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Energía, hacia el rescate del modelo monopólico

Energía, hacia el rescate del modelo monopólico
noviembre 01
2020

Es de sobra conocida la animadversión del presidente López Obrador a la reforma energética y, por tanto, al modelo de industria que pretende impulsar. Por el momento, no ha tomado la decisión de enviar al Congreso una iniciativa de reforma constitucional que desmantele la existente, tal como ya lo hizo en el caso de la educativa. Sin embargo, la labor de descarrilamiento avanza a través de medidas como la suspensión de licitaciones y el freno a la inversión privada en el sector de energías limpias.

El núcleo de la política energética consiste en obstaculizar la creación de un mercado competitivo de energéticos y privilegiar, a toda costa, a los dos monopolios estatales».

No obstante el bajo perfil con el que se había manejado la reversión de la reforma, hace un par de meses el proyecto de desmantelamiento se hizo explícito. El presidente López Obrador citó a los titulares y comisionados del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), para leer un memorándum en el que se plantean los nuevos lineamientos del sector y solicitar a esos organismos le informen si la nueva política energética puede llevarse a cabo bajo el marco actual de la reforma energética. Mencionó que, de ser necesario, presentará una nueva reforma que permita la consolidación de las acciones realizadas por su administración a favor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Entre los puntos más destacados de la política energética en marcha, cabe mencionar el objetivo de lograr autosuficiencia. Desde la perspectiva presidencial, significa no exportar petróleo, extraer sólo el que se necesita para las refinerías y dejar de importar diésel y gasolina. También se incluye la meta, cada vez más lejana, de producir 1.8 millones de barriles diarios de crudo en 2020, 1.9 en 2021, 2.0 en 2022, 2.1 en 2023 y 2.2 en 2024. Asimismo, se prevé continuar la rehabilitación de las seis refinerías para alcanzar, en 2022, un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios; además de terminar en ese año la de Dos Bocas, Tabasco, para agregar 340 mil barriles diarios. Un escenario, a todas luces, incierto.

En materia de electricidad, se plantea potenciar la generación de energía. Para tal efecto, el sistema eléctrico nacional deberá ser alimentado en este orden: subir a la red de distribución la energía producida en las hidroeléctricas, lo generado en otras plantas de la CFE, la energía eólica o solar de particulares y, al final, la de ciclo combinado de las empresas privadas.

Otros puntos a destacar se refieren a que la CFE debe aplicar el plan para el uso y la venta del gas adquirido en el anterior gobierno, a fin de evitar multas y pagos exagerados por ese “mal negocio público realizado en el periodo neoliberal”, así como frenar el otorgamiento de permisos o concesiones en el sector energético a particulares por sobreoferta de petróleo y electricidad para el mediano y largo plazos.

En extracción y refinación de petróleo, así como en generación de energía eléctrica, no se descartará la asociación con privados, siempre que sean acciones complementarias y no afecten el interés nacional.

Queda explícita la intención presidencial de dar marcha atrás a la reforma energética y de regresar al esquema del pasado, organizado en torno a los dos monopolios estatales, a pesar de que ambas empresas están en crisis y son un barril sin fondo que, en vez de generar valor, lo destruyen. La visión presidencial, anclada en la ideología que identifica soberanía con control estatal, parte de la idea de que las directrices regulatorias derivadas de la reforma energética han sido disparejas en perjuicio de las dos empresas productivas del Estado. Pero pierde de vista que el objetivo de la reforma es precisamente desarrollar un mercado energético competitivo, y ello presupone la adopción de medidas de regulación asimétricas, como las que se han aplicado en el sector de telecomunicaciones.

Se prevé continuar la rehabilitación de las seis refinerías para alcanzar, en 2022, un procesamiento de 1.2 millones de barriles diarios; y terminar en ese año la de Dos Bocas, Tabasco, para agregar 340 mil barriles diarios. Un escenario, a todas luces, incierto».

Por otro lado, la estrategia energética delineada por el mandatario atropella uno de los fundamentos clave de la reforma: la autonomía de los entes reguladores (CRE, CNH y Cenace), que están cada vez más sometidos a las disposiciones de la Secretaría de Energía. En otras palabras, esto equivale a afirmar que son las entidades reguladoras las que estarán subordinadas a las decisiones del ente regulado.

Así, el núcleo de la política energética consiste en obstaculizar la creación de un mercado competitivo de energéticos y privilegiar, a toda costa, a los dos monopolios estatales. Se reitera retóricamente que se respetarán los contratos existentes, pero en los hechos se antepone el interés de Pemex y de la CFE al señalarse, por ejemplo, que, en el abasto eléctrico, primero se recurrirá a las hidroeléctricas de esta última, después a otras plantas de la misma, en tercer lugar a las energías renovables privadas, y al final, a plantas privadas de ciclo combinado.

Las preguntas que surgen, más allá de los despropósitos económicos y ambientales, es si esta “nueva” política, además de implicar la incapacidad del país para cumplir con los compromisos asumidos en el Acuerdo de París sobre cambio climático, entrará o no en contradicción con el T-MEC, dando así lugar a crecientes disputas.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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