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Extinción de dominio, actualidad y futuro

Extinción de dominio, actualidad y futuro
diciembre 01
2019

La nueva ley sobre el tema pretende debilitar a las redes. Sin embargo su actuar va más allá de los límites establecidos y resulta necesario la implementación de mecanismos que den certeza jurídica al actuar de los involucrados.

Desde junio de 2008, se introdujo al derecho mexicano la figura de acción de extinción de dominio, con la finalidad de pri­var del derecho de propiedad a una persona en beneficio del Estado sin recibir alguna contraprestación, re­tribución o indemnización sobre los bienes cuya procedencia legal no pueda acreditarse y sean producto o instrumento de los delitos de la de­lincuencia organizada, contra la salud, secuestro, robo de vehículos y trata de personas; sin embargo, esta nor­mativa se extendió para los crímenes de encubrimiento, los cometidos por servidores públicos, las operaciones con recursos de procedencia ilícita y la extorsión, así como las felonías cometidas en materia de hidrocar­buros, petrolíferos y petroquímicos.

Con motivo del objetivo sexenal fijado por el gobierno federal en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) destaca la prevención y erradicación de la corrupción, defraudación fiscal, lavado de dinero y delincuen­cia organizada. Además, nace la necesidad de reformar los artículos 22 y 73, fracción XXX, de la Constitu­ción Política de los Estados Unidos Mexicanos. Derivado de tales refor­mas, el 9 de agosto de 2019 se expi­dió la Ley Nacional de Extinción de Dominio (LNED), que constituye un parte aguas para el porvenir del país, donde el Gobierno Federal estableció las bases para cumplir con su meta.

¿QUIÉN LO EJECUTA Y QUÉ ELEMENTOS NECESITA?

La extinción de dominio es facultad del agente del Ministerio Público de la Federación, quien inicia el procedimiento civil mediante una vía especial y de manera autónoma al de carácter penal, siempre y cuando existan ele­mentos que lo sustenten. Para proceder, debe haber un hecho ilícito, así como algún bien de origen o destina­ción del mismo que se relacione. Por otra parte, el titular del bien deberá tener conocimiento de dicha circunstancia, lo que no podrá tenerse por cumplido cuando se acredite que el titular estaba impedido para saberlo.

SOBRE EL ASEGURAMIENTO DE BIENES

Los legisladores establecieron que, de acuerdo con la naturaleza del pro­cedimiento, se presume la necesidad de decretar a petición del ministerio público la medida cautelar de asegu­ramiento de bienes para evitar que sean ocultados o se realice un tras­lado de dominio al garantizar en to­do momento su conservación. Sin embargo, vale la pena expresar que la parte demandada no puede ofre­cer alguna garantía para evitar dicha medida cautelar,lo que resulta en un acto autoritario por parte del gobier­no al desplazar el principio de pre­sunción de inocencia.

La autoridad que para tal efecto se encargue de la administración de los bienes, podrá proceder a su venta o disposición anticipada, salvo aquellos considerados como objeto de prueba, lo que imposibilita su destino. En ese sentido, uno de los privilegios de la autoridad administradora es pro­ceder a la venta anticipada cuando le resulte incosteable o cause perjuicios al erario, pero debe considerarse si la administradora cuen­ta con la capacidad de manejar cualquier bien sometido al procedimiento. Por otra parte, los bienes en proceso de extinción de dominio podrán disponerse deforma anticipada a favor de las dependencias y entidades de la administración públi­ca federal con el fin de que se utilicen en programas sociales u otras políticas prioritarias.

PLAZO PARA LA PRESCRIPCIÓN DE EXTINCIÓN DE DOMINIO

La acción de extinción de domi­nio sobre bienes de origen ilícito es imprescriptible y se entiende en virtud de su naturaleza, pero resultan excesivos los 20 años para ejercer tal acción sobre aquellos destinados para cometer un ilíci­to, pues a manera de ejemplo po­dría verse involucrado un inmueble arrendado hace 10 años y usado como casa de seguridad para cometer un secuestro y que en la actualidad forma parte del patrimonio de una familia trabajadora.

REALIDAD CONTRA LA INCERTIDUMBRE JURÍDICA

Con motivo de la publicación de la LNED y derivado de la violación a derechos fundamentales que pudiera traer aparejada con su entrada en vigor y a partir de su ejecución, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la acción de in­constitucionalidad a diversos ar­tículos que de dicha legislación emanan, por eso, el presidente del máximo tribunal constitucional ordenó formar el expediente respectivo para someter a trámite tal acción, con lo que se espera que a la brevedad sea resuelta de manera favorable y se garanti­ce un estado de legalidad en este procedimiento; en todo caso, has­ta en tanto ello ocurra, de manera progresiva es una realidad a tra­vés de la cual se pretende materializar los objetivos del gobierno actual, pues la publicación del Acuerdo A/016/19, establece la organización y funcionamiento dela Unidad Especializada en Extinción de Dominio, que se encon­trará adscrita ala Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Fiscalía General de la Repúbli­ca (FGR), que dota de mayores fa­cultades a la gente del ministerio público federal de las que la LNED le ha conferido.

El Acuerdo A/016/19 establece la organización y funcionamiento de la Unidad Especializada en Extinción de Dominio”.

CONCLUSIONES

Aún queda un largo camino sobre el tema y conforme avance se podrán definir las vertientes por medio de las que el Estado mexicano pretende cubrir los gastos innecesarios que ha implementado en programas sociales, a costa de la violación a derechos fundamentales tanto de personas físicas como jurídicas susceptibles a la acción de extinción de dominio, algo que afecta su patrimonio, por eso es necesario tomarse mayores providencias sobre el actuar de cada persona y en el caso de las corporaciones, implementar los mecanismos que permitan una prevención e identificación delincuencial (cumplimien­to o compliancepenal), pues sólo de esta manera podrá hacerse frente al supuesto que se pueda enfrentar.

Mtro. Juan Antonio Barragán Cabral
De la comisión de Prevención del Lavado de Dinero del Colegio
antoniobarragan@intradeconsultores.com

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