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Fiscalía General de la República, la autonomía versus el pase automático

noviembre 01
07:01 2017

Es impostergable una Fiscalía autónoma, libre de compromisos y presiones políticas; una entidad que opere como abogada de la nación y esté enfocada en la defensa del interés público.

Durante el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, los legisladores tienen frente a sí una tarea compleja. Además de la aprobación de todo lo relativo al paquete económico, destacan asuntos como la Ley de Seguridad Interior, el Mando Único y la aprobación de la ley secundaria de la Fiscalía General de la República, paso indispensable para que esta empiece a operar, el nombramiento de su titular, así como el de quien encabezará la Fiscalía especializada en el combate a la corrupción, pieza clave faltante del Sistema Nacional Anticorrupción.

Sin restar relevancia a otros temas de la agenda legislativa, vale la pena subrayar la trascendencia de las leyes y nombramientos relativos a la Fiscalía. Si el déficit de Estado de derecho se encuentra en la raíz de los principales problemas que lastran el desarrollo del país, contar con una Fiscalía autónoma, técnicamente competente y, ante todo libre de corrupción, es vital. Aprobada en el marco del Pacto por México, se trata de una auténtica reforma estructural que, junto con otras de gran calado, como la adopción del sistema de justicia acusatorio, está llamada a desempeñar un rol estratégico en la construcción de un auténtico Estado democrático de derecho y un nuevo modelo de gobernabilidad. Sin embargo, han transcurrido más de tres años desde que fue aprobada la reforma constitucional que mandata el reemplazo de la actual Procuraduría General de la República (PGR) por una Fiscalía autónoma y el proceso no ha concluido.

La relevancia de la reforma de febrero de 2014 se evidencia al recordar que, gracias a la subordinación de la PGR al titular del Ejecutivo, la procuración de justicia en México no ha respondido al propósito de servir al interés público, sino que este se ha confundido con el interés del gobierno. Además del manejo políticamente sesgado de la procuración de justicia y de la negociación de la ley como recurso de gobernabilidad, una de las consecuencias más lamentables de ese modelo fue su falta de profesionalismo: lo menos importante era salvaguardar el bien jurídico, sino “resolver” casos. Así, por ejemplo, la tortura, la siembra de pruebas, el pago de sobornos y otras prácticas similares suplieron a la investigación seria y objetiva, al tiempo que el debido proceso era atropellado y los ministerios públicos evidenciaron su incapacidad incluso para integrar un expediente. Los altos niveles de impunidad que padece el país no son ajenos a esta manera de ver la procuración de justicia.

A la luz de esta problemática, una Fiscalía autónoma, libre de compromisos y presiones políticas, es una necesidad impostergable. El Estado democrático de derecho requiere una entidad que auténticamente opere como abogada de la nación y que, por ende, esté exclusivamente consagrada a la defensa del interés público. Para tal efecto, es preciso asegurar que el titular de la Fiscalía no solo sea un jurista competente, sino que, sobre todo, sea claramente independiente respecto a la influencia de cualquier interés político. Asimismo, se requiere una labor titánica de reestructuración de la actual Procuraduría, avanzar en su profesionalización y erradicar la corrupción.

De acuerdo con la reforma constitucional de 2014, la independencia del Fiscal descansa en la mecánica de su nombramiento, que ya no depende en exclusiva del presidente, sino que el Senado ahora deberá participar en la selección de los candidatos, amén de ser el órgano encargado de la designación. De igual manera, el fiscal no podrá ser removido a voluntad por el presidente y durará nueve años en su encargo, de tal manera que su labor no coincida con un solo sexenio.

El problema, sin embargo, consistió en la inclusión de dos artículos transitorios que amenazan la autonomía del fiscal y de la Fiscalía. Se trata de los artículos 16 y 19. Este último considera que, sin previa evaluación de capacidades ni de control de confianza, el personal de la Procuraduría, con todos los vicios y malas prácticas que arrastra, se integrará a la Fiscalía.

Así, una reingeniería a fondo de las instancias de procuración de justicia se vería muy limitada en la práctica en virtud de la ausencia de un proceso de depuración que asegure la erradicación de los vicios y las inercias de la actual PGR.

La procuración de la justicia en México no ha respondido al propósito de servir al interés público, sino que se ha confundido con el interés de gobierno”.

Por su parte, el transitorio 16 establece que el nombramiento del primer Fiscal no tendrá que ceñirse a lo previsto por la Constitución, sino que el procurador en funciones se convertirá, en automático en el Fiscal General de la República por un periodo de nueve años; de esta forma, el ahora Exprocurador Raúl Cervantes, nombrado por el Presidente Peña, debía convertirse en el primer titular de la nueva Fiscalía.

Ante este escenario, tuvo lugar una fuerte movilización de diversas organizaciones de la sociedad civil opuestas al llamado pase automático. La razón no deriva de un juicio adverso sobre los méritos de Raúl Cervantes como jurista, el problema se ubica en las sobradas razones que hay para poner en tela de juicio su autonomía y su independencia respecto a intereses políticos. El Exprocurador es militante activo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido dos veces diputado federal por este partido y en la actualidad es senador con licencia; durante la campaña presidencial de 2012, fungió como responsable del área jurídica.

Precisamente por ello, debido a la presión ciudadana y a las muestras de rechazo que el pase automático cosechó en la opinión pública, en noviembre de 2016, el Presidente Peña envió al Senado una iniciativa que deroga el artículo 16. La medida fue bien recibida y se habló, incluso, de una muestra de sensibilidad política del primer mandatario. No obstante, la iniciativa en cuestión fue enviada a la congeladora.

Haya sido o no la intención, lo cierto es que el no procesamiento de la derogación del transitorio sembró la sospecha de que se buscaba otorgar a la administración saliente un manto de impunidad. Los reclamos ciudadanos escalaron y a estos se sumó una arriesgada jugada política del Partido Acción Nacional (PAN), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) que, al impedir la instalación de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, presionó para que finalmente el PRI y sus aliados se comprometieran a dar cauce legislativo a la iniciativa que deroga el transitorio 16.

Por lo pronto, el debate a propósito del pase automático fue estratégicamente aprovechado, no solo para sembrar la idea de un gobierno deseoso de asegurarse un manto de impunidad, sino para unir en una suerte de frente legislativo de facto al PAN, al PRD y a MC. Al margen de los señalamientos a propósito de las verdaderas intenciones de la acción en contra del pase automático, lo cierto es que fue exitosa y otorga al Frente una victoria que podría contribuir a reforzar la idea de que el objetivo perseguido es viable.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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