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El Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de la 4T

El Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de la 4T
mayo 20
2019

El pasado 30 de abril el gobierno federal presentó el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND). Como es sabido, la presentación de dicho Plan al inicio de cada administración responde al mandato constitucional contenido en el artículo 26, el cual establece que “el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación.”

Según el comunicado de la Secretaría de Hacienda, el PND es el documento en el que el gobierno “articula los objetivos y estrategias para atender los problemas prioritarios e impulsar el desarrollo nacional”. Así, el Plan presentado está conformado por tres ejes generales que permiten agrupar las problemáticas específicas cuya atención será prioritaria en los próximos seis años, a saber: Justicia y Estado de derecho; Bienestar; y Desarrollo económico. Contiene, además, tres ejes transversales que se refieren a los problemas públicos comunes a los ejes generales y cuya atención será prioritaria en todas las políticas públicas de esta administración: Igualdad de género, no discriminación e inclusión; Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública; y Territorio y desarrollo sostenible.

Una primera mirada al PND indica su alejamiento de lo que, en teoría, debería ser un auténtico ejercicio de planeación. De entrada, se trata de dos documentos distintos. El primero de ellos, elaborado en la oficina del presidente, se ubica más en la lógica de un discurso de campaña que en la de un instrumento útil de planeación. Abunda en diagnósticos y en señalamientos de buenas intenciones (así como en reiterados ataques al neoliberalismo), pero no detalla la manera en qué estos propósitos serán alcanzados. El segundo, elaborado bajo la conducción de la Secretaría de Hacienda, sí se atiene a lo que debe ser el PND, pero el problema es que no empata con el primer documento.

No es el propósito de estas líneas emprender el análisis puntual del PND, sino reflexionar en torno a su sentido como guía efectiva de una estrategia de desarrollo que, en principio, debe proyectarse más allá de la coyuntura y abrir cauces para la construcción de un mejor futuro.

La pertinencia de este ejercicio se evidencia a la luz de dos consideraciones. En primer lugar, la falta de continuidad de programas, estrategias y marcos institucionales, con el consiguiente desperdicio de recursos económicos y de capacidad de gestión. Cada nuevo gobierno, en México y en muchos países del mundo, quiere dejar su sello. Es un propósito válido; lo que definitivamente va más allá de esta aspiración legítima es la pretensión de convertirse en parteaguas del desarrollo y aun de la historia nacional y que, para lograrlo, se muestre dispuesto a tirar todo por la borda. En mayor o menor grado, los gobiernos en México han aspirado a reinventarlo todo, pero de manera particular el gobierno lopezobradorista parece empeñado en una sistemática tarea de desmantelamiento de instituciones y programas para que el proyecto de la 4T pueda partir de cero. El peligro estriba en que, en aras de corregir defectos, se tire el agua sucia de la tina con todo y niño.

La segunda consideración consiste en que la falta de continuidad va de la mano con la prevalencia de los criterios de corto plazo, los intereses partidistas y de grupo y sin referencia a las prioridades de un proyecto de largo plazo. De esta manera, en la práctica, la formulación del PND y los planes sectoriales que de él emanan se ha convertido en un ritual vacío, en un mero trámite formal incapaz de orientar estratégicamente las acciones de gobierno.

Ciertamente, esta insistencia en las prioridades de largo plazo no equivale a desconocer la importancia de los problemas del corto plazo. Cada vez más los ciudadanos tienden a privilegiar las consideraciones en torno a los resultados frente a los postulados ideológicos; de ahí la renuencia ciudadana a aceptar privaciones en el presente en aras de supuestos beneficios futuros. Esta situación no sólo plantea a los gobiernos la exigencia de resultados rápidos; también define una condición de viabilidad político-social para cualquier apuesta de largo plazo: ésta debe rendir frutos más o menos inmediatos y, sobre esta base, proyectarse al logro de los objetivos sustantivos del desarrollo a largo plazo.

El desarrollo del país necesariamente transita por la definición y la instrumentación de políticas Estado portadoras de futuro y garantes de continuidad en las reglas a que deben atenerse los actores públicos y privados. Se trata de trascender los vaivenes coyunturales de la vida política y ofrecer certidumbres a largo plazo en lugar de la permanente reinvención de la nación. Estas políticas de Estado deben entenderse como un conjunto de objetivos, prioridades y lineamientos estratégicos que, al responder a objetivos nacionales convenidos por las diversas fuerzas y actores políticos, económicos y sociales logran trascender los intereses inmediatos de los partidos políticos y de los grupos de interés.

El razonamiento es sencillo. Resolver las distintas deficiencias estructurales que sistemáticamente han venido bloqueando el camino al desarrollo implica no sólo diseñar estrategias y programas técnicamente correctos y cuya vigencia se proyecte más allá del horizonte temporal de un gobierno determinado; presupone también un compromiso fuerte de los diferentes actores con los objetivos, las prioridades y las líneas estratégicas de las políticas de desarrollo. En otros términos, se requiere un acuerdo político amplio entre los actores involucrados, un acuerdo orientado a la construcción de una imagen de futuro capaz de brindar dirección y sentido de trascendencia a las acciones de gobierno.

Desde la perspectiva de las políticas de Estado como fruto del acuerdo, el PND debería marcar las vías programáticas para actualizar el proyecto de largo plazo. En tal sentido, la formulación del PND tendría que ser el punto de partida para tejer acuerdos y tareas que le den sentido a la acción gubernamental. Este no lo logra el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.

Hasta ahora, la promesa de una cuarta transformación de la vida pública de México carece de brújula. Poco se avanzará en mejorar la situación social, en abatir los niveles de violencia e inseguridad, en combatir la corrupción o en la recuperación de la inversión y el crecimiento de la economía, si se carece de amplitud de mirada. De aquí la importancia que debe darse a la planeación con objetivos, prioridades y líneas estratégicas democráticamente construidos. La pregunta es si el gobierno de la 4T estaría dispuesto a revisar sus premisas, emendar errores y, sobre todo, abrirse a la negociación de un proyecto de futuro y el camino para alcanzarlo.

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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