Seminario Político

El difícil proceso de construcción de una fiscalía autónoma

El difícil proceso de construcción de una fiscalía autónoma
agosto 17
2018

En el marco de la reforma política emanada del Pacto por México, se combinó la conversión de la Procuraduría General de la República (PGR) en una Fiscalía General autónoma y, por tanto, no subordinada a las necesidades políticas del Jefe del Ejecutivo. De acuerdo con lo mandatado por dicha reforma constitucional, el siguiente paso era la promulgación de una Ley Orgánica de la Fiscalía que definiera las normas bajo las cuales debía operar la nueva institución.

En 2014, la Cámara de Diputados elaboró la mencionada Ley Orgánica. Sin embargo, su trámite legislativo fue detenido en el Senado, en virtud de diversas razones de fondo y de coyuntura. En efecto, la Ley aprobada por los diputados no satisfacía los requerimientos normativos de una institución que debería ser la expresión de una transformación sustantiva de la procuración de justicia; de hecho, dejaba intactos muchos de los vicios que han impedido el funcionamiento eficaz de la actual PGR.

Desde un punto de vista coyuntural, la reforma establecía que el primer titular de la Fiscalía, cuyo encargo duraría nueve años, debía ser el procurador en funciones. Pero la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa pasó la factura al procurador Jesús Murillo Karam, cuyo desgaste lo hizo en la práctica inelegible como primer fiscal autónomo.

El proceso se detuvo: la Ley Orgánica seguía pendiente, al tiempo que el Presidente Peña no pareció interesado que la nueva procuradora (Arely Gómez) se convirtiese en la titular de la Fiscalía. No obstante, el nombramiento de Raúl Cervantes al frente de la PGR encendió las señales de alerta. La cercanía del nuevo procurador con la presidencia, en el marco de diversos escándalos de corrupción, dio pie a que se viera en el nombramiento de Cervantes un intento de garantizar la impunidad de los miembros de la cuestionada administración peñista. Fue así que algunas organizaciones ciudadanas enarbolaron las banderas de una “Fiscalía que sirva” y la del rechazo al “Fiscal carnal”. Estas banderas fueron adoptadas por la oposición.

Como respuesta, el Presidente Peña envió en noviembre de ese año una iniciativa dirigida a anular el llamado “pase automático”, de tal suerte que Raúl Cervantes no se convertiría en el primer Fiscal General. En paralelo, las organizaciones de la sociedad civil subrayaron la necesidad de que, previamente a una nueva Ley Orgánica y al nombramiento del Fiscal, se reformase el artículo 102 de la Constitución con el fin de blindar la autonomía del Fiscal General y de asegurar que la Ley Orgánica no implicase la transformación cosmética de la PGR. De nueva cuenta, esta demanda fue adoptada por la oposición en el Congreso.

Dados estos antecedentes, cabe preguntarse acerca de las implicaciones del contundente triunfo electoral de MORENA en el proceso de construcción de la Fiscalía General y de designación de su primer titular.

A este respecto, lo primero a tomar en cuenta es que, después de casi dos años, la iniciativa que elimina el pase automático cumplió su trámite legislativo al haberse completado la aprobación de la reforma constitucional por parte de 17 congresos locales. Ello no significa que el camino para la entrada en vigor de la Fiscalía se haya allanado. Antes de que eso ocurra es necesario que el Congreso haga la declaratoria de constitucionalidad de la iniciativa del Presidente Peña (la cual ya tuvo lugar el pasado 15 de agosto) y se apruebe la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.

Así las cosas, resulta extraño que el presidente electo haya anunciado un supuesto acuerdo con el actual gobierno en torno a las ternas que deberán enviarse al Senado para proceder al nombramiento del Fiscal General, así como de los fiscales Anticorrupción y Especializado en Delitos Electorales. Desde un punto de vista legal, el anuncio es precipitado debido a que la Fiscalía General aún no existe, ya que, como se mencionó, es necesario que previamente se apruebe la Ley Orgánica.

¿Qué es lo que entonces procede? En primer lugar, debe aprobarse la Ley Orgánica. En segundo lugar, una mayoría calificada del Senado debe elaborar una lista de 10 candidatos y enviarla al presidente en funciones para que, a su vez, envíe una terna al Senado para que éste, por mayoría calificada, proceda al nombramiento del Fiscal.

Por lo pronto, algunas organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y el equipo de transición están ya trabajando en la Ley Orgánica de la Fiscalía. La idea es tenerla lista antes del 1 de septiembre para que la nueva Legislatura la discuta y el próximo gobierno federal cuente con ella desde su arranque. Llama, sin embargo, la atención que la reforma al artículo 102, que incluiría salvaguardas a la autonomía de la institución y cambios estructurales en su organización y su funcionamiento, no se esté incluyendo, a pesar de que ha sido una bandera emblemática de la sociedad civil. Al parecer, se busca acordar lo que hoy es posible pactar: una Ley Orgánica que permita la transición hacia la Fiscalía y la designación del Fiscal General y, después, evaluar la conveniencia de la reforma del 102.

Este cambio de postura está en sintonía con las intenciones de próximo gobierno, renuente a la reforma que blinde la autonomía de la nueva institución. Como lo ha expresado Ricardo Monreal, próximo coordinador del grupo de MORENA en el Senado, no está en la agenda de la bancada reformar el artículo 102.

En este sentido, resulta válido especular que el aparente apresuramiento de López Obrador al presentar la terna de la que deberá salir el primer Fiscal General define una clara línea a seguir. Una vez cumplidos los requisitos legales para la creación de la Fiscalía, el Senado, con amplia mayoría de MORENA, integrará una lista de diez personas, entre las que deberán estar los tres favoritos de López Obrador (Eva Verónica de Gyves Zárate, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Bernardo Bátiz); esta lista se enviará el Presidente Peña quien, en conformidad con lo pactado, enviará una terna en la que deberá incluirse al menos uno de los tres integrantes de la terna del presidente electo. Acto seguido, Ricardo Monreal, en su calidad de presidente de la mesa directiva del Senado, actuaría para cumplir la instrucción de nombrar al favorito del próximo presidente.

La gran interrogante es si no estamos frente a un gran acto de simulación orientado a que, en los hechos, López Obrador cuente con un “fiscal carnal” que asegure la continuación de la injerencia presidencial sobre la procuración de justicia. En las redes sociales, los más fieles seguidores del tabasqueño justifican este proceder argumentando que, de otra forma, la mafia del poder podría manipular a un fiscal supuestamente autónomo para fraguar la caída del próximo gobierno.

Independientemente de la cuestionable validez de esta justificación, dos cosas son ciertas. La primera es que el país necesita un nuevo esquema de procuración de justicia y un requisito indispensable para ello es que, junto con un cambio de fondo en la estructura y operación de la Fiscalía, ésta sea autónoma e imponga un límite a las pretensiones de intervención de cualquier presidente. La segunda es que con esta manera de proceder López Obrador nos muestra una vez más que la esencia de su proyecto político consiste en la concentración del poder y que, para tal efecto, es necesaria una presidencia poderosa con el menor número posible de contrapesos.

 

Lic. Pedro Javier González G.
Director de Seminario Político
pj1999glez@gmail.com

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