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Empoderamiento ciudadano: la nueva acción pública

Empoderamiento ciudadano: la nueva acción pública
diciembre 01
08:00 2017

Este nuevo mecanismo garantiza que aquellos habitantes de la Ciudad de México que se consideren afectados en su patrimonio o en la armonía de su comunidad puedan defenderse interponiendo una demanda contra las autoridades.

Con motivo de la nueva Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se agrega un nuevo instrumento jurídico al alcance de los gobernados, el cual se denomina acción pública. Este diferente medio de defensa resulta de gran interés para diversas personas en la Ciudad de México, incluidas las pertenecientes al sector inmobiliario.

¿EN QUÉ CASOS PROCEDE?

La acción pública está prevista como un mecanismo de defensa para aquellos gobernados que se consideren afectados en su patrimonio, en su esfera jurídica o incluso en la armonía de su comunidad. Dichas afectaciones pueden darse por construcciones, cambios de uso de suelo o cambios del destino del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles.

Las afectaciones o cambios efectuados en perjuicio de estas personas deben de contravenir el contenido de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, su Reglamento, el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal o los Programas Ambientales y de Desarrollo Urbano vigentes.

¿QUIÉNES INTERVIENEN?

La acción pública puede ser interpuesta en lo individual por personas físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o incluso por órganos de representación ciudadana. La Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México prevé que las autoridades demandadas pueden ser: el jefe de gobierno, los secretarios del ramo, los directores generales, los alcaldes (en sustitución de los jefes delegacionales), directores generales, la administración pública paraestatal y descentralizada cuando actúen con el carácter de autoridad, los órganos autónomos y demás autoridades administrativas de la Ciudad de México.

Asimismo, en la acción pública puede comparecer con carácter de tercero interesado cualquier persona, cuyo interés legítimo pueda verse afectado por las resoluciones que con motivo de la acción pública emita el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Estos terceros son personas que tienen un interés contrario o incompatible con la pretensión del o los demandantes, por ejemplo, una empresa inmobiliaria, una constructora y el dueño de un inmueble, entre muchos otros.

Una vez admitida la acción pública, se emplaza a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial en su carácter de autoridad ambiental garante del cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y del ordenamiento territorial, para que también participe en el procedimiento.

¿CUÁLES SON LOS PLAZOS Y REQUISITOS?

Para iniciar una acción pública se debe acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dentro de un plazo de 45 días hábiles siguientes a la fecha en que se tuvo conocimiento de las afectaciones o cambios ocurridos y presentar un escrito con determinadas formalidades.

Estas incluyen, entre otros requisitos, lo siguiente: nombre y domicilio del accionante, relación sucinta de los hechos, presuntas infracciones cometidas, autoridades presuntamente infractoras, terceros perjudicados y pruebas.

Si existen violaciones a derechos humanos, basta con que las personas físicas o morales que promuevan la acción pública acrediten su interés legítimo para promoverla.

¿SE PUEDE SOLICITAR LA SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS?

Una figura jurídica fundamental que incluye la acción pública es la suspensión. El demandante puede solicitar en cualquier etapa del procedimiento que se suspendan los trabajos que motivaron el inicio de la acción pública. Esto permitirá que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran al momento de decretar dicha suspensión.

El personal adscrito al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México levantará un acta circunstanciada del lugar para asegurarse de que no varíen las condiciones en las cuales se concedió la suspensión.

La ley señala que la suspensión procederá si la autoridad o autoridades presuntamente infractoras no logran acreditar la legalidad de sus actuaciones. No obstante, se aclara que no será procedente la suspensión en aquellos casos en que se perjudique el interés público o se contravengan disposiciones de orden público.

La acción pública puede ser interpuesta por personas físicas o morales que acrediten tener interés legítimo o por órganos de representación ciudadana”.

¿CÓMO SE RESUELVE LA ACCIÓN PÚBLICA?

El dictado de la sentencia de la acción pública deberá ocurrir por mayoría de votos de los magistrados integrantes de la Sala que resuelva y deberá hacerse en un plazo de 30 días contados a partir de que se reciban todas las contestaciones de las autoridades demandadas. La sentencia que se emita debe fijar claramente los puntos controvertidos, contener un examen y valoración de las pruebas admitidas y una fundamentación y motivación de la legalidad o no de la acción pública. Asimismo, debe indicar los términos en los que deberán ser ejecutadas las acciones por parte de las autoridades emplazadas, así como el plazo correspondiente para ello. En caso de que se ordene la nulidad del acto que dio origen a la acción pública, la resolución señalará sus efectos, mismos que pueden comprender, entre otros: clausura, demolición, restitución, reintegración, reparación, restauración o revitalización del inmueble o área afectada.

OBSERVACIONES FINALES

La reforma constitucional al artículo 17 que tuvo lugar en 2010, permitió al Congreso de la Unión la expedición de leyes secundarias que regulen acciones colectivas. Al igual que en otras materias como la económica, la financiera y la ambiental que ya cuentan con acciones colectivas. Este nuevo mecanismo amplía las posibilidades en el ámbito administrativo a nivel local. Se debe seguir de cerca el desarrollo de este novedoso instrumento jurídico al alcance de los gobernados en la Ciudad de México, para corroborar que su implementación cumpla con los propósitos para los cuales fue creado.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias
Socio Director de JCH Abogados

Lic. Adriana Higuera Ornelas, LL.M.
Asociada Senior de JCH Abogados
info@jch-abogados.com

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