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¿Exceso en las condonaciones del SAT?

¿Exceso en las condonaciones del SAT?
marzo 01
16:24 2015

A partir de que la Auditoría Superior de la Federación, órgano especializado de la Cámara de Diputados, dio a conocer el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, se ha repetido por diversos medios de comunicación que el Servicio de Administración Tributaria “perdonó” a ciertos contribuyentes el pago de adeudos fiscales.

En efecto, según la información pública dada a conocer por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se indicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó multas y recargos a diversos contribuyentes en cantidad total de $1,123,614,001.00.

Para determinar si dicha condonación estuvo apegada a Derecho, conviene analizar los antecedentes de la misma. Como es conocido por muchos mexicanos, en 2013, el SAT puso en marcha el programa “Ponte al Corriente”, un programa general y abierto a todos los contribuyentes que tenía por objeto la condonación total o parcial de adeudos fiscales causados, bajo el esquema detallado en el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación de 2013.

El mencionado programa fue incluido y aprobado por los propios integrantes del Poder Legislativo, ya que la Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 enviada por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Unión, carecía de referencias a condonaciones de adeudos fiscales.

En términos generales, dicho programa buscaba condonar de forma total o parcial, diversos adeudos fiscales consistentes en contribuciones federales cuya administración correspondiese al SAT, cuotas compensatorias, actualizaciones y accesorios de ambas, así como multas por incumplimiento de obligaciones fiscales federales distintas a obligaciones de pago.

Ahora bien, el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 emitido por la Auditoría Superior de la Federación, señaló que existieron múltiples irregularidades en la implementación del programa, dentro de las que destaca lo relativo a la condonación de adeudos fiscales de 17 contribuyentes, al no ajustarse a los requisitos y supuestos que estableció el artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para 2013.

Como es bien sabido, la ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objetivo principal de este órgano consiste en fiscalizar a posteriori los ingresos y egresos de los tres Poderes de la Unión, de los órganos federales constitucionalmente autónomos y de cualquier otra institución pública que utilice recursos de la Federación. En tal virtud, cuenta con facultades para fincar directamente responsabilidades resarcitorias, promover diversas acciones para el fincamiento de responsabilidades, así como para aplicar multas y sanciones a los que infrinjan la ley.

Con motivo de sus funciones, a más tardar el pasado 20 de febrero de 2015 la ASF se encontraba obligada a presentar un Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, lo cual hizo en tiempo y forma desde el 18 de febrero pasado. En dicho informe, se subrayó que el SAT incurrió en ciertas anomalías con motivo del programa de condonación “Ponte al Corriente”, ya que dicho órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público condonó los adeudos de 17 contribuyentes, sin que su situación se ajustara a los supuestos establecidos en ley.

La ASF señaló específicamente que de manera ilegal se otorgaron “…condonaciones al 100.0% de multas y recargos por 1,123,614.0 miles de pesos a 5 contribuyentes, relativas a retenciones de ISR no efectuadas por éstos, condonaciones tales que, de acuerdo con el artículo Tercero mencionado, no eran susceptibles de ser aprobadas”.

De acuerdo con el inciso b) de la fracción I del mencionado artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013, se podían condonar al cien por ciento, los recargos y multas derivados de créditos fiscales respecto de cuotas compensatorias y contribuciones federales distintas a las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar, así como las multas por incumplimiento de las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, que se hubieren causado entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2012.

La ASF estimó que los contribuyentes mencionados, no se encontraban en el supuesto para ser considerados sujetos de condonación, ya que sus adeudos fiscales, consistentes en multas y recargos, derivaban precisamente de la falta de retención de contribuciones.

No obstante, el SAT intentó defender su actuación señalando mediante el Comunicado de prensa 019/2014 de fecha 18 de febrero de 2015, que dicho órgano “…considera que los impuestos no retenidos por las personas obligadas a hacerlo, los convierten en sujetos obligados al pago del impuesto y se sustituyen en lugar del contribuyente primario”.

Al respecto, debe decirse que la retención es aquel imperativo establecido en ley para que una persona se abstenga de entregar una parte de una contraprestación que corresponda a un contribuyente, a fin de entregarla al fisco y eliminar una posible responsabilidad solidaria impuesta por el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación.

