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Fiscalía General de la República: Una rectificación oportuna

Fiscalía General de la República: Una rectificación oportuna
enero 01
09:58 2017

Se requiere un importante apoyo político y social para acometer la titánica labor de convertir la anquilosada y corrupta PGR en una Fiscalía autónoma, eficiente, libre de corrupción y que esté a la altura del reto de consolidar el Estado de derecho.

Hay una frase atribuida a Bismarck según la cual, tanto en el caso de las salchichas como en el de las leyes, es mejor no saber cómo se hacen. La frase viene a colación a propósito de los abundantes ejemplos de acuerdos legislativos cuya lógica dista de ser transparente. Se ha hablado de los pactos de impunidad que celebran, independientemente de su filiación partidaria, los miembros de la clase política y que conducen a trueques cuya legitimidad puede ponerse en tela de juicio.

El caso de Raúl Cervantes Andrade, destacado abogado, es elocuente. Hace un año, su militancia priista, amén de su cercanía con el Presidente Peña, se esgrimieron como argumento para impedir su llegada a la Suprema Corte de Justicia. Se adujo que su nombramiento no contribuiría a fortalecer la autonomía del máximo órgano del Poder Judicial.

Sin embargo, hace unas semanas, en un proceso que sorprendió por su rapidez, el Senado aprobó por amplia mayoría el nombramiento del Exsenador como nuevo titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en sustitución de Arely Gómez. El problema con el nombramiento no tiene que ver con los méritos profesionales de Cervantes, sino con la autonomía que, en principio, debe tener un Procurador que, de acuerdo con la ley, debía en automático convertirse en el Fiscal General de la República por un periodo de nueve años. El llamado “pase automático” se convirtió en motivo de escándalo.

La Fiscalía difícilmente podría contar con condiciones idóneas para cumplir con sus objetivos en ausencia de dosis suficientes de confianza. La indispensable interlocución con los actores sociales se vería enrarecida por un velo de suspicacia”.

 

Lo menos que se puede afirmar en relación con el acuerdo entre el Ejecutivo y el Senado es que ambos poderes actuaron con total desapego a la más elemental congruencia. A este respecto, no se debe olvidar que, después del descalabro electoral sufrido por el PRI en el mes de junio, tres gobernadores salientes (Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge) fabricaron lo que se llamó “paquetes de impunidad”, consistentes en nombramientos a modo de contralores, procuradores o titulares de los órganos de combate a la corrupción que les garantizaran una importante cobertura política contra los intentos de sus sucesores por llamarlos a cuentas. El escándalo estalló: los gobernadores entrantes denunciaron el burdo subterfugio y las organizaciones de la sociedad civil impulsoras del Sistema Nacional Anticorrupción presionaron para dejar sin efecto los “paquetes de impunidad”. Y tal vez porque para esas fechas en Los Pinos ya se habían percatado del peso de la corrupción como factor explicativo de sus alarmantes déficits de credibilidad, la Presidencia de la República tuvo que presentar ante la Suprema Corte un recurso de inconstitucionalidad.

El caso es que, si bien no vale la pena especular en torno a cuáles fueron las motivaciones del Presidente Peña para proponer a Raúl Cervantes al frente de la PGR, lo cierto es que, al menos en su forma, el procedimiento fue muy parecido al de los tres Exgobernadores mencionados: colocar a un leal amigo como responsable de la procuración de justicia en el entendido de que, de acuerdo con la ley, una vez aprobada la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, el Procurador en funciones habría de convertirse en Fiscal General por un periodo de nueve años, que cubrirían el tramo final de la presente administración y todo el siguiente sexenio. Cabe insistir en que no se puede afirmar que el Presidente haya buscado cubrirse; lo que sí se puede sostener es que eso es lo que pareció.

En la medida en que no hay elementos que permitan inferir en qué términos tuvo lugar la negociación entre Presidencia y Senado, resulta poco clara la celeridad y facilidad con que la Cámara Alta aprobó el nombramiento. Es cierto que ahora los coordinadores parlamentarios de la oposición señalan que avalaron el nombramiento de Cervantes como Procurador, pero no como Fiscal. El argumento no es convincente en tanto, de entrada, los senadores conocían el contenido de una ley que ellos mismos habían aprobado. En otras palabras, estaban conscientes que al aceptar a Cervantes como Procurador lo estaban aceptando como Fiscal por nueve años.

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La reacción de la sociedad civil no se hizo esperar. Se juntaron firmas de adhesión y se generó una importante corriente de opinión pública que restó legitimidad al acuerdo. También se cabildeó intensamente, de tal suerte que los principales liderazgos de oposición, mismos que habían aprobado el nombramiento, dieron marcha atrás y buscaron rectificar. Tanto el PAN como el PRD presentaron sendas iniciativas para asegurar la autonomía del Fiscal General. Más aún, la presidencia rectificó y envió una iniciativa para modificar el artículo 16 transitorio, el que estipula el “pase automático”. Así, una vez que el Congreso apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía y esta entre en funciones, el actual Procurador no se convertirá en automático en Fiscal, sino que el Senado deberá iniciar el proceso de nombramiento. Y si bien el propio Cervantes puede aspirar a convertirse en Fiscal, ello dependerá en buena medida de su desempeño como Procurador.

Se dice que fue el propio Cervantes quien persuadió al presidente Peña de la conveniencia de rectificar. Cuando un proceso de negociación política tan poco transparente como el descrito se inscribe en la marco del déficit de credibilidad que afecta tanto a la clase política como a las instituciones, resulta hasta cierto punto obvio que la Fiscalía difícilmente podría contar con condiciones idóneas para cumplir con sus objetivos en ausencia de dosis suficientes de confianza. La indispensable interlocución con los actores sociales se vería enrarecida por un velo de suspicacia. De ahí que, al margen de cuál haya sido la causa que realmente motivó al Presidente Peña a rectificar, lo cierto es que su decisión resultó oportuna.

Más allá de los personajes, vale la pena subrayar la trascendencia de lo que, en el fondo, está en juego. La reforma de 2014 que establece la conversión de la PGR en Fiscalía es una pieza clave para la construcción de un auténtico Estado de derecho. La autonomía que la reforma busca es fundamental para despolitizar la procuración de justicia y someterla a criterios y procedimientos estrictamente jurisdiccionales.

Adicionalmente, se requiere un importante apoyo político y social para acometer la titánica labor de convertir la anquilosada y corrupta PGR en una Fiscalía autónoma, eficiente, libre de corrupción y que esté a la altura del reto de consolidar el Estado de derecho.

La rectificación presidencial fue positiva y oportuna. Sin embargo, el hecho ilustra los diferentes obstáculos que deberán superarse para alcanzar el objetivo de una procuración de justicia realmente autónoma. El siguiente episodio, sin duda, se desarrollará en torno a la puesta en marcha de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción y al nombramiento de su titular. El forcejeo en el Senado ya es evidente.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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