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Finanzas y Administración

El reto en regulación financiera prudencial

El reto en regulación financiera prudencial
noviembre 01
2020

En un futuro no muy lejano, las Fintech ocuparán 30% del mercado. Se necesita una regulación que permita a las instituciones cumplir de forma ágil y rápida, sin dejar de lado el cuidado financiero y operativo.

Uno de los propósitos básicos de la regulación financiera es promover la eficiente acumulación de capital, así como la asignación de estos recursos, manteniendo la solidez y seguridad de las entidades del sector, no sólo de aquellas que aceptan depósitos del público (refiriéndose a la banca múltiple), sino de las que realicen cualquier tipo de actividad financiera en general. De igual forma, la normatividad busca atribuir y dotar de medios a las autoridades para una efectiva vigilancia, así como de facultades relacionadas con la imposición de restricciones de exposición al riesgo, revelación de información, prácticas contables, regulación de operaciones y la imposición de sanciones. Con esto, se pretende garantizar la salud de las instituciones, con el objetivo de evitar su inestabilidad.

El correcto funcionamiento de este sistema tiene como finalidad proveer a la economía nacional del financiamiento de las actividades productivas, de las transacciones y asignar recursos de una manera eficiente. Existen dos tipos de regulación: la estructural y la prudencial.

En México, la reglamentación ha sufrido modificaciones y actualizaciones desde la crisis económica de 1994. Además, se adicionó la normatividad relacionada con disposiciones de carácter prudencial que buscan prevenir de forma anticipada afectaciones para las entidades financieras por medio de la disminución de sus riesgos. Derivado de la crisis de 2008 en Estados Unidos de América (EUA), muchas economías del mundo comenzaron a gestionar diversos cambios legales a los sistemas financieros, con el propósito de no repetir los errores que dieron pie a dicho desequilibrio, que pudo haber provocado un colapso global.

A raíz de lo anterior, las modificaciones regulatorias, impulsadas en su mayoría por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, resultan en normas más estrictas de capitalización, liquidez y otras disposiciones prudenciales para las instituciones, que ponen un especial énfasis en el tema de riesgo sistémico. Es decir, buscan que se considere ubicar a las entidades en un grado de riesgo que pudiera implicar una afectación al sistema.

Cambios en la regulación
La reforma financiera que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en enero de 2014, implicó una importante modificación tanto a leyes (34 en total) como a disposiciones secundarias. Entre sus objetivos fundamentales estaba:

  • Incrementar la competencia en el sector financiero.
  • Fomentar el financiamiento a través de la banca de desarrollo.
  • Ampliar el crédito por medio de las instituciones privadas.
  • Mantener un sistema o sólido y prudente.
  • Hacer más eficaces a las entidades financieras, así como el actuar de las autoridades en la materia.

Sin embargo, los cambios incluidos en esta reforma no fueron los últimos aplicados al sistema legal en México en materia financiera, ya que con posterioridad a 2014, han continuado las modificaciones a las reglamentaciones secundarias. Por ejemplo, las Disposiciones de Carácter General aplicables a las instituciones de crédito han sufrido más de 50 cambios desde ese año a la fecha.

El reforzamiento de la regulación prudencial impone obligaciones importantes hacia los intermediarios financieros. En especial, afecta más a los pequeños, por los altos costos que requieren cumplir. La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) estima que esta normativa, tras la reforma financiera de 2014, pone en cierta desventaja a los bancos pequeños frente a los grandes.

Dentro de las recomendaciones, señala: “Una regulación prudencial más rigurosa es consistente con el objetivo de preservar la estabilidad del sistema, pero las cargas operativas y de supervisión no necesariamente son proporcionales al riesgo, lo cual afecta en mayor medida a las instituciones de menor tamaño”. Cabe resaltar que diversos estudios concluyen que el incremento de la carga regulatoria perjudica a las entidades financieras, en especial aquellas de reciente creación o de menor tamaño, en comparación con las respaldadas por un grupo.

Otro aspecto relevante dentro de la regulación del sector, tiene que ver con la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A partir de la revisión que hiciera el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) a México el año pasado, la mayoría de las disposiciones generales que establecen los lineamientos mínimos a seguir por parte de las instituciones, tuvieron modificaciones importantes. Desde los elementos de identificación que deben de requerir a sus clientes (para personas morales ahora son más rigurosos), hasta la implementación de un capítulo dentro de la regulación, llamado “Enfoque basado en riesgos”, el cual tiene por objetivo que cada entidad incorpore una metodología para ubicar el nivel de peligro en que se encuentra, de acuerdo con sus productos y servicios.

Actualmente, México cuenta con una normatividad bastante robusta. La legislación bancaria incluye las figuras de grupos financieros, así como una regulación prudencial que fija un adecuado coeficiente de capital a riesgo de crédito, sustentado en la calificación de cartera. Asimismo, ya se cuenta con un fondo de protección y seguro bancario. En otros términos, el Estado mexicano ha reforzado continuamente la regulación prudencial, con la finalidad de buscar un sano desarrollo dentro del sistema.

Por otro lado, es de considerar que el dinamismo actual de las transacciones comerciales provocó el nacimiento de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech, en marzo de 2018 mediante publicación en el DOF. Esto implicó un nuevo ordenamiento legal, así como la modificación de nueve normativas relacionadas, entre ellas la Ley de Instituciones de Crédito, la Ley del Mercado de Valores, la Ley para la Transparencia y el Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Sin duda, la intermediación de las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) representa un parteaguas para la actividad del sector como se conoce hasta ahora, ya que el esquema por medio de las plataformas tecnológicas, en un futuro no muy lejano, tendrá gran participación. Incluso, en este sentido, las estadísticas refieren que en 2030 las ITF tendrán 30% del mercado, el cual al día de hoy está en manos de las tradicionales.

Si bien es cierto que es necesaria la regulación prudencial, el exceso de ésta o tener un sector sobrerreglamentado impedirá su crecimiento. Del mismo modo, mermará un avance de la economía nacional, que se traduzca en bienestar y desarrollo social. De ahí la importancia de una normativa justa, que permita cumplir de forma ágil y rápida, sin dejar de lado el cuidado financiero y operativo.

Víctor M. Peña Lizárraga
Gerente Snr. de Consultoría de Servicios Financieros
vpena@fs-advisory.com

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