El artículo 1987 del Código Civil Federal define a la solidaridad pasiva como aquella obligación a cargo de dos o más deudores de prestar, cada uno de por sí, en su totalidad, una prestación debida. En el caso específico del artículo 26 fracción I del Código Fiscal de la Federación, los retenedores, por ministerio de ley, son responsables solidarios de los contribuyentes a quienes se les debió retener la contribución específica.

En tal virtud, contrario a lo que estima el SAT, un retenedor no se convierte en obligado directo de la obligación tributaria cuando omite retener una contribución, ya que el contribuyente a quien se le debió retener el impuesto conserva su carácter de obligado directo y el retenedor únicamente se convierte en obligado solidario para pagar materialmente dicha obligación fiscal. En esa tesitura, el retenedor no pierde su carácter de retenedor, ni siquiera cuando omite retener impuestos o cuando los paga directamente con su patrimonio.

Por ello, la observación de la ASF es válida al estimar que el SAT no debió condonar los adeudos de los contribuyentes en cuestión, pues la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2013 estableció expresa y claramente que sólo podían condonarse los recargos y multas accesorios de adeudos fiscales distintos a los que el contribuyente debió retener.

En tal virtud, la naturaleza de los adeudos condonados nunca perdió su carácter de accesorio de contribuciones que debieron retenerse, ya que las multas y recargos condonadas derivaron precisamente de la falta de retención de contribuciones.

No sobra mencionar que la ASF promueve en el Informe mencionado a que se realicen las investigaciones pertinentes y se inicie, en su caso, un procedimiento de responsabilidades administrativas en contra de la Coordinadora de Apoyo Operativo de Recaudación y el Administrador de Apoyo Operativo de Recaudación “2” que emitieron los “Criterios normativos en materia del Tercero Transitorio de la LIF 2013” y el “Alcance a los criterios normativos en materia del Transitorio de la LIF 2013”, respectivamente, sin estar facultados para emitir dichos criterios.

Lo anterior es así ya que dichos criterios emitidos sirvieron como base de las condonaciones descritas con anterioridad. De todo lo anterior, deben destacarse varias conclusiones importantes.

En primer lugar, a pesar de que se promovió el inicio de un procedimiento para determinar responsabilidades administrativas, se estima que deben iniciarse todos los procedimientos de responsabilidad establecidos en ley en contra de aquellos servidores públicos que de una u otra manera participaron en las condonaciones ilegales, para evitar que se repitan este tipo de afectaciones tan graves a la Hacienda Pública, mismas que obligan al SAT a fiscalizar a otros contribuyentes de una forma mucho más rigurosa.

En segundo término, no es ocioso mencionar que la autoridad hacendaria cuenta con facultades para iniciar, en un plazo máximo de 5 años, un juicio de lesividad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que podría revertir las condonaciones ilegales a que se refiere la ASF.

Finalmente, es menester mencionar que este tipo de beneficios fiscales no deben repetirse, ya que, como lo menciona la ASF, fomentan una cultura del no pago y propician la evasión fiscal, generando una percepción de inequidad e ineficiencia del ente fiscalizador a los ojos de los contribuyentes.

 

Dr. Juan de la Cruz Higuera Arias

Con la colaboración de Juan de la Cruz Higuera Ornelas

 

*Nota: La información contenida en el presente escrito no constituye una opinión profesional del autor, por lo que no se le puede imputar responsabilidad alguna por el uso que se le otorgue. El contenido aquí plasmado es meramente informativo y de carácter general, por lo que puede contener interpretaciones diversas a las que en su momento emita una autoridad. Para la resolución de algún caso en concreto, se invita a cualquier interesado a que obtenga una opinión profesional. Finalmente, este texto no deberá ser copiado ni reproducido sin la autorización previa y por escrito de su autor.

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1 Comment

  1. Vicente Robleda
    Vicente Robleda marzo 13, 04:04

    Esperemos que con la nueva Ley Anticorrupción, se aplique de alguna manera a estos inconvenientes fuera de toda norma ética y equidad jurídica.

    Reply to this comment

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