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El sector empresarial y la reactivación de la economía

El sector empresarial y la reactivación de la economía
junio 01
2020

Las relaciones entre el sector empresarial y el presidente Andrés Manuel López Obrador nunca han sido tersas. Están marcadas por una franca desconfianza mutua. Sin embargo, a raíz del triunfo electoral obtenido en 2018, era a todas luces obvio que ambas partes debían tender puentes de entendimiento. El sector privado no podía adoptar una actitud de abierta confrontación con el presidente, ni éste desconocer el papel crucial de la inversión privada como premisa de la viabilidad de cualquier proyecto de nación.

La búsqueda de la confianza de los inversionistas ocupó un lugar central en los discursos del entonces presidente electo. Insistió en que su gobierno estaría firmemente comprometido con el mantenimiento de la disciplina fiscal, al tiempo que anunció la conformación de un Consejo Asesor Empresarial. Estas señales le dieron el beneficio de la duda y favorecieron la interlocución.

Pero, poco antes de tomar en sus manos las riendas del gobierno, la aún endeble confianza se resquebrajó como resultado de la cancelación de las obras de construcción del nuevo aeropuerto.

Independientemente de los costos económicos de la decisión, es importante considerar que su verdadera razón de ser fue mandar un mensaje inequívoco acerca de la prevalencia del poder político por encima del poder económico. Así, incluso antes de asumir formalmente el poder, el nuevo gobierno ya adolecía de un significativo déficit de confianza que no ha sido superado.

Aunque la afirmación de que el poder político no debe estar subordinado al económico es correcta, no se debe perder de vista que, en la visión presidencial, el propósito de la 4T es impulsar un modelo de economía mixta en el que el Estado se erige en el centro ordenador de la vida económica. Las principales implicaciones de este proyecto son dos: por un lado, una modalidad de toma de decisiones en la que los cálculos políticos y las preferencias ideológicas pesan más que la racionalidad económica; y por otro, que el papel del sector privado no consiste en elaborar propuestas ni en incidir en la toma de decisiones.

Como ocurría en la época dorada del nacionalismo revolucionario, los empresarios deben asumirse como aliados del régimen para, en reciprocidad, tener la garantía de que sus intereses serán respetados y aun objeto de tratamiento preferencial.

La iniciativa privada ha puesto sobre la mesa la conveniencia de que el gobierno convoque un pacto social con empresarios, para reactivar la economía y el empleo».

Este modelo de relación Estado-iniciativa privada se enfrenta a una realidad adversa. La pandemia del nuevo coronavirus está conduciendo a la economía mundial a una depresión de magnitudes no vistas desde la gran crisis de los años 30 del siglo pasado. En la mayor parte de los países, los gobiernos están adoptando medidas enérgicas orientadas a evitar la quiebra de empresas, la pérdida de empleos y la ruptura de las cadenas productivas.

En México, sin embargo, el gobierno ha sido reacio a instrumentar una auténtica estrategia anticíclica. Lejos de ello, se ha redoblado la apuesta por la austeridad, al tiempo que, contra viento y marea, se mantienen intactos los programas sociales clientelares y las obras faraónicas de dudosa rentabilidad.

La iniciativa privada ha puesto sobre la mesa la conveniencia de que el gobierno convoque un pacto social con empresarios, sindicatos, sociedad civil, legisladores, así como gobiernos estatales, para reactivar la economía y el empleo.

Dicho pacto sería el fundamento político de una estrategia contracíclica que, entre otras cosas, incluya una política fiscal expansiva, un relajamiento de la política monetaria y diversos estímulos fiscales consistentes en el diferimiento del pago de las obligaciones tributarias.

El titular del Ejecutivo ha sido refractario a estas propuestas, particularmente en lo que se refiere a las medidas de alivio fiscal. Esta actitud llevó a Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), a declarar que se les “han cerrado las puertas” y que, por tanto, “hay que hacer un esfuerzo privado para coordinar recursos privados ante esta negativa de apoyos de recursos públicos, y ver qué alcance podríamos lograr”.

Así, el CCE convocó a una Conferencia Nacional para la Recuperación Económica en la que los diferentes sectores de la sociedad aportarían sus ideas para diseñar un plan de acciones de corto, mediano y largo plazos para enfrentar la problemática del COVID-19.

Vale la pena llamar la atención sobre los esfuerzos realizados para adoptar medidas que, al margen de lo que el gobierno esté o no dispuesto a hacer, contribuyan a la reactivación de la economía.

Un primer ejemplo de la voluntad de impulsar medidas de reactivación de la economía, aun sin el concurso del gobierno federal, fue el anuncio del Consejo Mexicano de Negocios (CMN) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest, de un acuerdo para facilitar el financiamiento de las cadenas productivas y apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas. La operación de las empresas más grandes y modernas del país requiere del funcionamiento eficaz de cada uno de los eslabones que conforman sus cadenas productivas; de ahí la necesidad de apoyar a las empresas proveedoras.

Mención aparte merece el hecho de que el acuerdo no implica recursos públicos ni significa una deuda adicional para el gobierno. Como lo señaló Tomás Bermúdez, representante del BID en México, “nosotros financiamos al sector privado sin garantía soberana”. Indicó que tienen el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el sentido de que México es accionista de BID Invest a través de la dependencia. Mientras distintos actores económicos, políticos y sociales, así como algunos miembros del gabinete celebraban el acuerdo, al presidente López Obrador no le gustó “el modito”, es decir, le causó molestia que, sin su venia, dos entidades no gubernamentales hayan convenido un plan que puede contribuir al rescate de la economía. Se ha sugerido que el presidente no entendió bien los términos del acuerdo y sus implicaciones. Sin embargo, es más probable que el disgusto del primer mandatario obedezca a que no fue él el artífice del acuerdo y a que desde la sociedad surjan iniciativas, cuya pertinencia y viabilidad no dependen del permiso del presidente.

Para un personaje que busca tener bajo su control todos los hilos del funcionamiento del país, el acuerdo entre los grandes empresarios y el BID es visto como un desafío a su liderazgo. Sin duda, el presidente está preocupado por los malos resultados de su gobierno y por el modo en que la irrupción de la pandemia estorba en el camino de la 4T. También debe sentirse molesto y nervioso por los efectos de la falta de resultados sobre los niveles de aprobación de su gobierno.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999@gmail.com

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