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El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI

El desafío de la corrupción para el Estado de Derecho Mexicano ante la evaluación de GAFI
enero 17
13:53 2018

Ante la reciente publicación del Informe de Evaluación Mutua para México[1] por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), diversos temas son los que han generado polémicas, sobresaltos y discusiones entre los gremios de Contadores y Abogados, por lo que en los siguientes días mucho se hablará de los puntos que dicho informe aborda.

Ahora bien, dentro de dicho Informe existe la mención de una acción prioritaria, la cual señala que se debe “Mejorar la comprensión de las IF y Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) (particularmente los notarios, abogados y contadores) en relación con los riesgos de LA generados por la corrupción y su capacidad de gestionar dichos riesgos, incluso mediante: (i) la profundización del análisis de corrupción como una amenaza de LA en la ENR…” es justo de esta mención en la cual surge el cuestionamiento respecto de ¿Cómo se protege el Estado de Derecho[2] ante la corrupción? Ya que como observamos el GAFI establece la necesidad de profundizar el análisis de la corrupción y corregir este punto ante la creciente relación de conducta con el Lavado de Dinero.

Si bien, la corrupción siempre ha existido en mayor o menor medida, erradicarla cada vez parece un tema más complejo, sin embargo se busca cada día avanzar en su lucha contra ella para con ello generar una reducción significativa, es claro que la forma mas viable para proteger al Estado de esta conducta es con medidas éticas. La prevención, control y transparencia también juegan un papel fundamental en su lucha, por lo que contar con la sanción penal y/o administrativa ante la misma, ya que este es el último nivel de protección del Estado de Derecho, para con estas herramientas se pueda lograr una intervención mínima de afectación.

Por lo anterior, es que la acción prioritaria del GAFI tiene una gran relevancia, si bien se refiere a determinados profesionistas por lo menos en la parte transcrita, también es cierto que a lo largo del documento se hacen diversas menciones de la falta de aceptación por parte de las autoridades de la asimilación y mitigación del fenómeno de la corrupción.

Cada día nos enteramos de casos de corrupción en los diversos niveles de gobierno, así como en los delitos que conjugan el cuarteto delictivo por excelencia, como lo son: la corrupción, la defraudación fiscal, el lavado de dinero y la delincuencia organizada, los cuales como refiere el informe deben ser abordados en el marco legislativo Mexicano para su persecución debida, puntos en los que el sistema ha fallado según se refiere.

Se debe comprender que estas estructuras criminales se encuentran debidamente organizadas, por lo que socaban los pilares del Estado de Derecho y con ello la democracia al afectar las estructuras que conforman dicho Estado. Tampoco es el hilo negro el saber que a mayor cargo público sometido a la corrupción es mayor la afectación del Estado, llegando a generar con ella la contaminación de la actuación de la administración pública que queda a merced de la voluntad de las personas que corrompen a la administración y la someten a su poder sin que los ciudadanos puedan expresarse en las instituciones y sujetándose a las decisiones democráticas.

La contaminación de la administración pública en actos de corrupción es el sometimiento del interés particular de un reducido núcleo de personas en lugar de la voluntad democrática de los ciudadanos, esto genera la perdida de recursos públicos, bien por no ingresarlos a las arcas públicas que simplemente son esquilmadas o por realización de contratos y adjudicación en perjuicio de la misma administración.

Por lo que estamos en un momento crucial, ya que por una parte tenemos una evaluación que nos indica la necesidad de profundizar el análisis de la corrupción, la importancia de su lucha contra ella y otros delitos por parte del Estado Mexicano y, por otro lado para dar cumplimiento al mandato del GAFI, el Estado Mexicano tiene un panorama complejo ya que se ha provocado una disminución severa de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, dañando el Estado de Derecho, produciendo una situación de apatía política y escepticismo democrático.

Adicionalmente, se debe atender a la aplicación de penas ante las conductas delictivas de la corrupción y las que la circundan, pero más allá, la búsqueda de penas a los sujetos activos del delito sea cumplidas y que, con ello se genere confianza en la norma y en el sistema judicial. Se debe entender que no debe ser el propio derecho penal el marco preventivo del Estado como se tiene idea, es a través de normas distintas donde se debe encontrar la prevención ya que el Derecho Penal es el marco sancionador, es decir, el último recurso del Poder Judicial ante la violación de conductas previas.

En definitiva, resulta necesario explorar nuevas soluciones que, dentro del respeto de la legalidad y los derechos fundamentales, permitan combatir estos fenómenos defendiendo a las sociedades y a los ciudadanos de las conductas, incluso aquellos que han sido elegidos para velar por el bien común en pro del Estado de Derecho.

[1] Grupo de Acción Financiera Internacional. (2018). Medidas Antilavado y contra la financiación del terrorismo México “Informe de Evaluación Mutua”.

[2] “Por estado de derecho se entiende básicamente, aquel Estado cuyos diversos órganos e individuos miembros se encuentran regidos por el derecho y sometidos al mismo; esto es, Estado de derecho alude a aquel Estado cuyo poder y actividad están regulados y controlados por el derecho …” Instituto de Investigaciones Jurídicas. (2011). Diccionario Jurídico Mexicano. México: Porrúa.

L.D. y M.D.F. CARLOS ALBERTO PÉREZ MACÍAS

Director Jurídico “PÉREZ MACEDO” S.C.

Integrante de la Comisión de PLD del Colegio

cperez@perezmacedo.com

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