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El Sistema Nacional Anticorrupción y la agenda legislativa

El Sistema Nacional Anticorrupción y la agenda legislativa
febrero 20
2016

Entre la gran variedad de temas que están siendo objeto del trabajo legislativo durante el presente periodo ordinario, el combate a la corrupción se coloca en un lugar privilegiado en la medida en que está directamente vinculado con la que tal vez sea la principal demanda ciudadana.

Difícilmente se puede exagerar la relevancia del Sistema Nacional Anticorrupción. No sólo por los enormes y crecientes costos que la corrupción significa (alrededor del 10% del PIB), sino por sus efectos nocivos sobre los lazos de cohesión social y sobre el cada vez mayor déficit de credibilidad de la clase política y las instituciones democráticas. En este sentido, resulta urgente sacar adelante las leyes secundarias que permitan poner en operación el Sistema aprobado en mayo del año pasado.

En conformidad con la reforma constitucional que creó el Sistema, en mayo del presente año deberán ser aprobadas la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Mientras la primera deberá regular la relación entre las instituciones que componen el Sistema (Auditoría Superior de la Federación, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Secretaría de la Función Pública, Consejo de la Judicatura Federal, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el Representante del Comité de Participación Ciudadana), la segunda deberá ocuparse de temas como la tipificación de las conductas, las penas correspondientes, las facultades de las dependencias que forman el Sistema, sus márgenes de autonomía y su capacidad para prevenir, detectar y castigar los actos de corrupción.

Pese a su relevancia, se observa un débil compromiso del gobierno y los grupos parlamentarios para avanzar en el combate a la corrupción y la impunidad que la acompaña y la alienta. De ahí que un grupo de organizaciones académicas y ciudadanas haya hecho pública su intención de hacer valer el derecho a presentar una iniciativa ciudadana encaminada a dar vida a la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos que, como ya se señaló, es uno de los dos pilares de la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción. Para tal efecto, se elaboró un proyecto de ley que en 100 artículos busca regular la conducta de los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno: la Ley 3de3.

Como su nombre lo indica, la Ley recoge la demanda promovida durante los comicios de 2015 consistente en exigir a los candidatos la presentación de su declaración patrimonial, su declaración de intereses y su declaración fiscal. Se trata ahora de convertir esa demanda ciudadana en una obligación legal para los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, la Ley 3de3 va mucho más lejos pues define con claridad las directrices de conducta esperada de los servidores públicos, al tiempo que tipifica diez conductas que serán consideradas actos de corrupción: soborno, peculado o desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de la justicia, colusión, utilización ilegal de información falsa o confidencial, nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción.

De igual manera, la iniciativa incorpora un capítulo de integridad de las empresas en el que, con base en las mejores prácticas internacionales, establece estándares mínimos de integridad, delimita su responsabilidad administrativa al involucrarse en actos de corrupción y regula los criterios ya establecidos en la Constitución. También establece un nuevo régimen de sanciones para personas físicas y morales que participen en actos de corrupción.

Todo apunta que las organizaciones promotoras de la Ley 3de3 lograrán con relativa facilidad recabar el número de firmas necesarias para presentar la iniciativa al Congreso. Quedará por ver la recepción que se le dispensará a esta iniciativa, sobre todo de parte de las bancadas del PRI y sus aliados. La ley obliga a dictaminar (a favor o en contra), pero en tanto no tiene la calidad de iniciativa preferente, no hay plazo perentorio y, por lo tanto, podrá ser enviada a la congeladora.

Debido a que la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción no forma parte de la agenda del PRI y sus aliados, existe la posibilidad de que el tema no sea resuelto en el presente periodo ordinario. A este respecto, vale la pena considerar la aritmética legislativa. En la Cámara de Diputados, la coalición gobernante, compuesta por el PRI, el PVEM y Nueva Alianza suma 260 diputados; este número podría incrementarse a 268 en caso de que el PES decida colocarse como integrante de dicha coalición gobernante. Esta mayoría es más que suficiente para sacar adelante o bloquear cualquier iniciativa de ley. Adicionalmente, debe considerarse que la oposición está fragmentada en tanto los 232 diputados están repartidos en cinco partidos diferentes y de éstos, los dos principales (PAN y PRD) enfrentan una severa división interna.

En relación con el Senado, la coalición gobernante no tiene la mayoría. La suma de PRI y PVEM es 62; aun agregando la senadora de Nueva Alianza el número quedaría corto: 63. Con todo, ya en el proceso concreto de votación y dependiendo del nivel de asistencia, la mayoría podría lograrse, sobre todo si se logra negociar el apoyo de un par de senadores de oposición. A este respecto, habría que ver si el aparente alineamiento del PT (6 senadores) con el gobierno es sólo para efectos electorales o también involucra apoyos legislativos.

En otras palabras, la coalición de gobierno enfrenta condiciones favorables para ignorar y enviar a la congeladora la iniciativa de la Ley 3de3. Sin embargo, esas condiciones favorables también implican una gran responsabilidad. En tanto se trata de una iniciativa surgida de la sociedad y que responde a una de las mayores exigencias ciudadanas, el costo político de ignorarla se reflejará en un deterioro aún mayor de la credibilidad que en lo fundamental será endosado a los partidos de la coalición gobernante.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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