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El outsourcing y sus implicaciones en materia del IVA

El outsourcing y sus implicaciones en materia del IVA
octubre 10
17:08 2016

A fin de estar a la vanguardia de las necesidades económicas, sociales y demográficas en nuestro país en materia laboral, a finales de 2012, la Ley Federal del Trabajo (LFT) sufrió una importante reforma. Entre los cambios efectuados, se destacan las modificaciones a los artículos 15-A, 15-B, 15-C, 15-D, 1004-B y 1004-C de la LFT, enfocados a regular el régimen de subcontratación laboral usualmente conocido como outsourcing. Según la exposición de motivos dada a conocer por la iniciativa presidencial, los cambios en el referido régimen tienen: “el propósito de evitar la evasión y elusión del cumplimiento de obligaciones a cargo del patrón”. Si bien, la referida reforma ha tenido un gran impacto en el campo laboral, sus efectos también están trascendiendo a otras materias, como lo es la fiscal, según se comentará a continuación.

En términos de lo dispuesto por el artículo 15-A de la LFT, el régimen de subcontratación es aquel mediante el cual un patrón (contratista) ejecuta obras o presta servicios con los trabajadores bajo su dependencia, en favor de una persona física o moral (contratante), quien fijará las tareas del contratista y lo supervisará en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Asimismo, el citado precepto dispone que el outsourcing debe de cumplir con tres condiciones: a) No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares, que se desarrollen en el centro de trabajo; b) Deberá justificarse por su carácter especializado y c) No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. Agregando que en caso de que no se cumplan las referidas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de esa Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social.

En la práctica, es común que empresas dedicadas a diversos giros, contraten de otras empresas, determinados servicios independientes necesarios para llevar al cabo su actividad preponderante, según lo pactado en el contrato de servicios correspondiente. Con motivo de las erogaciones efectuadas para la obtención de dichos servicios, las empresas contratantes, siempre y cuando se reúnan los requisitos establecidos por la Ley del Impuesto Sobre la Renta, pueden deducir dichos gastos para efectos de ese impuesto. Por su parte, por tratarse de una prestación de servicios independientes, las empresas contratistas hacen el traslado correspondiente del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por la contraprestación pactada con los contratantes, quienes a su vez pueden acreditarlo.

Ahora bien, el artículo 14 fracción I de la Ley del Impuesto al Valor Agregado (LIVA), señala que para los efectos de la misma, se considera prestación de servicios independientes, entre otros, la: “prestación de obligaciones de hacer que realice una persona a favor de otra, cualquiera que sea el acto que le dé origen y el nombre o clasificación que a dicho acto le den otras leyes”. Aclarando en su penúltimo párrafo que: “no se considera prestación de servicios independientes la que se realiza de manera subordinada mediante el pago de una remuneración, ni los servicios por los que se perciban ingresos que la Ley del Impuesto sobre la Renta asimile a dicha remuneración”.

En fechas recientes el Servicio de Administración Tributaria ha venido recaracterizando servicios de subcontratación laboral o outsourcing como casos de auténtica subordinación laboral, esgrimiendo como fundamento para ello, no solo el artículo 15-A de la LFT ya citado, sino también el penúltimo párrafo del artículo 14 de la LIVA. Es decir, a pesar de que existe un contrato de servicios personales independientes entre empresas, considera la autoridad fiscal que hay un pago de remuneración por una actividad que se realiza de manera subordinada. Consecuentemente, ha venido rechazando el IVA que fue trasladado por el contratista y acreditado por el contratante.

Empero, si la relación entre contratista y contratante es de dos personas morales, resulta cuestionable que se afirme la existencia de una subordinación y más aún, del pago de una remuneración, ya que entre ellas simplemente ocurre una contraprestación por la prestación de servicios independientes, derivada de lo expresamente pactado en el contrato respectivo.

Hacer referencia a subordinación es aludir a vínculos existentes entre un patrón ya sea persona física o moral con respecto a un trabajador que siempre y por su naturaleza debe ser una persona física. Luego entonces, la subordinación no puede ocurrir entre personas morales.

