán ser responsables y estarán involucrados en el diseño, organización, implementación e incluso, en la administración de un esquema reportable.

Un esquema reportable es cualquiera que genere un beneficio fiscal en México”.

El legislador debiera definir qué se entiende por asesoría y no dejarlo al libre albedrío de las autoridades fiscales; en todo caso, debiera estar reglamentado en el CFF.

¿Una recomendación que hiciera un consejero, debiera ser reportada para efectos fiscales? Dado que la tarea del contador interno es la ejecución de alguna transacción implementada por instrucción del consejo de administración o administrador único o su superior jerárquico, ¿pudiera ser considerada parte de una asesoría fiscal?

No se establece un monto mínimo para no reportar; sin embargo, en la exposición de motivos consta que las autoridades fijarán un umbral para este tipo de operaciones reportables y será necesario esperar dichas reglas a efecto de saber los alcances de las mismas.

En esta época de incertidumbre económica global, la competitividad del país es importante para ser un gran competidor económico y la propuesta de esperar ocho meses a que la autoridad fiscal valide una estructura de inversión pudiera inhibir el flujo de capitales, extranjeros o nacionales, para el desarrollo económico y sustentable del país.

Informar transacciones reportables no tiene el resguardo de la responsabilidad y confidencialidad expresa de las transacciones del contribuyente. El secreto profesional y la confidencialidad podrían ser vulnerados.

En un sistema tributario autodeterminable, para el caso de la LISR, se pretende juzgar las transacciones antes de que ocurran, al generar inseguridad jurídica para las empresas que quieren realizar inversiones o mover libremente sus capitales invertidos, representados por activos y pasivos.

Hacer un padrón de asesores fiscales pareciera violatorio y persecutorio de la libertad del ejercicio de cualquier profesional. Formar un archivo de casos de transacciones realizadas por las empresas resulta una fiscalización que inhibe la inversión y las estrategias de negocios mismas. Le corresponde a la autoridad con sus medios electrónicos, que son muchos, fiscalizar.

En todo caso, utilizar a los profesionales involucrados o asesores, mediante el dictamen fiscal obligatorio conforme a las reglas que emita la autoridad o a través de instituciones consideradas dentro del ámbito fiscal a nivel nacional e internacional, y por las mismas autoridades fiscales, que validen aquellas transacciones que impliquen reestructuraciones importantes en las empresas.

Es recomendable que las autoridades fiscales consideren y reconozcan a los especialistas en la materia. Así como se tienen peritos en el ámbito judicial,se requieren oficiales de cumplimiento en la prevención de lavado de dinero en las instituciones financieras.

C.P.C. yP.C.FI. Gerardo de J. Aguila García
De la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio
geaglega@hotmail.com

C.P.C. JesúsGuillermo Mendieta González
De la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio
jmendieta@gmayasoc.com

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