A este respecto, el 15 de julio de 2016, el Pleno en Materia Administrativa del Tercer Circuito, del Poder Judicial de la Federación, publicó en el Semanario Judicial de la Federación la Tesis de Jurisprudencia No. PC.III.A. J/18 A (10a.) intitulada: “Prestación de servicios independientes. para determinar si la subcontratación de personal actualiza o no el supuesto excluyente de esa figura, gravada por el IVA, previsto en el penúltimo párrafo del artículo 14 de la ley relativa, es necesario acudir al numeral 15-a de la ley federal del trabajo. Dicha tesis, de observancia obligatoria sólo para el Tercer Circuito, es de especial relevancia ya que se determinó que: “para dilucidar en cada caso concreto si la subcontratación de personal encuadra o no en ese supuesto, no sólo resulta permisible, sino incluso necesario, acudir el artículo 15-A de la LFT, ya que éste fija ciertas condicionantes sin las cuales ese tipo de contratos implica la existencia de una verdadera subordinación del trabajador hacia el contratante, lo cual no puede desconocerse para efectos fiscales”.

Fincando además a los contribuyentes que soliciten devoluciones en materia del IVA, la carga de la prueba, de que se cumplan los requisitos del artículo 15-A a fin de que se esté ante la presencia de auténticos servicios independientes o subcontratación conocida como outsourcing.

Asimismo, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Adminsitrativa del Tercer Circuito, emitió la Tesis No. III.5o.A.15 A (10a.) intitulada: “Valor agregado. La subcontratación laboral derivada de un contrato de prestación de servicios no está gravada por el impuesto relativo”. En el citado precedente, dicho Tribunal determinó que aún y cuando se traten de actividades derivadas de un contrato de prestación de servicios celebrado entre dos personas morales, existen casos en los que un trabajador se puede encontrar bajo una doble subordinación, por lo que pueden haber erogaciones con apariencia de una contraprestación contractual que en realidad correspondan a una labor subordinada que no debe de ser gravada con el IVA.

Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al resolver el recurso de revisión fiscal No. 61/2015 expresó en su sentencia que: “la prestación de servicios de manera subordinada mediante el pago de una remuneración y sus asimilados, a que se refiere [el penúltimo párrafo del artículo 14 de la LIVA], únicamente puede ser llevada a cabo por personas físicas (…) lo que corrobora el incorrecto proceder de la autoridad fiscal al pretender que lo dispuesto en el artículo 14, penúltimo párrafo, de la LIVA se actualice respecto de comprobantes fiscales expedidos por una persona moral”.

El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito consideró la existencia de una posible contradicción de criterios respecto a lo resuelto por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Adminsitrativa del Tercer Circuito, solicitando a nuestro máximo tribunal de justicia se pronunciara sobre este asunto. Específicamente sobre si la prestación de servicios de manera subordinada a que se refiere el penúltimo párrafo del artículo 14 de la LIVA puede ser llevada al cabo por personas morales o únicamente por personas físicas. Como consecuencia de lo anterior, con fecha 5 de octubre de 2016, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad como inexistente la contradicción de tesis denunciada No. 202/2016, por lo que aún queda pendiente dilucidar el fondo del asunto.

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Derivado de lo anterior, aún subsisten varias preguntas pendientes de resolver en el sentido del alcance de las facultades materiales de las autoridades fiscales para evaluar y, en su caso, reclasificar para efectos fiscales conforme a la legislación laboral, los servicios independientes prestados entre personas morales; la pretendida aplicabilidad del penúltimo párrafo del artículo 14 de la LIVA para servicios independientes prestados entre personas morales; y la supuesta exigencia de requisitos establecidos en la LFT para la procedencia de la devolución de contribuciones, entre otras.

A mayor abundamiento, según la exposición de motivos, la LFT fue reformada en 2012 para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de los patrones, específicamente en materia del derecho del trabajo, e incluso, en materia de Seguridad Social, tal y como lo dispone el último párrafo del artículo 15-A de la LFT. Sin embargo, la actuación de la autoridad fiscal, como se ha podido observar, pretende dar un alcance mayor al que originalmente se quiso imprimir según los textos de los artículos laborales reformados.

Es de fundamental importancia para los contribuyentes que se aclaren éstos puntos, puesto que las implicaciones fiscales derivadas de una posible reclasificación de los servicios prestados pueden llegar a afectar tanto al contratante como al contratista, no sólo en materia del IVA sino incluso en materia del Impuesto Sobre la Renta.

Lic. Juan de la Cruz Higuera Arias

Socio Director de JCH Abogados

info@jch-abogados.com

LL.M. Adriana Higuera Ornelas

Asociado Senior de JCH Abogados

info@jch-abogados.com

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